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Burgos rescinde el contrato de las obras que causaron la protesta de Gamonal
El Ayuntamiento de Burgos ha rescindido de manera definitiva el contrato suscrito con Copsa-Aroasa para las obras de construcción del bulevar y el aparcamiento subterráneo de la calle Vitoria, cuyo proyecto generó una fuerte protesta vecinal en el barrio de Gamonal en enero de 2014.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves la rescisión unilateral del contrato, después de que se hayan rechazado los recursos presentados por las empresas contra la decisión municipal. La portavoz del equipo de gobierno, Gema Conde, ha recordado que el Ayuntamiento tendrá que indemnizar a Copsa-Aroasa con 269.000 euros en concepto de beneficio industrial no ingresado.
A raíz de las protestas vecinales y los disturbios que las acompañaron en 2014, el consistorio decidió paralizar temporalmente las obras de construcción del bulevar de la calle Vitoria. La paralización acabó en suspensión parcial del proyecto, y el consistorio encabezado por Javier Lacalle (PP) abandonó la idea del aparcamiento subterráneo y la creación de un bulevar.
Una decisión unilateral que ha obligado a tramitar una rescisión del contrato con Copsa-Aroasa, con el pago de la correspondiente indemnización, ha recordado la concejal de Fomento, Ana Bernabé. Las empresas sí que acometieron obras de menor calado previstas en el proyecto global de intervención para barrio Gamonal, ha explicado Bernabé, pero sus costes ya han sido abonados.
De este modo, la indemnización resarce a las empresas por la parte del proyecto que no se llegó a ejecutar, pagándoles un 6 por ciento del beneficio total que tenían que haber ingresado. Igualmente, se les abonarán otros 5.000 euros en concepto de protocolo de grietas y se les devolverá la garantía depositada a la firma del contrato, ha asegurado Bernabé.
Los servicios económicos del Ayuntamiento se han encargado de calcular la indemnización, tras rechazar la reclamación de 1,6 millones presentada por Copsa-Aroasa. Los técnicos no admitieron la solicitud de 272.000 euros de beneficio no disfrutado por explotación del aparcamiento, ni la petición de 900.000 euros por daños y perjuicios.
Ana Bernabé ha recordado que con la aprobación de la rescisión en la Junta de Gobierno Local se cierra la vía administrativa, aunque a las empresas les queda la denuncia judicial del procedimiento.
