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Empresa guatemalteca implicada en fraude tributario paga multa millonaria

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La empresa Aceros de Guatemala, involucrada en un fraude tributario estimado en más de 34 millones de dólares, ha pagado una multa millonaria, cuya cuantía no ha sido precisada oficialmente, pero que posiblemente le permitirá dejar de estar intervenida.

La decisión está en manos del Juzgado Séptimo Penal, que decretó su intervención la pasada semana a petición del Ministerio Público (MP-Fiscalía), el cual, tras el pago de la multa, el pasado viernes, apoyará el fin de esta medida precautoria, informó hoy la fiscal general, Thelma Aldana.

De acuerdo con las investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Aceros de Guatemala utilizó una red de corrupción liderada por Omar Franco, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para que se desestimaran tres querellas en contra de la empresa por más de 34 millones de dólares.

La finalidad de la estructura era librar a Aceros de Guatemala del proceso penal y limpiarle el historial ante la SAT para que pudiera hacer efectivos los cobros de devolución del crédito fiscal.

Por este caso fueron detenidas y dejaron en prisión preventiva el pasado 2 de marzo 15 personas, entre ellas Franco y Giovanni Marroquín, ambos acusados también de pertenecer a la trama de corrupción aduanera "La Línea", un caso que mantiene en prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La cuantía pagada a la SAT, la más grande de la historia, no ha sido precisada, aunque corresponde al total del monte defraudado, más una multa equivalente al 100 por ciento del impuesto defraudado y el pago de intereses, lo que se estima en unos 70 millones de dólares.

Este ingreso, que ya ha sido efectuado, permitirá reducir o minimizar la brecha fiscal acumulada en el año: "Es una gran oportunidad para rescatar la SAT", aseguró en conferencia de prensa el titular de la Cicig, Iván Velásquez.

Contra Aceros de Guatemala hay presentadas seis querellas, tres de ellas por un fraude de más de 34 millones de dólares en la simulación de compra de chatarra, y otras tres por un fraude de 1,4 millones de dólares en la importación de chatarra de Honduras.

Ambos casos se encuentran en fase de investigación por dos juzgados distintos, precisó Aldana.

El primero de ellos, que instruye el Juzgado Séptimo Penal, decidió la pasada semana el arraigo de los socios mayoritarios José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdez Gómez, así como del representante legal, Pedro José Paíz Valdez.

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