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Alaya dice que si le afectaran las elecciones no ordenaría pruebas en un año

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Alaya prorroga el secreto de los cursos tras los informes de Intervención

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La juez Mercedes Alaya ha rechazado hoy que le influyan las elecciones para ordenar pruebas, y ha señalado que si eso fuera así tendría que estar un año sin hacerlo porque hay convocados comicios andaluces del 22 de marzo, municipales el 25 de mayo y las elecciones generales serán a finales de 2015.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez responde de esta forma a los exconsejeros y parlamentarios andaluces Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo, imputados en el caso y que pidieron suspender la ratificación de un informe pericial de la Intervención General del Estado que critica la concesión de los ERE, una prueba fijada para el 25 de febrero.

Los exconsejeros señalaban que "el elemental sentido de la prudencia aconseja" no "ordenar de improviso actuaciones demoradas por más de un año, procurando que no se pueda interpretar una decisión judicial como un acto que llegue a influir en el proceso político en curso".

Alaya, por su parte, responde que "se trataría de una interpretación sesgada y alejada de la realidad considerar que la ratificación ordenada, señalada con antelación suficiente para no interferir en el proceso electoral, pueda tener alguna finalidad espuria distinta del cumplimiento de la legalidad".

La instructora recuerda que tras las elecciones autonómicas "se suceden a corto plazo las municipales y posteriormente las elecciones generales".

Por ello, explica que si fuera de la misma opinión que los exconsejeros, "no practicaría prueba alguna en este y en otros procedimientos en el transcurso de un año, porque siempre las mismas podrían justificarse maliciosamente por la existencia de algún evento político o electoral".

Los dos exconsejeros solicitaron que se suspendiera la prueba hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronunciara en el caso, lo que descarta Alaya porque para eso "aún puede quedar cierto tiempo" y además sigue manteniendo la competencia respecto a los 266 imputados que no "gozan del privilegio del aforamiento".

La juez subraya que el hecho de elevar la exposición razonada del caso al TSJA por la presencia de cuatro exconsejeros y parlamentarios, entre ellos Ávila y Martínez Aguayo, no merma "ni un ápice" su competencia en el caso.

Recuerda que solo dejará de tener la competencia si el TSJA la reclama, y agrega que la ratificación es una prueba "especialmente relevante" para los 266 imputados no aforados.

También descarta que la ratificación del informe sea una prueba exclusiva del Tribunal Supremo, al que también remitió la causa por cinco aforados de ámbito nacional, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En este sentido, Alaya asegura que esa prueba es "clave" para "el grueso de los imputados" en la causa.

Tras admitir la personación de Ávila y Martínez Aguayo en la prueba y rechazar que se grabe, la juez reitera que el 30 de septiembre de 2014 la demoró porque había remitido el caso al Supremo.

Una vez que el Supremo asumió las competencias el 13 de noviembre aunque solo respecto a cinco aforados, la instructora asegura que sigue siendo competente con el resto de acusados y ya no existían las razones para retrasar la ratificación del informe.

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