Ecologistas en Acción concede los premios Atila a la Junta y homenajea a Jesús Gómez, a título póstumo

En el Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción ha hecho públicos sus premios Atila 2015, un reconocimiento en clave crítica que señalan a personas y organismos que han destacado “ por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992, tienen dos categorías denominadas “Atila” y “Caballo de Atila”. Tras valorar las diferentes propuestas recibidas, el Jurado ha decidido que los siguientes candidatos son los mayores merecedores del reconocimiento: Premio “Atila-2015”: Gobierno de Extremadura, y muy especialmente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, y a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.

A la hora de exp0licar las razones de tal galardón, Ecologistas explica : “Por su denodado esfuerzo durante los últimos meses, previos al fin de su legislatura, por arrasar prácticamente con toda la normativa relativa al medio ambiente que pueda suponer algún obstáculo a los intereses de lucro desbocados de ciertos propietarios/as y empresas promotoras. Entre sus méritos más destacables está aprobada en el mes la creación de la Ley de Protección Ambiental, de abril, que deroga la anterior Ley de Prevención y Calidad Ambiental Autonómica de 2010 que ya redujo exigencias ambientales, para ahondar aún más en este error. La Ley no contempla ninguna medida de protección del medio ambiente, sino que se trata de una Ley de plazos administrativos que persigue únicamente eliminar barreras ambientales para favorecer la implantación de actividades industriales sin la debida ordenación ambiental, eliminando el régimen de distancias a núcleos poblacionales, sustituyendo criterios ambientales objetivos por criterios absolutamente subjetivos, y descartando las sinergias e incompatibilidades entre actividades. Pero el capítulo más grave es, sin duda, la eliminación de los procesos de información pública a la hora de realizar la tramitación de proyectos en la mayoría de los casos, prescindiendo de la publicación en el DOE y en la página web. Todo ello se traduce en un grave perjuicio para la participación pública y para el derecho de la ciudadanía de conocer de antemano las empresas contaminantes que se quieren instalar en su territorio, vulnerando la Ley 27 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y, por tanto, lo disciplinado por las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE. Por otro lado, no recoge la obligatoriedad ambiental de ordenación de actividades dentro de los Polígonos Industriales, así como el emplazamiento del propio Polígono y su afección al conjunto total o parcial de la población, y suprime la necesidad de que en el expediente administrativo conste un informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento del territorio donde se pretendan ubicar las instalaciones. Por otro lado, se ha valorado también como mérito destacable la modificación de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, realizada el pasado mes de marzo mediante un proceso extraordinario que desregula el suelo no urbanizable y perjudica el interés general y el medio ambiente, beneficiando exclusivamente a propietarios/as y promotoras. Las modificaciones planteadas se centran en reducir las restricciones y controles sobre el suelo no urbanizable, de forma que podrán realizarse casi cualquier tipo de construcción y actividad aunque no estén vinculadas a la naturaleza de esta clase de suelo, lo que conlleva un enorme retroceso en la ordenación territorial extremeña que devuelve a la región a la situación del ”todo urbanizable“ que introdujo la Ley estatal de 1998.

Caballo de Atila

También en el equipo del Gobex ha recaído el accésit “Caballo de Atila”, concretamente a la dirección general de regadíos. Estos son los motivos que lo justifican, según Ecologistas:

“Por autorizar la construcción de una concentración parcelaria de 2.000 m2 en Bohonal de Ibor, afectando  muy negativamente  a una Zona de Alto Valor Natural de la ZEPA ”Embalse de Valdecañas“. Unas obras sin justificación, con un elevado coste medioambiental, que han conllevado unos sobredimensionados movimientos de tierra y costes económicos (casi 1,5 millones de euros). Frente a las declaraciones interesadas que afirman que, desde que se ha construido el Complejo Marina Isla de Valdecañas, la naturaleza está más protegida y vigilada, esta concentración parcelaria demuestra la realidad: que se está tratando a toda costa de evitar el derribo de la urbanización ilegal. La concentración parcelaria de Bohonal de Ibor ha desgarrado cerros  de berrocales adehesados, bien conservados y con importantes yacimientos arqueológicos de primer orden, datados en el Neolítico y en el Calcolítico, Se han realizado pistas de 12 m de ancho, con desmontes salvajes en trinchera, cortando incontables encinas centenarias y causando un gran impacto paisajístico. Estas pistas ponen en riesgo el rico Patrimonio arqueológico y facilitan el acceso de vehículos y personas a una zona ornitológica muy sensible a las molestias humanas. Además, se ha creado un efecto llamada y se está impulsando otra concentración parcelaria  en la otra orilla del embalse, en el pueblo de Valdehuncar, donde el desastre ambiental y arqueológico puede ser aún mayor.  El Jurado expresa su esperanza en que la concesión de estos premios llame a la reflexión a los premiados sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta”.

Homenaje a Jesús Gómez

En sentido diametralmente opuesto, Ecologistas concede cada año un reconocimiento positivo y en esta ocasión el Jurado ha decidido que éste sea, a título póstumo, para Jesús Gómez Romero, miembro de Ecologistas en Acción recientemente fallecido.

“ Jesús era un destacado activista en la lucha ecologista en Extremadura y militó en muchos frentes, tanto a nivel local como regional: luchó contra la minería de uranio y contra las centrales nucleares, contra los residuos radiactivos, los residuos sólidos urbanos y contra todo lo que perjudicara el medio ambiente. Fue presidente de la Plataforma Antinuclear Lobo G, desde la que luchó contra la mina de uranio de La Haba. Fue el promotor de la Plataforma contra los residuos sólidos urbanos, pertenecía a la Plataforma Antinuclear Cerrar Almaraz y al Foro Extremeño Antinuclear, así como a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Y en los últimos años fue el coordinador y portavoz del grupo de Ecologistas en Acción de La Serena-Vegas Altas. Aparte de todo ello, en el plano social fue el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villanueva de la Serena, así como vice-presidente del Foro Social Villanueva. También, en el terreno político, militó en Los Verdes y fue miembro activo del 15M, simpatizante de PODEMOS, Equo e IU Extremadura. Su muerte es una pérdida para todo el movimiento ecologista y social, por lo que queremos honrarle con este modesto premio, que será entregado a sus familiares durante el homenaje que realizaremos a toda su trayectoria el día 5 de junio a las 19 h, en la Casa de la Cultura de Villanueva de la Serena, su pueblo natal”.