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Galicia fija por ley 60 días de espera para operarse y 45 para una consulta

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Galicia fija por ley 60 días de espera para operarse y 45 para una consulta

Galicia fija por ley 60 días de espera para operarse y 45 para una consulta

El Gobierno gallego ha dado hoy el visto bueno definitivo para remitir al Parlamento el proyecto de ley de garantías sanitarias, que fija un máximo de 60 días de espera para operarse y de 45 días para una consulta con un especialista.

La ley, además, prevé el blindaje por ley de nuevos "derechos" para los ciudadanos, como la libre elección de pediatra, personal de enfermería y hospital de referencia, así como el derecho "con plazos por ley" a obtener una segunda opinión médica.

En este caso, habrá un plazo de diez días para resolver la petición de una segunda opinión médica, y una vez agotado, en un plazo máximo de quince días, se producirá la nueva consulta.

La normativa también incluye una mejora en las instrucciones previas antes de un tratamiento o de una operación, ya que los pacientes podrán comunicarlas al registro gallego de instrucciones previas, en lugar de hacerlo ante un notario o ante tres personas del Servicio Gallego de Salud, como hasta ahora.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico que esta ley corresponde a un "compromiso personal", además de electoral, así como a una política económica "responsable".

"Hay personas que seguimos dedicándonos a la política porque creemos en los servicios públicos", ha señalado el titular de la Xunta, que ha incidido en que "hay que apartar la sanidad de la crisis".

"La crisis no se puede llevar por delante la sanidad pública, sus prestaciones, su nivel de excelencia", ha apuntado Núñez Feijóo, que ha considerado que el objetivo de esta ley es "que la sanidad pública se mantenga intacta a pesar de la disminución de ingresos".

Durante su intervención, ha insistido en que esta ley es posible gracias a una política económica "responsable", en la que había márgenes para mejorar los servicios públicos esenciales y ha indicado que la preocupación por "la solvencia, la eficiencia" y por cumplir el déficit "tienen consecuencias positivas para los ciudadanos".

Respecto a los plazos garantizados de demora máxima para ser operado y atendido, ha explicado que la normativa "blinda el derecho" de los pacientes a ser atendidos "en función de la gravedad y no de los intereses de cada hospital".

Ha indicado que los tiempos máximos de espera deben estar relacionados directamente con la gravedad de la patología del paciente, porque se trata de reducir las listas de espera en función de la gravedad de las patologías y no tanto en el número de personas que integren una lista.

"Que las listas se adecúen a criterios clínicos y no estadísticos", ha resumido, ya que la operación de "cuatro juanetes" o de "diez cataratas" reduce más la lista de espera que una intervención de cáncer, con la que se puede perder una vida.

Los criterios para atender a los pacientes serán fijados por sociedades científicas y se harán públicos y para acceder a una segunda opinión, vendrá detallado en la ley, pero esta opción se aplicará a "patologías complejas", ha indicado.

"Nos sometemos a una presión desde el punto de vista de asistencia sanitaria que nunca había tenido el Servicio Gallego de Salud", ha considerado sobre la implantación de la ley.

Respecto al voto particular en el Consello Económico y Social que pedía más recursos económicos para poner en marcha esta ley, el presidente gallego ha indicado que se trata de los sindicatos, "que tienen todo el derecho", y ha dicho que le sorprende que durante el periodo de información pública no hubieran presentado alegaciones.

"La ley acredita que si hay interés en privatizar la sanidad con esta ley es imposible, porque consolida y mejora la sanidad pública, el derecho a la libre elección de médico, concreta cómo se ejecuta el derecho a una segunda opinión y también los plazos de espera", ha destacado Núñez Feijóo, que ha indicado que la normativa "asume más obligaciones ante ciudadanos que financian la sanidad pública".

"Mayor calidad, deberes a la administración y derechos a los pacientes", ha resumido.

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