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Díaz Tezanos: "Las soluciones mágicas del PP contra los derribos eran ilegales"

La vicepresidenta estima que las sentencias de derribo podrían suponer entre 300 y 400 millones de gasto para las arcas de Cantabria

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AMPL Díaz Tezanos: Las "soluciones mágicas" del PP contra los derribos eran "ilegales"

Eva Díaz Tezanos y Juan José Sota durante la rueda de prensa.

La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Urbanismo, Eva Díaz Tezanos, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la figura de las autorizaciones provisionales evidencia que las "soluciones mágicas" del PP contra los derribos eran "ilegales" y "han saltado por los aires".

Una sentencia que, según ha advertido, va a suponer para Cantabria "un coste económico y un gasto tremendo en un momento especialmente complicado para la comunidad autónoma y con muchos problemas" a los que hacer frente, ha destacado la vicepresidenta, quien ha señalado que las sentencias de derribo podrían suponer entre 300 y 400 millones de euros.

"Ahora al Gobierno le toca soportar las consecuencias de las soluciones mágicas del PP, que han sido un rotundo fracaso", ha dicho. Díaz Tezanos ha garantizado que el Gobierno va a estar con las familias afectadas, que son "víctimas inocentes de sentencias que amenezan su patrimonio", y también va a estar a lo que dispongan los tribunales y va a acatar cualquier sentencia, porque "nosotros sí que respetamos la independencia judicial y siempre hemos defendido que las sentencias se tienen que cumplir", ha dicho.

Por ello, ha anunciado que el Gobierno se reunirá con AMA, asociación que aglutina a los afectados por las sentencias de derribo, para "pactar y consensuar" los pasos a seguir -en principio la próxima semana después del puente-; y también pedirá una reunión al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, para trasladarle la "máxima colaboración" del Gobierno, que "quiere hacer las cosas de otra manera, quiere hacer las cosas bien", ha dicho.

La vicepresidenta ha señalado que el Gobierno va a hacer una valoración de las viviendas afectadas para garantizar a las familias el valor de su patrimonio.

Díaz Tezanos ha recalcado que el Ejecutivo tiene que decidir "a nivel interno" los pasos a seguir; ha recordado que el presupuesto de 2016 incluye una partida de carácter ampliable para derribos (1,3 millones); y ha explicado que hasta ahora el trabajo de su departamento se había centrado en impulsar los expedientes de daños morales a los afectados, que el anterior Gobierno había "paralizado".

Díaz Tezanos ha explicado que el Ejecutivo está estudiando "en profundidad" la sentencia del TC, que "crea jurisprudencia" y por tanto, afecta a todas las autorizaciones provisionales que se aprobaron en la anterior legislatura para evitar derribos.

Preguntada sobre el caso concreto de las viviendas de El Cuco, la vicepresidenta ha explicado que el Gobierno está trabajando con el Ayuntamiento de Piélagos para "intentar dar solución y respuesta" a la sentencia de derribo. Ha explicado que en este caso la responsabilidad es del Ayuntamiento pero el Gobierno puede adelantar la ejecución siempre y cuando el convenio entre las dos administraciones incluya cláusulas que garanticen la devolución.

"Confirma la posición del PSOE"

La también secretaria general del PSC-PSOE ha reiterado, como ya hiciera este jueves, que la sentencia del TC "confirma la posición" que mantuvieron los socialistas desde que el Gobierno del PP planteó la figura de las autorizaciones provisionales, que se aprobó en el Parlamento "por mayoría, no por unanimidad", ha recalcado.

Díaz Tezanos ha señalado que el PSOE se abstuvo por la "poca confianza" que le inspiraba esta figura, en la que los servicios jurídicos del partido vieron "un alto riesgo de inconstitucionalidad".

Ha añadido que el PSOE advirtió de que este vía "no sería pacífica" y que generaría "más conflictos que soluciones, como así ha sido", ha dicho. Díaz Tezanos ha recordado que los socialistas presentaron enmiendas parciales a la reforma de la Ley del Suelo que introdujo la figura de las autorizaciones provisionales para "aportar seguridad jurídica, que es lo que necesitan los afectados y la sociedad, pero el PP las rechazó con su mayoría absoluta".

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