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EXTREMADURA

Hay 203 viviendas sociales vacías pero 181 están en proceso de adjudicación

En proyecto la apertura de 24 oficinas de intermediación bancaria, para ayudar a las familias con problemas de hipoteca

Algunas viviendas están ocupadas ilegalmente para usarlas como perreras

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La Junta propone al Gobierno rehabilitar 684 viviendas públicas en la provincia con una inversión de 7 millones

La Administración autonómica extremeña dispone de 203 viviendas sociales vacantes pero 181 están en proceso de adjudicación y hay otro grupo que no pueden entregarse a familias porque no hay dinero para arreglarlas. Entre éstas últimas algunas estaban ilegalmente y usadas como perreras, ha revelado la directora general de Arquitectura, Ángeles López.

El grupo parlamentario Podemos ha preguntado este miércoles en una comisión de políticas sociales, en la Asamblea de Extremadura, por las viviendas vacías y que se pueden entregar a familias sin casa.

Son 203 las vacantes en la región de las que 5 están en Mérida, una en Badajoz y otras 111 en el resto de la provincia; en la de Cáceres hay en total 86, de las que 32 son en la capital cacereña y 12 en Plasencia.

Además hay otras 38 en Badajoz, Cáceres y Mérida que necesitan reformas antes de poder ser entregadas pero que se agotó el presupuesto para ello y la Junta hace lo que puede con modificaciones de crédito y derivando a esto el dinero de otras partidas.

Leyes y dinero

La nueva política social de vivienda se basa en Extremadura según la directora general en a su vez nueva normativa legal, y en disponer de un presupuesto para las medidas. En lo primero la Ley de Emergencia Social de la Vivienda está “a punto” de ser enviada al DOE para exposición pública, y el decreto ley contra la exclusión social se ha aprobado en Consejo de Gobierno e igualmente “a punto mandarse” al Consejo Consultivo; en borrador, esperando a ese decreto ley, está por otro lado el que cambia el sistema de adjudicación de viviendas sociales y acaba con los sorteos.

En cuanto al presupuesto, en el tumbado por PP, Podemos y Ciudadanos iban según la directora general Ángeles López tres medidas muy importantes; primero el programa de intermediación bancaria, 24 oficinas dependientes de cuatro en las grandes ciudades, con un abogado y trabajador social en cada una para asesorar gratis a las familias con problemas de hipoteca. “Lo llevábamos en el programa de la anterior legislatura, lo apoyó IU pero el Gobex no lo hizo”.

Estaba además el observatorio de la vivienda, y en tercer lugar el acondicionamiento de viviendas ilegalmente ocupadas, muchas como perreras, con un millón de euros. “No sé cómo ustedes les van a explicar a sus votantes, a sus seguidores”, se dirigió López al diputado de Podemos Daniel Hierro, “que han boicoteado el presupuesto de 2016 cuando había esas medidas, reflexionen por favor”.

Hierro urge a la Junta que “de una vez por todas” apruebe la ley de emergencia social de la vivienda, ya que hay mucha necesidad como demuestra que la semana pasada se suspendió un juicio en Almendralejo, contra varias familias que ocupan La Corrala.

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