Extremadura declara su rebeldía a la LOMCE incorporando Educación para la Ciudadanía y recortando en Religión
La Ley Wert ha recibido críticas muy duras desde la comunidad educativa y desde la propia Junta, aunque con la llegada del Ejecutivo socialista el currículum no se había visto sometido a cambios.
Aunque Extremadura era una de las rebeldes con la LOMCE no se ejecutaron modificaciones porque el currículum de este curso ya estaba cerrado cuando llegó el nuevo gobierno de la Junta. Una semana después de perder las elecciones el PP sacó vía decreto el currículum a aplicar en Secundaria y Bachillerato. Critica la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, que era un decreto muchos más restrictivo que la propia LOMCE, incrementándose la religión en algunos niveles a dos horas, cuando la ley marca una.
De momento sigue siendo un borrador, pero la Consejería de Educación plantea hacer recortes para Religión, hasta situarse en el mismo nivel lectivo que las regiones que son competencia directa del Gobierno, Ceuta y Melilla.
Los nuevos itinerarios
Los nuevos itinerarios aportan más protagonismo a la Filosofía, una materia en la que habrá importantes contrataciones. Así Historia de la Filosofía vuelve a ser un a materia obligatoria en todas las modalidades de 2º de Bachillerato, donde además se incorpora una nueva asignatura.
También se recupera Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos como materia de libre configuración autonómica en Secundaria, salvo los casos excepcionales en los que se hará refuerzo de lengua o matemáticas.
Una de las cuestiones que destaca la consejera es el impulso a la autonomía pedagógica de los centros, que podrán ofrecer una materia propia, junto a una mayor atención a la diversidad, y un aumento de itinerarios más flexibles de elección y combinación de materias. También al plurilingüismo, con la incorporación de la segunda lengua extranjera como materia obligatoria. Además se facilita a los alumnos y alumnas que simultanean estudios de bachillerato con el conservatorio que convaliden asignaturas.
Un borrador de consenso
Esther Gutiérrez subraya que es un borrador de consenso, de manera que espera que se apruebe en la mesa técnica sin mayores incidentes teniendo en cuenta que ha sido consensuado por toda la comunidad educativa, recibiendo más de 700 aportaciones de sindicatos, asociaciones de padres o de la Facultad de Formación del Profesorado.
Se han incorporado hasta el 90 por ciento de estas aportaciones, quedando como resultado un decreto consensuado a diferencia del aprobado una semana más tarde de las elecciones autonómicas por Monago sin consultar a la comunidad educativa, según ha criticado.
A los profesores de religión y su recogida de firmas en Change.org les traslada, en primer lugar, que lo que se hace es volver a la situación anterior a la que estaba la religión. También que el PP le ha otorgado un “trato especial” en Extremadura a la hora de aplicar la LOMCE, mientras que hubo asignaturas como las de Filosofía en la que los docentes vieron mermada su situación. Insiste en que no se suprime religión, sino que se reduce, aplicando otros criterios pedagógicos.
El futuro de la reválida
El Ejecutivo reclama una vez más al PP que convoque la conferencia de Educación para dilucidar el futuro de la reválida externa en Primaria prevista según la Ley Wert en junio. Apunta la Junta que el Ejecutivo de Rajoy, en los territorios en los que tiene competencias --Ceuta y Melilla-- plantea una prueba con recursos internos, no una externa como plantea la LOMCE.
En caso de que el Ejecutivo central no convoque esa conferencia, hay 13 comunidades que se auto-convocarán para decidir juntas el futuro de la reválida.
El gasto de la prueba de la reválida de sexto de Primaria, que afecta a unos 10.400 alumnos, supondría un gasto de 100.000 euros al tener que emplear evaluadores externos y se tendrían que implicar “600 docentes”, según las estimaciones de la Junta que recoge la agencia Efe.
Aquí la Junta critica que se trata de unas pruebas externalizadas del sistema educativo, pero también el hecho de que puede establecerse una especie de “ranking” entre centros educativos. En este sentido, ha pedido al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que no tenga “miedo” a las comunidades autónomas y convoque con urgencia la Conferencia Sectorial para analizar éste y otros asuntos de relevancia, para poder fijar “un criterio único”.
