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El Gobierno acepta la propuesta de AMA y cifra en 65 millones las indemnizaciones por derribos

La asociación advierte que "el principal escollo" para dar una solución definitiva al problema de los derribos es económico

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El Gobierno acepta la propuesta de AMA y cifra en 65 millones las indemnizaciones por derribos

El Gobierno y AMA han acordado desarrollar la propuesta de la asociación como base para dar una solución definitiva dentro de la presente legislatura al problema de los derribos. Según informa AMA, el Gobierno ha valorado en 65 millones las indemnizaciones para hacer frente a las responsabilidades de las administraciones públicas por las sentencias de derribo, sin tener en cuenta el suelo.

Dada la importante cantidad, se están realizando gestiones por parte del Gobierno de Cantabria para intentar lograr un crédito extraordinario del Gobierno central que pueda cubrir esta contingencia, según ha informado en un comunicado la asociación que aglutina a los afectados por sentencias de derribo.

AMA ha advertido que "el principal escollo" para dar una solución definitiva al problema de los derribos es el aspecto económico. "Por mucho que digamos que tenemos un buen proyecto, si no hay presupuesto y financiación para el mismo, podemos estar vendiendo humo y haciendo crecer ilusiones con pies de barro; después de tantos años, ni los afectados, ni los ciudadanos nos merecemos esa situación", ha apostillado.

Para llegar a esa solución definitiva, Gobierno y AMA han acordado tomar como medio un acuerdo extrajudicial siguiendo el ejemplo de los convenios entre afectados y Gobierno de Cantabria, así como en el tema de los daños morales, según ha informado AMA.

De esta forma, en la presente legislatura los afectados por los derribos tendrán la posibilidad de aplicar los convenios ya firmados con el Gobierno de Cantabria, y poder realizar las opciones que en los mismos se especifican: regulación de las viviendas cuando sea posible según la legislación vigente; viviendas de sustitución de las mismas características dentro del mismo municipio; e indemnización según valor de mercado de las mismas.

En el supuesto de que se vuelva a construir en el mismo lugar donde se derriben las viviendas, se concederá al afectado una vivienda de sustitución de las mismas características. El Gobierno de Cantabria facilitará todos los acuerdos y convenios a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, para que tengan información completa de la situación de cada vivienda y los acuerdos entre afectados y las administraciones.

La reunión se ha celebrado este jueves en la sede del Gobierno y han participado la vicepresidenta y consejera de Urbanismo, Eva Díaz Tezanos, el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, y el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, así como miembros de sus equipos.

Por parte de AMA han estado presentes su presidente, Antonio Vilela, el vicepresidente, Ciriaco García, y los portavoces José Manuel Olaiz, María Ángeles Santiago y Koldo Talavera.

La asociación AMA realizará gestiones siguiendo el criterio de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, que recomendaba al Reino de España una solución para los afectados, y la protección de su derecho de propiedad, para que el Gobierno central vea el grave daño causado a cientos de familias, y la necesidad de la financiación mediante el citado crédito extraordinario.

Por otra parte, el Gobierno de Cantabria ha abierto una partida presupuestaria, que será ampliable según las responsabilidades exigidas por la Justicia en caso de tener que asumir las responsabilidades a las que ha sido condenada como consecuencia de la sentencias de derribo.

Desde AMA se ha pedido la mayor celeridad posible en la aprobación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU), ya que no es de recibo que "llevemos tantos años esperando que los mismos vean la luz, para tener una herramienta que de seguridad jurídica a todos".

El Gobierno de Cantabria ha realizado una descripción de la situación de los PGOUs de los diferentes ayuntamientos afectados por los derribos, y una previsión de la aprobación definitiva de los mismos, con un calendario posible.

Escalante es el Ayuntamiento que tiene más avanzado el mismo, y se espera en un plazo muy corto su aprobación definitiva, en un par de meses, abril o mayo. Dependiendo de la aprobación definitiva del PORN de la Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, el PGOU de Argoños puede estar aprobado en enero de 2018.

Piélagos es el ayuntamiento donde se han presentado más alegaciones al PGOU y tiene una mayor complejidad, pero se espera que también pueda ser aprobado a mediados de 2018.

Arnuero ya tiene aprobado su PGOU y está inmerso en el desarrollo de planes parciales y el cumplimiento del acuerdo para la construcción de las viviendas de sustitución.

Desde AMA se ha manifestado la preocupación por las sentencias de derribo que siguen llegando a los afectados, y por las resoluciones pendientes del Tribunal Supremo, así como la necesidad de dar apoyo a los afectados "con soluciones reales en el menor tiempo posible".

Gobierno y AMA han acordado celebrar una nueva reunión en mayo. Asimismo, AMA iniciará una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para informar de la situación y de las iniciativas aprobadas, así como con ARCA, "en el marco de un entendimiento global, que pueda hacer desaparecer de una vez el grave problema de las sentencias de derribo en la presente legislatura".

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