Justicia derogará las leyes que vinculan el futuro Registro Civil a los registradores

El Ministerio de Justicia ha anunciado hoy que derogará todas las leyes que se promulgaron esta legislatura para favorecer el traspaso del Registro Civil a los registradores de propiedad y mercantiles.

Fuentes ministeriales han explicado a Efe que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha trasladado la noticia a los representantes de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, STAJ, ELA-STV y CIG que esta mañana han asistido a la mesa sindical del sector.

En la reunión, el ministro ha anunciado que próximamente se procederá a derogar todas las leyes vinculadas al traspaso de la gestión a los registradores.

Se trata del real decreto que otorgaba la llevanza de los registros a los registradores mercantiles, así como la Ley de convalidación del anterior decreto en igual sentido y el papel de notarios y registradores en el proceso de concesión de la nacionalidad a los sefardíes.

Según las fuentes, no tiene sentido seguir adelante con las normas que preparan el terreno a los registradores, cuando se acaba de abrir un proceso de negociación con todas las partes implicadas en busca de “alternativas y soluciones compartidas” para el Registro Civil.

El objetivo es alcanzar “el mayor grado de consenso” en la elaboración de la reforma legislativa que cumpla con el mandato parlamentario de la norma aprobada en 2011 que obliga a la desjudicialización de los registros.

Al respecto, Catalá ha reclamado esta tarde en el Pleno del Senado a los partidos políticos “soluciones y alternativas” para la reforma del Registro Civil, una vez que Justicia anunció el pasado viernes su decisión de revisarla con el objetivo de alcanzar un consenso que cuente con los apoyos necesarios.

Justicia, además, ha renunciado al 15 de julio como la fecha prevista de entrada en vigor de la norma aprobada en 2011, por lo que se introducirá una vacatio legis para ampliar el plazo, aunque antes estudiará la propuesta de los sindicatos que abogan por fijarlo, al menos, hasta julio o diciembre de 2016.

Por su parte, los sindicatos han asegurado que Catalá les ha confirmado el abandono definitivo de la reforma del Registro Civil que encomendaba su cesión a los registradores, según han explicado en varios comunicados.

Todas las organizaciones sindicales han celebrado la decisión del Ministerio de Justicia que atribuyen a la “presión social” fruto de las movilizaciones de los empleados públicos contra lo que han calificado como la “privatización” del Registro Civil.

Han destacado que el ministro haya optado por la senda del “consenso y el diálogo” y han reiterado su apuesta por la modernización del Registro Civil público, gratuito y gestionado por funcionarios públicos.