La Diputación de Salamanca tendrá que indemnizar con 265.000 euros de dinero público a tres trabajadores
El control que asumió la Diputación Provincial de la Institución Ferial de Salamanca (Ifesa), tras diversas desavenencias con los empresarios salmantinos, va a resultar oneroso a las arcas públicas. Después de que este ente, dependiente de la institución provincial de Salamanca –presidida por Javier Iglesias (PP), que acaba de ser elegido senador por esta provincia-, pasara a manos exclusivas de la Diputación, se dio la orden de despedir a los tres únicos trabajadores fijos que tenía Ifesa. Tres empleados que llevaban más de 12 años en la Institución Ferial. Los trabajadores, fijos, que llevaban el control de las Ferias Agropecuarias y Agroganaderas que se celebran en Salamanca durante el mes de septiembre. Una institución de la que la Diputación tenía un 25 por ciento, el mismo porcentaje que la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento salmantino.
Hace dos años, en 2013, la Diputación Provincial de Salamanca decide hacerse con el control absoluto de Ifesa y comienza a organizar esas ferias debido, entre otros argumentos, a las fuertes desavenencias, personales y políticas, con los antiguos responsables del empresariado salmantino.
El Juzgado de lo Social salmantino revela, en su sentencia, que “si bien no consta la existencia de un acuerdo o negocio jurídico de transmisión por el cual la Diputación Provincial asumiera la actividad principal de Ifesa, lo cierto es que la Feria Agropecuaria ha pasado a ser organizado por la Diputación Provincial, aunque manteniendo las mismas características y en el mismo recinto, en las mismas fechas y con el bagaje de la organización, clientelea y presencia pública de ediciones anteriores”.
Como consecuencia de ese control, la Diputación Provincial despide a los tres trabajadores fijos que organizaban las ferias. Y ahora, el Juzgado de lo Social número uno de Salamanca ha considerado que los tres despidos fueron improcedentes, por lo que condena a la institución provincial salmantina al pago de algo más de 265.000 euros en concepto de las nóminas no abonadas en los seis primeros meses de 2015 y del salario de tramitación desde la fecha del despido.
Fuentes cercanas a los trabajadores han reconocido que la indemnización total, en la que se incluirían intereses y otras deudas contraídas con los empleados, podría acercarse a los 300.000 euros.
Frente a ello, la Diputación Provincial de Salamanca ha declinado hacer declaraciones. Según la sentencia, el argumento utilizado para el despido fueron “razones económicas y organizativas”. Sin embargo, la sentencia “esa situación no se generó por una causa objetiva de disminución de sus ingresos, sino por la decisión previa de privar a la entidad de la organización y gestión de la Feria Agropecuaria”.
Pero la realidad es que es esta institución provincial, en manos del PP, la que tendrá que hacer frente a esa indemnización, ya que el Juzgado de lo Social considera que el resto de entidades que formaban parte de Ifesa no deben pagar esas cantidades.
“El despido debe ser calificado de improcedente y es la sucesora, en este caso la Diputación Provincial, quien deberá responder de los efectos económicos del despido o en su caso optar por la readmisión al ser quien continúa con la actividad que era el objeto principal de la empresa”, se reconoce en la sentencia a la que ha tenido acceso www.eldiario.es.
En los últimos años, la gestión política de Ifesa ha estado salpicada de polémica. En 2013, el PSOE presentó una querella contra el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y un diputado provincial, Jesús María Ortiz, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por una presunta influencia en la contratación de personal de Ifesa.
Todo surgió al conocerse que se despidió a cinco peones de esta institución y se contrataron a otros, que estaban relacionados, según la querella, con el PP de Salamanca. Sin embargo, fue archivada.
