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Podemos se compromete a blindar los derechos humanos y medioambientales en la Constitución

Podemos se compromete a blindar los derechos humanos y medioambientales en la Constitución

EUROPA PRESS

MADRID —

Iglesias ha hecho pública la intención de su formación tras reunirse en la sede de Podemos con representantes de Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam con el fin de conocer las peticiones que estas formaciones están haciendo a los distintos partidos políticos para que las incorporen a sus programas electorales para los comicios del próximo 20 de diciembre.

Tras el encuentro, al que ha acudido también el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, Iglesias ha hecho suyas todas las propuestas de estas tres organizaciones que propugnan una reforma del artículo 53 de la Carta Magna destinada a mejorar “las garantías de protección de los derechos humanos” y que incluya otros que hoy no están recogidos en la ley de leyes.

“Nosotros hemos propuesto ya cinco garantías constitucionales: el blindaje constitucional de los derechos sociales al mismo nivel que los derechos civiles y los políticos y vamos a añadir a la garantía constitucional de los derechos sociales también los derechos medioambientales”, ha sentenciado Iglesias.

En este sentido, ha invitado a estas tres ONG a “fiscalizar hasta la última letra” el programa de Podemos y a desvelar también cuáles son las formaciones que han aceptado sus propuesta y cuáles no. Y es que, para Iglesias, “asumir la sensibilidad verde y los derechos humanos no puede ser simplemente una nota de color que se apuntan todos los partidos, sino que implica compromisos programáticos y de reforma en la Constitución”.

Según las promotoras de la campaña 'Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53', este precepto constitucional establece un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos, creando derechos de “primera” y de “segunda”, lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos sin poder reclamar estos derechos ante los tribunales.

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