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Cantabria, Andalucía, C-La Mancha y C.Valenciana amenazan con recurrir al Supremo la "reválida" de 6º de Primaria

El sindicato de profesores de la concertada y privada FSIE ha impugnado el texto ante el Alto tribunal

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La Junta de Andalucía, la de Castilla-La Mancha, la Generalitat Valenciana y Cantabria han anunciado su intención de recurrir al Tribunal Supremo el real decreto que regula el desarrollo de la evaluación final de 6º de Primaria de la LOMCE, que se realizará por primera vez este curso 2015-2016, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de noviembre y publicado una semana después en el BOE.

Estas tres comunidades rechazan el planteamiento de esta "reválida" y denuncian que el Ministerio de Educación la haya aprobado "sin el consenso necesario", tal y como quedó reflejado, según explican, en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado mes de agosto, en la que se opusieron al desarrollo de este decreto "doce comunidades autónomas".

Dudan de que estas pruebas estatales y estandarizadas sirvan para valorar el logro de los objetivos educativos de Primaria al realizarse sobre dos de las siete competencias básicas establecidas para esta etapa educativa ni ayuden a la detección temprana de problemas de aprendizaje. Asimismo, se oponen a que se hagan ránkings de centros con los resultados de la evaluación.

Andalucía ha sido la primera en anunciar este martes 15 de diciembre la posibilidad de iniciar este proceso judicial, no sin antes presentar un requerimiento formal ante el Ministerio de Educación para que retire el mencionado decreto. Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Cantabria han anunciado su disposición a recurrir ante el Supremo este miércoles.

SIN FINANCIACIÓN ESTATAL NI RESPETO COMPETENCIAL

Según el Ejecutivo andaluz, el texto presenta "graves defectos" en su proceso de tramitación y de consulta a las comunidades autónomas y advierte de que el modelo de "reválida" recogido en el decreto va a "provocar incertidumbre, inquietud y tensión" al alumnado, familias y profesorado, además de afectar "negativamente" al normal desarrollo del calendario escolar por su "complejidad organizativa" y un coste económico "sin financiación estatal".

"Es una medida que adoptarán todas las comunidades autónomas que lo consideren y podemos asegurar que no seremos los únicos", auguran desde el Gobierno valenciano, que advierten también de que la norma ministerial no respeta las competencias autonómicas en materia educativa ni reconoce los contextos específicos de los centros educativos ni su autonomía pedagógica.

Desde la Junta de Castilla-la Mancha señalan que si bien han querido "evitar este momento electoralista", sin embargo, creen que deben intentar parar este decreto para que "no se materialice" este curso escolar. "La evaluación tiene que ser de mejora, continua, global, y orientadora y este decreto no cumple ninguno de estos cuatro supuestos", apostillan.

El Gobierno de Cantabria advierte de que estas pruebas suponen un "cuestionamiento de la profesionalidad" del profesorado de esta etapa e "incluso" de los equipos directivos de los equipos directivos de los centros escolares y de la inspección de educación, pues el decreto establece que se recurra a profesorado externo para el desarrollo de la prueba, tal y como denuncian varios sindicatos de enseñanza.

DOCENTES DE LA CONCERTADA "EXCLUIDOS"

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en el ámbito de la enseñanza privada y concertada, ha presentado el preceptivo anuncio de impugnación ante el Alto tribunal del texto que regula esta evaluación, cuyo artículo 7 establece que el encargado de aplicar y corregir las pruebas será el profesorado funcionario del sistema educativo español.

A juicio de esta organización, el texto da un trato legislativo "discriminatorio" a los profesores de la privada y concertada en favor de los funcionarios, que además de aplicar y corregir la prueba, se encargarán, según el decreto, de la realización, seguimiento y supervisión de la evaluación.

"Este decreto supone un incumplimiento de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo (LOMCE), donde se establece que las pruebas finales externas serán aplicadas y calificadas por profesorado del sistema educativo español externo al centro", indica FSIE en un comunicado, en el que recuerda también que la ley "deja claro" que el sistema educativo español "está formado por todos los profesionales tanto del sector público como privado".

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