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PP dice que deberían ser los socialistas quienes "paguen de su bolsillo" la indemnización por la paralización del Castor

Los 'populares' rechazan el desmantelamiento preventivo de Castor y retener la compensación hasta que se haga una auditoría

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El diputado del PP Mariano Castejón ha afirmado que deberían ser los socialistas quienes "paguen de su bolsillo" la indemnización a la empresa Escal UGS por la paralización de la actividad del proyecto Castor, de extracción y almacenamiento de gas natural. En este sentido, ha criticado la "incompetencia" del Gobierno socialista al declarar urgente la obra y "blindar" la actividad de la empresa.

El PSPV, por su parte, ha expuesto las responsabilidades de los 'populares' a la hora de dar la licencia de actividad a la planta y que la Generalitat incluyó el proyecto en el Plan Estratégico de Infraestructura "y lo hizo propio".

Así se han pronunciado en el pleno de las Corts, donde el PP ha rechazado la proposición no de ley de Compromís, que quería instar al Gobierno central a desmantelar la plataforma y la totalidad de las instalaciones del proyecto castor como medida preventiva de que no se producirán nuevos terremotos "como consecuencia de su puesta en funcionamiento".

Desde Compromís, el diputado Josep Maria Pañella ha explicado que otro de los puntos que reclamaban era someter el proceso de adjudicación a una auditoría que afecte tanto a la parte técnica de la construcción como a la administrativa de la concesión para "aclarar posibles responsabilidades de la empresa y la administración. Asimismo, exigían retener la compensación de 1.350 euros a la empresa hasta que no esté la auditoría y que la Abogacía de la Generalitat prepare un recurso contra dicha compensación.

El 'popular' Mariano Castejón ha argumentado que los movimientos sísmicos "no respondían a la existencia de la instalación sino a su actividad y gracias al PP no está en funcionamiento". Asimismo, ha justificado que el desmantelamiento "no se haga de manera precipitada" por motivos de seguridad. A su juicio, los socialistas deberían pagar de su bolsillo o pedir perdón a la ciudadanía.

El PP, por su parte, ha presentado una enmienda a la iniciativa, que no ha sido aceptada, por la que se proponía sustituir el texto de Compromís por otro que expresara el apoyo de las Corts a apoyar al Gobierno de España en el acuerdo de paralización definitiva del almacén Castor. Del mismo modo, los 'populares' solicitaban al Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy tenga en cuenta las opiniones de los sectores afectados y se evalúen los costes adicionales que sobre el recibo delgas pueda tener el desmantelamiento de la planta.

Otro de los puntos que proponía el PP instaba al Gobierno de España a estudiar acciones para exigir responsabilidades derivadas de la tramitación, adjudicación, autorización de la concesión a Escal UGS la concesión de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural en la planta Castor; y también dirigirse a Fiscalía para que investigue la comisión de algún tipo de indicio penal por parte de responsables públicos que adoptaron la en la decisión que ha llevado al Tribunal Supremo a motivar una sentencia que obliga a indemnizar a la empresa. Esta enmienda será presentada en pleno como proposición no de ley por parte de los 'populares'.

"INVESTIGAR A PSOE Y A PP"

Pañella ha advertido de que no iban a cambiar su propuesta y ha calificado de "rebajas" los puntos que ha presentado el PP. "Primero reclamemos y luego paguemos porque la empresa puede desaparecer" y "no vamos a permitir cambios en la proposición no de ley", ha remarcado. Asimismo, ha criticado que la intención de los 'populares' es que "se investigue al PSOE", cuando Compromís "quiere que se investigue la gestión de los socialistas pero también la del PP".

Por su parte, la diputada socialista Ana Besalduch, ha defendido el apoyo a esta iniciativa por parte de su grupo. En su intervención ha declarado que no iba a "quitar de la cronología del Castor las decisiones del Gobierno socialista", pero ha criticado que los 'populares' "olvidan" en sus declaraciones que éste es un proyecto "que nació en 1996 y que fue el ministro Soria el que dio licencia de actividad"; también que la Generalitat "lo incluyó en el Plan Estratégico de Infraestructura y lo hizo propio". "Eso lo olvidan en el PP".

Besalduch se ha mostrado de acuerdo con la elaboración de una auditoría del proceso de elaboración y adjudicación del proyecto. "No tenemos miedo. Si alguien ha cometido una negligencia, que pague", ha remarcado.

CONTRATACIÓN DE RECOLECTORES

Por otra parte, el PP ha rechazado una proposición no de ley de EUPV que instaba al Consell a rechazar "por injusta y precarizadora" la contratación de recolectores a través de las empresas de trabajo temporal y a que realizara una comunicación a las empresas citrícolas valencianas informando de la regulación del contrato fijo discontinuo como "el más adecuado para trabajos de temporada que se realizan todos los años".

La diputada de EUPV Esther López ha advertido de que estos trabajadores viven en una situación de "esclavitud". Por parte del PP, la parlamentaria Maritina Hernández ha indicado que la administración competente en este tema es el Gobierno central y está actuando contra "el fraude laboral".

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