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El Gobierno ha abonado 2,15 millones a afectados por derribos en lo que va de legislatura
La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, ha dado estos datos en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, donde ha comparecido este viernes para presentar los presupuestos de su consejería para 2017, que incluyen una partida de 1.592.382 euros “para seguir atendiendo la problemática de los derribos”, un 22,5% más que la de 2016.
Díaz Tezanos ha destacado que se trata de una partida ampliable, de modo que “si fuera necesario se proveería de más fondos”. La vicepresidenta ha destacado que con las partidas habilitadas en el presupuesto desde el comienzo de la legislatura “se ha podido atender la práctica totalidad de los daños morales reclamados de modo amistoso y sin necesidad de que los afectados tuvieran que acudir a los Juzgados y Tribunales para su reclamación”.
Según ha dicho, se han atendido 178 reclamaciones de las 184 presentadas, cinco han sido desestimadas y una está en estudio. A la vez, ha subrayado que para la Dirección General de Urbanismo, “la cuestión prioritaria es avanzar en la tramitación de los planes generales por si con su aprobación definitiva, como ha ocurrido con el caso de Miengo, se evitan los derribos que siempre ha sido el objetivo prioritario de los afectados”.
Díaz Tezanos ha afirmado que “hay que ponerse en la piel” de las personas que llevan soportando 20 años esta problemática, que a la vez supone “un importante problema económico” al que Cantabria tiene que dar respuesta en el futuro.
La vicepresidenta ha reiterado que el origen de las viviendas con sentencia de derribo “fue una política urbanística de alcaldes del PP” y que el Gobierno actual (PRC-PSOE) que “en año y medio ha hecho mucho más” de lo que se ha hecho en años anteriores. Así, ha señalado que “hemos pagado más en daños morales que de 2008 a 2015, y eso es así porque hay voluntad política”.
La también secretaria general del PSOE ha añadido que el Gobierno del PP “pintaba partidas pero no las ejecutaba por no había voluntad política, y para cobrar esas cantidades se hacía a los afectados ir a los tribunales”.
En todo caso, ha dicho que lo fundamental ahora es “dar seguridad jurídica” y evitar como en anteriores ocasiones “atajos, prisas y leyes improvisadas”. Una seguridad jurídica que en su opinión vendrá de la mano de la futura Ley del Suelo, que sustituirá a la de 2001.
