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Finaliza la demolición de las viviendas ilegales del Alto del Cuco

El Gobierno de Cantabria trabaja ya en el proyecto de restauración ambiental destinado a rehabilitar el aspecto original de la ladera afectada

La ejecución de la sentencia en lo referido a la demolición ha supuesto un gasto de 935.000 euros y ha contado con un plazo de ejecución de seis meses

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Finaliza la demolición de las viviendas ilegales del Alto del Cuco

Las viviendas ilegales del Alto del Cuco ya han sido derribadas por completo.

El Gobierno de Cantabria ha finalizado la fase de demolición de las viviendas ilegales construidas en el Alto del Cuco, en Piélagos, y trabaja ya en el proyecto de restauración ambiental destinado a rehabilitar el aspecto original de la ladera afectada.

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha visitado este lunes la primera fase del proyecto de regeneración ambiental y paisajística de la zona, consistente en la demolición de las viviendas ilegales. La ejecución de la sentencia en lo referido a la demolición ha supuesto un gasto de 935.000 euros y ha contado con un plazo de ejecución de seis meses.

Díaz Tezanos y su equipo han inspeccionado los resultados de los trabajos que se ha prolongado tres semanas más del plazo inicialmente previsto, con el fin de abordar el cierre perimetral de la zona, una mejora que no estaba contemplada en el proyecto original.

El Gobierno de Cantabria ya trabaja en la elaboración del proyecto de la segunda fase de la ejecución de la sentencia, destinada a la restauración y rehabilitación ambiental de esta zona.

Díaz Tezanos ha señalado que desde su departamento se está reajustando el proyecto inicial con el fin de que el resultado final sea "lo más parecido posible a la situación de esta ladera antes de la ejecución de las obras ilegales urbanísticamente".

La vicepresidenta ha señalado que para abordar este proyecto se han mantenido conversaciones con los representantes de ARCA, a quienes se ha trasladado la intención del Ejecutivo acometer esa segunda fase, que es "decisiva para que los terrenos recuperen el aspecto más naturalizado posible", una propuesta que ha contado con la aprobación de la asociación ecologista.

Según ha señalado Díaz Tezanos, el objetivo es que esta segunda fase esté "lo antes posible definida para que se pueda acometer también lo antes posible".

En el acto ha estado acompañada por los directores generales de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel Ángel Palacio y Francisco González Buendía, respectivamente, así como la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, y diversos miembros de la Corporación local, además de responsables de la empresa pública TRAGSA, encargada de la demolición y restauración ambiental.

La vicepresidenta ha recordado que en esta zona estaba proyectada la construcción de 400 viviendas de diversa tipología y que, en agosto de 2016, comenzó el derribo de las 214 que se ejecutaron antes de la sentencia firme de derribo.

En este sentido, ha señalado que a su llegada al Ejecutivo, en verano de 2015, el equipo de Gobierno se encontró "un proyecto inejecutado por falta de voluntad política por parte del Gobierno del Partido Popular", por lo que desde la Dirección de Urbanismo se iniciaron los trabajos para ejecutar la sentencia judicial "sin ningún tipo de dilación", máxime al tratarse de una urbanización en la que no había terceros afectados ni adquirientes de buena fe que estuvieran residiendo en la misma, y al considerar que la misma no iba a tener encaje en futuros planeamientos.

"Estamos regularizando una situación ilegal urbanísticamente cuyo responsable fue la anterior Corporación del PP y en la que no se había ejecutado una restauración porque no había una voluntad política, algo que sin embargo este Gobierno tiene", ha precisado.

Para llevar a cabo esta actuación la vicepresidenta ha considerado como "elemento determinante" el papel del Ayuntamiento de Piélagos y su alcaldesa, ya que desde el principio han tenido "la clara voluntad política de dar ejecución a esta sentencia de demolición" para lo que ambas instituciones han trabajado "estrecha y coordinadamente".

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos firmaron un convenio por el que el Ejecutivo adelantaba los 3,7 millones de euros que eran necesarios para ejecutar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo y el Consistorio reintegraría la totalidad de esa cantidad a lo largo de 10 años, con un interés del 1% a partir de 2017.

La alcaldesa ha coincidido en que "había una sentencia y había que hacer frente a ella" y por eso nada más llegar al Gobierno "nos pusimos a trabajar conjuntamente". Ha señalado que desde el Consistorio ya se ha hecho frente al pago del importe adeudado correspondiente al primer año y ha asegurado que gracias a este convenio se han enfrentado "al mejor de los escenarios posibles", ya que sin el convenio sería el Ayuntamiento el que tendrían que hacer frente a los gastos en solitario.

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