El Congreso pide al Gobierno que solucione la “precariedad” del personal de la AECID

La Comisión de Cooperación Internacional del Congreso ha aprobado este martes, con la abstención del PP, una proposición no de ley (PNL) de Unidos Podemos que llama al Gobierno a “solucionar la precariedad” del personal laboral expatriado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), aunque el texto no recoge expresamente todas las reivindicaciones de estos trabajadores.

El Congreso pide, en concreto, que se establezca “un régimen claro y transparente de rotación, indemnizaciones y tiempos de permanencia en el exterior para los responsables de programas” de la AECID, partiendo de “una clasificación de países que atienda a criterios objetivos de complejidad, riesgo, condiciones de vida y eficiencia en el servicio”. La PNL recuerda que los tribunales tacharon de “abusiva y contraria a la buena fe contractual” la rotación obligatoria de 2013.

En segundo lugar, reclama al Gobierno que ponga en marcha un sistema de promoción profesional basado en “un análisis claro de perfiles de puesto valoración del desempeño, de acuerdo con la normativa vigente”. Por último pide que se armonicen todos los reglamentos administrativos que se aplican al personal, como empleado público, “para funcionar como una sola agencia en una misma administración pública”.

En la exposición de motivos, leída en la comisión por la diputada Ana Terrón, se recuerda que los trabajadores de la AECID no están pidiendo un aumento de sueldo, sino que se les apliquen las mismas medidas compensatorias que tienen los funcionarios desplazados al exterior, porque en la práctica sus salarios están congelados desde 2009 sin que se les haya compensado la inflación de sus países de destino.

También recuerda que desde 2012 todo el personal en el exterior, sin distinción, perdió el derecho que tenía a un billete de avión anual para viajar a España y que, a diferencia de otros colectivos de trabajadores en el extranjero, éste no disfruta de exenciones en el IRPF.

En la comisión también se ha aprobado, con el voto en contra del PP, una PNL que insta al Gobierno a tomar medidas para mejorar todo el sistema de cooperación, incluyendo una hoja de ruta que implique destinar el 0,4 por ciento del PIB a ayuda oficial al desarrollo en 2019, reservando el 10 por ciento acción humanitaria.

Además, reclama un proceso programado de ampliación presupuestaria en la AECID, un documento estratégico sobre cooperación delegada para garantizar sinergias y una estrategia de recursos humanos que incluya un análisis de necesidades y perfiles y aborde la situación laboral de los trabajadores y su rotación y promoción.

AYUDA “SUFICIENTE” A MÉXICO

Por otro lado, el Congreso ha instado al Gobierno a destinar ayuda “suficiente” para paliar los efectos de los terremotos que sufrió México en septiembre y que causaron la muerte de más de 300 personas. El PP ha apoyado la iniciativa pese a reprochar el tono a su proponente.

Y es que el diputado socialista Pablo Bellido ha tachado de “ridícula para un pueblo hermano” la cantidad que, según sus datos, España ha destinado a las víctimas: 100.000 euros a través de Save the Children. El PSOE ha aceptado una enmienda de Unidos Podemos para que la ayuda se destine a proyectos concretos para las comunidades más vulnerables y así hacer más fácil su control. “Son países hermanos pero sabemos los gravísimos problemas de corrupción y clientelismo que tienen, y que nosotros también tenemos”, ha acotado el 'morado' Pedro Arrojo.

Bellido había pedido “ayuda” a los demás grupos para recabar más ayudas, una expresión que Ciudadanos, por boca de Fernando Maura, ha aprovechado para pedir al PSOE que ayude también, pero a aprobar los Presupuestos Generales del Estado: “Los Presupuestos son cosa de todos, y si el PSOE se aviene a trabajar por ellos seguramente entre todos encontraremos una mejor cantidad para la ayuda al desarrollo”.

MINERALES DE CONFLICTO La Comisión también ha aprobado, con el voto en contra del partido del Gobierno y la abstención de Ciudadanos, una propuesta de Compromís para que los contratos públicos de suministro tecnológico incluyan una cláusula contra los minerales de conflicto. El PSOE la ha apoyado pese a que, igual que PP y Ciudadanos, ha criticado su falta de concreción ya que, por ejemplo, no precisa a qué minerales se refiere.

Por último, el Congreso, ha instado al Gobierno, a propuesta del PP, a mejorar la coordinación entre las acciones de seguridad y las de desarrollo en las zonas de conflicto, con la advertencia del PSOE de que hay una “incompatibilidad” entre las operaciones de guerra y las humanitarias y de que debe preservarse la independencia de las organizaciones de ayuda. El texto ha contado finalmente con el voto favorable de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Podemos.