Fiscal de Colombia pide tratamiento diferenciado para los militares del conflicto

El fiscal general de Colombia, Luis Eduardo Montealegre, pidió hoy que se ofrezca un “tratamiento diferenciado” a los militares que sean juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado que asola el país desde hace más de 50 años.

“Los militares tienen derecho a entrar en la justicia transicional, y tienen que entrar con condiciones diferenciadas a la de la insurgencia. No se pueden equiparar las conductas de los militares con las conductas de la insurgencia en Colombia”, afirmó Montealegre ante periodistas en Bogotá.

El fiscal general participó, junto con el congresista y expresidente Álvaro Uribe, en la presentación del libro “Corrupción, cohecho y tráfico de influencias en España y Colombia”, obra del polémico abogado colombiano Jaime Lombana.

Al finalizar el acto, Montealegre no dudó en defender ante los medios un “tratamiento diferenciado” para los militares que sean juzgados durante el proceso de justicia transicional, que el Gobierno de Juan Manuel Santos quiere iniciar para implementar el postconflicto, que podría llegar si se concreta la paz con las FARC.

“Los militares también tienen que ser objeto de penas alternativas así hayan cometidos delitos que impliquen 40 o 50 años de prisión por graves violaciones de los derechos humanos”, dijo el funcionario en referencia a otras reducciones de condenas a paramilitares que contribuyeron al proceso de paz.

Desde la justicia colombiana se entiende que existe una contribución si se aporta “conocimiento de la verdad de los hechos” ocurridos en los más de 50 años de conflicto armado, así como la “reparación de las víctimas” de la violencia.

Precisamente con respecto a las víctimas, cuyo apartado están a punto de debatir los negociadores de las FARC y el Gobierno en La Habana, el fiscal general especificó que la mejor forma de hacerles justicia es precisamente este tratamiento “alternativo”.

“La forma de que se haga justicia es que los máximos responsables sean condenados por violaciones a los derechos humanos y que exista, si es posible, unas penas alternativas pero nunca sobre la base de la impunidad”, subrayó Montealegre.

Y aunque se les acuse de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, prosiguió el funcionario, todos los militares deben ser incluidos en esta justicia transicional, en aras de conseguir un proceso “inclusivo”.

Los únicos militares que no deberían ser merecedores de un tratamiento diferenciado, matizó el fiscal, serían los relacionados con el escándalo de los “falsos positivos”, como se llamaron a los miles de civiles asesinados y reportados como guerrilleros muertos en combate durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

Montealegre defendió asimismo la próxima puesta en libertad provisional de los casi 1.000 paramilitares desmovilizados que se comprometieron con el Estado colombiano a cumplir penas de prisión reducidas a cambio de aportar verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto y reparar a las víctimas.