Erkoreka pide al Gobierno central que “no debería resistirse por más tiempo” a modificar la política penitenciaria

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que el Gobierno central “no debería resisistirse por más tiempo” a interiorizar y a incorporar también al Estado español la doctrina que el Tribunal europeo de Derechos Humanos está estableciendo en relación con el derecho a la vida familiar“ de manera que modifique su actual política penitenciaria.

En una entrevista a Radio Popular Herri Irratia, Erkoreka ha recordado las palabras del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre una posible reforma de la Ley Penitenciaria y ha indicado que, aunque con “cautela”, le pareció advertir que “cabía apreciar una brizna de esperanza” en alguno de sus pronunciamientos, en el sentido de que “un cierto cambio en la política penitenciaria se podría producir, por supuesto, en el marco de la legalidad vigente y exigiendo a los presos un reconocimiento del daño injusto causado y una opción por acogerse individualizamente a los beneficios penitenciarios ordinarios”.

“Es cierto que el Gobierno central tiene que remover obstáculos y mover ficha pero no es menos cierto que los propios presos estan llamados a optar por una dinámica individualizada que no se puede sustituir por iniciativas en grupo”, ha agregado.

Preguntado por si sería también necesaria una reflexión que lleve a reconocer que 'estuvo mal hecho', ha indicado que es “fundamental” porque el reconocimiento del daño causado, “si se hace con absoluta honestidad, desemboca en una posición de principio que tiene que ser que la violencia siempre está de sobra”.

“No es que esté de sobra ahora que tácticamente no nos conviene sino que éticamente y políticamente es algo que esta objetivamente mal y hay que posicionarse abiertamente en contra del uso de la violencia siempre que se pretenda utilizar para la consecución de objetivos políticos. Esto es algo que se tiene que asumir, yo creo que lo uno lleva a lo otro y, si no llegamos a esta conclusión, probablemente el reconocimiento del daño injusto causado no es honesto, no es real, no es sincero”.

Por ello, según ha indicado, es “importante” el seguimiento “individualizado” de cada uno porque “cada persona es cada persona” y “las circunstancias psicológicas en las que se cometió el delito, su evolución personal, sus percepciones, sus emociones, sus sentimientos son indivuduales e intransferibles”. “No se puede pretender que reciban todos un mismo tratamiento penitenciario cuando las evoluciones son individuales”, ha manifestado.

Erkoreka ha manifestado que, por parte de los presos, ha habido muchos pronunciamientos y “hay solicitudes individuales” pero “exactamente iguales unas a otras, una reproducción literal”, lo que “no es asumir la individualización de la responsabilidad criminal de cada uno y la individualización del proceso de reinserción social”. “Eso no es generalizable, cada uno tiene su propio proceso”, ha asegurado.

GOBIERNO CENTRAL

Asimismo, ha señalado, en relación al Gobierno central, que “no debería resisistirse por más tiempo a interiorizar y a incorporar también al Estado español la doctrina que el Tribunal europeo de Derechos Humanos está estableciendo en relación con el derecho a la vida familiar”.

“Dice el Tribunal Constitucional español que lo que la Constitución reconcoce no es el derecho a la vida familiar, el derecho a la compañía de las personas que integran la familia sino el derecho a la intimidad familiar, a crear ese espacio sin interrupciones internas”, ha agregado.

A su juicio, es verdad que “son cosas distintas”, pero ha manifestado que “no es menos verdad” que “la parte relativa a los derechos fundamentales” de la Constitución “debe interpretarse con arreglo a lo que estabalean al respecto los convenios y acuerdos internacionales suscritos sobre la materia”. En este sentido, ha destacado que el Tribunal europeo de Derechos y Humanos esta hablando del derecho a la vida familiar, “lo cual no determina exactamente en que establecimiento pentienciario tiene que estar un presos pero sí obliga a los poderes públicos ”a facilitar las cosas para que ese derecho a la vida familiar no se vea vulnerado abiertamente“.

Según Erkoreka, es algo que “tiene que asumir” el Gobierno central y las autoridades penitenciarias. “Y yo creo que inevitablemente el Tribunal Constitucional cuando se pronuncie el Tribunal europeo de Derechos Humanos también acabará haciendo suyo este planteamiento que, hoy por hoy, solo está en algunos votos particulares de algunos magistrados, que son de quitarse el sombrero de lo bien formulados que están”.

En relación a la decisión sobre el preso Ibon Iparraguirre, enfermo de Sida y con problemas neurológicos, que será trasladado desde la cárcel de Alcalá Meco al centro Aita Menni de Mondragón, en situación de prisión atenuada, ha precisado que, en este caso, ya no se está hablando del derecho a la vida familiar sino de “un elemental sentido humanitario” recogido en el propio reglamento penitenciario.

“Eso está recogido y ha habido casos en los que, inexplicablemente y con un sentido antihumanitario atroz, se ha venido resistiendo el Gobierno central a aplicar. Y, si en este caso, se ha movido ficha y se permite que los sufrimiento o padecimientos graves que estaba sufriendo esta persona y su familia se puedan aliviar de alguna manera, algo hemos contribuido, pero esto debería ser un criterio general”, ha agregado.

Erkoreka ha señalado que, si ETA anunciara su disolución, ello “generaría un escenario distinto” y ha apuntado que “todo parece indicar que se van a dar pasos en este sentido”. “Ojalá se confirme porque no tiene ningún sentido continuar sosteniendo una sigla que ya no tiene ninguna función de ningún tipo desde luego no constructiva ni positiva para la sociedad, sin embargo puede ser un elemento que enturbia o dificulta otras políticas como las penitenciarias”, ha dicho.