Lesmes dice a los magistrados del Supremo que pueden pedir amparo por las críticas de Fernández Díaz

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, ha respondido hoy a magistrados de este tribunal que pueden pedir amparo al órgano de gobierno de los jueces si se ven atacados por declaraciones como las del ministro del Interior sobre excarcelaciones de etarras.

Trece magistrados de dicha Sala dirigieron la semana pasada a Carlos Lesmes un escrito en el que pedían que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pusiera coto a declaraciones como las del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Jorge Fernández Díaz señaló en una entrevista publicada por el diario La Razón que le parecían “lamentables” las excarcelaciones de presos de ETA, entre ellos Santi Potros, por parte de la Sección Primera de la Audiencia Nacional.

En su escrito los magistrados firmantes (trece de los dieciocho que conforman la Sala) relataban que el pasado mes de marzo dictaron una sentencia en la que hicieron la aplicación que consideraron procedente de una decisión marco de la Unión Europea “casando una resolución de la Audiencia Nacional y ésta posteriormente actuó en consecuencia y debido acatamiento”.

El escrito fue suscrito por los miembros de la Sala de lo Penal del alto tribunal a excepción de su presidente, Manuel Marchena, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han informado de que Carlos Lesmes ha respondido hoy a Manuel Marchena, en su condición de presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, en relación con la carta que suscribían trece magistrados de la misma en la que expresaban su desazón por las manifestaciones del ministro del Interior.

En su respuesta, Lesmes señala que el pasado día 17 la Comisión Permanente del CGPJ se pronunció sobre una petición de amparo para los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional efectuada por varios vocales de este órgano a raíz de diferentes declaraciones de responsables públicos.

Añade que la Permanente señaló en una declaración pública que sin perjuicio de que toda decisión judicial está sometida a la crítica pública, todos han de asumir un especial deber de favorecer la confianza en el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción que constituye la fuente de legitimidad democrática de jueces y magistrados, respetando la labor jurisdiccional.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ recuerda que la declaración de la comisión añadía que traspasar los límites que comporta el ejercicio de tal deber entraña transmitir a la ciudadanía una imagen distorsionada del principio democrático de separación de poderes, constitutivo del Estado de derecho.

Lesmes indica asimismo que el escrito firmado por trece magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo parece recoger no solo su desazón sino también la inquietud relativa a que su independencia judicial puede verse comprometida por las manifestaciones del ministro.

Concluye que para este supuesto tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el reglamento de la carrera judicial contemplan un cauce específico al objeto de solicitar del CGPJ el amparo de su independencia.