Funcionarios de prisiones denuncian que hay un trabajador por cada 70 internos

En Cantabria se registraron un total de doce agresiones a trabajadores penitenciarios entre los años 2011 y 2015, periodo en el que en toda España se contabilizaron 360.

Así lo han dado a conocer este martes desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de las Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato mayoritario en el sector de prisiones, con motivo del inicio de la campaña de donación de sangre bajo el lema 'Cada agresión una donación', con la que pretenden poner en conocimiento de la sociedad los problemas del colectivo.

Esta campaña tiene como objetivo conseguir realizar tantas donaciones como agresiones han sufrido los trabajadores de este sector en 2016 en todo el país, las citadas 360, aunque finalmente la cifra superará las 400.

Según ha explicado el delegado de Acaip en Cantabria, Juan José Cabrera, que ha acudido a donar sangre al Hospital Marqués de Valdecilla junto a otros representantes del sindicato, en el sector penitenciario hay “un déficit de personal del 15 por ciento, y faltan por tanto 3.500 funcionarios de los 24.000 que deberían ser. Actualmente, ha añadido, ”hay una ratio de un funcionario por cada 70 internos“.

Cabrera ha indicado que los trabajadores penitenciarios realizan “funciones mucho más allá de las de custodia y retención. Nosotros desarrollamos, como dice la Constitución, una labor de reeducación y reinserción social” y “es imposible desarrollar esta función” con esa ratio.

El motivo de su situación, ha dicho, es “el inmovilismo y la falta de dialogo social” de su secretario general, Ángel Yuste, y su grupo de gestores, que les está llevando a una “situación crítica y de colapso”. Así, ha denunciado la “irresponsabilidad” de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, así como del Ministerio de Interior “que no pone solución a esta situación”.

Con estos argumentos, el sector solicita “una oferta de empleo público adecuada y suficiente para ir reponiendo en los próximos años estas 3.500 vacantes”. A su vez, pretenden que se les considere agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

En la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha explicado Cabrera, se incluyó como agentes de la autoridad a colectivos como profesores de instituto, maestros o personal sanitario. De este modo, cualquier tipo de agresión, amenaza o intento de agresión que se realice contra ellos en el ejercicio de sus funciones será considerada como delito.

“Nosotros no gozamos de esa cualidad, entonces lo que estamos reclamando es un protocolo de agresiones adecuado que nos incluya con esta calidad”, ha continuado el delegado de Acaip.

En este sentido, ha argumentado que los trabajadores no tienen armas ni “nada que ver con los guardias de prisiones de las películas americanas, nosotros tenemos un bolígrafo y nuestra labor es intentar recuperar para la sociedad a los internos que albergan las cárceles”.

Además de poner en conocimiento de la sociedad las quejas de los trabajadores, esta iniciativa pretende “concienciar a la sociedad de la importancia de donar sangre” dado que en Cantabria ha habido un “ligero descenso en las donaciones”.

Acaip ha hecho coincidir esta campaña solidaria que ha comenzado este lunes, 28 de agosto, y se prolongará hasta el 1 de septiembre, con la operación retorno de vacaciones, que es cuando se producen más accidentes, y el inicio del mes de septiembre, fecha en la que se recupera el ritmo de las operaciones programadas y, por tanto, aumenta la necesidad de sangre en los hospitales.

Vigilancia

El miembro de Acaip ha declarado que en Cantabria se produjeron 12 agresiones a trabajadores penitenciarios entre 2011 y 2015.

Según Cabrera, el problema de los centros penitenciarios de la región “radica fundamentalmente en el área de vigilancia”. Por ejemplo, El Dueso, que según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) debería contar con 140 funcionarios en vigilancia, tiene 105.

Por otro lado, el Centro de Inserción Social de Santander, que alberga 100 internos en régimen de semilibertad, debería tener 20 trabajadores en el área de vigilancia y “actualmente hay 15, de los cuales 10 ya pueden pasar a segunda actividad -lo que supone dejar el puesto de vigilancia y pasar a oficinas por haber desarrollado más de 25 o 30 años de servicio, según el puesto”.

Otro problema que ha destacado es el de la media de edad de los funcionarios, que se sitúa en torno a los 51 años -una de las más altas de España- y “no se cubren las jubilaciones, las defunciones ni el paso a segunda actividad”, ha concluido el delegado del sindicato.

Cabrera ha manifestado para finalizar que, desde la protesta frente a la delegación del Gobierno en Cantabria aún están a la espera de “que haya algún tipo de respuesta”, ya que los responsables mantienen su “inmovilismo y silencio”. “Actualmente hemos pedido dialogo social”, aunque “seguimos sin recibir ningún tipo de solución”.

A lo largo del mes de septiembre, habrá una manifestación de los delegados y una movilización en la que acamparán en Madrid.