La Xunta se opone por primera vez en 20 años a que la oposición impulse una ley en el Parlamento
En otoño de 2014 el Parlamento de Galicia dio luz verde a una propuesta poco habitual. Por iniciativa del PSdeG el legislativo aprobaba una proposición no de ley para reclamar el cumplimiento de la nueva ley de los medios públicos de comunicación audiovisual, la norma que había sustituido en 2011 a la ley de creación de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) con un calendario de aplicación que entonces ya se incumplía en diversos puntos. Más de dos años después, el pasado abril, el portavoz de los socialistas en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, instaba al presidente de la Xunta a promover el cumplimiento de las partes de la ley que todavía no se aplican. El debate se saldó con una exigencia de “disculpas” de Alberto Núñez Feijóo a Leiceaga y, por parte del PSdeG, con la presentación de una proposición de ley al respecto que, más allá de su contenido, ha dado lugar a una circunstancia que el Parlamento no vivía desde los tiempos de Manuel Fraga. Por primera vez en más de dos décadas el Gobierno gallego se opone formalmente a que la oposición impulse una ley en el Parlamento.
El artículo 123 del Reglamento parlamentario estipula, dentro del apartado que regula la presentación de proposiciones de ley, que cuando una de estas iniciativas llega a la Cámara, la Mesa le remite el texto a la Xunta para que “manifieste su criterio sobre la toma en consideración”, así como “su conformidad o no a la tramitación” si el texto supone incremento de los gastos o disminución de los ingresos -precepto semejante al vigente en el Congreso y en el que, por ejemplo, el gabinete de Rajoy se apoyó para vetar la ley del traspaso de la AP-9 a Galicia-. La Xunta no tiene el deber de pronunciarse y, de hecho, la mayoría de las veces no lo hace. Pero ahora sí lo ha hecho, en sentido negativo, algo que no sucedía desde la segunda legislatura con Manuel Fraga en la presidencia. Concretamente, desde el 2 de noviembre de 1995, cuando el entonces conselleiro de la Presidencia, Dositeo Rodríguez, se opuso a una ley para la creación de consorcios de transportes que firmaba el entonces portavoz socialista, Miguel Cortizo.
Fue el pasado 8 de mayo cuando Leiceaga concretó por escrito la reclamación que, sin éxito, había formulado días antes ante Feijóo. El texto pretende, fundamentalmente, poner plazos concretos a la tareas pendientes en los medios públicos, como la aprobación de un contrato programa y del Estatuto Profesional de su personal, así como la regulación de una autoridad audiovisual independiente, además de la derogación de la reforma sobre la elección de la dirección general aprobada por la Xunta y el PP junto a los presupuestos de 2016.
Al día siguiente el Parlamento notificó al Gobierno, como corresponde, la presentación de la iniciativa, y el pasado 29 de mayo el Ejecutivo registró en el Parlamento su criterio. En una breve respuesta firmada por la Secretaria General de Medios, Mar Sánchez, el Gobierno manifiesta su “criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley” porque, indica, “esa iniciativa no mejora en absoluto la ley vigente”. La proposición de los socialistas, especifica, “simplemente establece plazos para el desarrollo de determinados aspectos de la ley actual”, apartados que “precisan de sus propios tiempos, como así lo ha puesto de manifiesto la experiencia desde la entrada en vigor de la ley”, concluye el texto, que se opone a la toma en consideración pero no se pronuncia sobre la tramitación por motivos presupuestarios, ya que la propuesta no tiene componente económico.
Más rigidez que con el bipartito o con Fraga
El gabinete de Feijóo emite de este modo su primer dictamen negativo a la toma en consideración en una ley desde el retorno de los conservadores al poder en la primavera de 2009. En sus dos primeras legislaturas el Ejecutivo registró un total de 11 de estos criterios formales, todos ellos positivos. Durante el pasado período legislativo (2012-2016) la Xunta fijó criterio sobre 7 proposiciones de ley, todas planteadas por el PP. En la legislatura de 2009 a 2012 fueron 4 los informes como estos, también afirmativos y, paradójicamente, dos de ellos se referían, como el de ahora, a los medios públicos. Se trataban, precisamente, de la proposición de reforma de la ley de la CRTVG defendida por el BNG y del texto registrado conjuntamente por socialistas y populares, el que el PSdeG reclama sin éxito que se cumpla. Los otros dos textos eran propuestas del PP.
En la legislatura del bipartito la Cámara tramitó hasta 19 proposiciones de ley y el Gobierno de PSdeG y BNG emitió su criterio positivo sobre dos ellas, ambas firmadas por los todos los grupos para modificar aspectos del derecho civil gallego. En las tres legislaturas anteriores, con mayorías absolutas de Fraga -la base de datos del Parlamento solo ofrece información al respecto desde 1993-, la Xunta emitió su criterio formal sobre 7 proposiciones de ley, 5 de ellas de la oposición, y solo se opuso a dicha propuesta del PSdeG sobre transporte. Incluso en un caso, el de una proposición de Anxo Guerreiro (IU-EG) sobre incentivos a la reducción de jornadas laborales presentada en 1998, el Ejecutivo de Fraga expresó diversos reparos por la gran repercusión económica que implicaría la medida, si bien indicó que no era “contraria a su toma en consideración ni a su tramitación”.
Este dictamen de la Xunta contrario a la toma en consideración de la proposición de ley no impide, a priori, que sea tramitada, pero sí es un gesto político de relevancia que anticipa cuál será la posición del PP en la propia Cámara. A juicio de Leiceaga los conservadores van a tener la “oportunidad de retratarse” y “decir si comparten el criterio del Gobierno en contra de la ley que ellos mismos apoyaron en 2011. Para el portavoz socialista la recepción de este escrito contrario a la toma en consideración de la ley es ”una sorpresa“, por tratarse de una operación muy poco frecuente en el Parlamento de Galicia, pero también una constatación de que en el Ejecutivo sigue sin haber ”ninguna intención de cumplir“ la ley que, desde su punto de vista, de aplicarse íntegramente ”garantizaría la pluralidad y objetividad“ de los medios públicos.
