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Podemos llama al resto de partidos a “revertir” el modelo del CGPJ que instauró Gallardón
El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea han llamado este miércoles al resto de partidos políticos a “revertir” el modelo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que instauró el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y eliminar su configuración “presidencialista”.
La portavoz del grupo parlamentario y 'número dos' de Podemos, Irene Montero; la secretaria de Acción Institucional del partido morado y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo; y el portavoz Unidos Podemos en la Comisión de Justicia, Eduardo Santos han registrado este miércoles una proposición de Ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para derogar las “medidas impuestas por el PP” con su anterior mayoría absoluta.
En rueda de prensa, Santos ha explicado que esta iniciativa parlamentaria se centra en uno de los debates abiertos sobre la independencia del órgano de gobierno de los jueces. Uno de ellos es el relativo al nombramiento de los vocales del CGPJ, sobre el que no entran en fondo del asunto, pues cada grupo parlamentario tiene sus propuestas.
La proposición de Ley de Unidos Podemos pretende “revertir” urgentemente “la situación anterior que es absolutamente insostenible” ha dicho el portavoz de este grupo parlamentario en la Comisión de Justicia. Ha apostillado que la reforma que hizo Ruiz Gallardón del Poder Judicial fue convertirlo en un sistema “presidencialista”.
CONSEJEROS “DE PRIMERA”
Para ello, creó unos consejeros “de primera”, que tienen una dedicación exclusiva en la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y cuyo nombramiento “depende exclusivamente de la Presidencia”, que en la actualidad ostenta Carlos Lesmes.
Como ha hecho Unidos Podemos en numerosas ocasiones anteriores, ha aludido al informe que elabora el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, para afirmar que “el Estado español está incumpliendo lo relativo a fortalecer la independencia judicial”.
Por su parte, Irene Montero ha señalado que la actual configuración del CGPJ cuenta con el “rechazo prácticamente unánime de los profesionales de la justicia” y que, por ello, han registrado esta iniciativa legislativa como “primer paso para encontrar un acuerdo político con el resto de fuerzas políticas que permita hablar del modelo del consejo judicial que queremos”.
En concreto, el grupo confederal pide con esta iniciativa derogar la Ley orgánica 4/2013 de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, con el objetivo de frenar las “injerencias” políticas en el poder judicial y garantizar su independencia.
LA “MAL LLAMADA REFORMA”
El grupo liderado por Pablo Iglesias subraya en la proposición de ley, recogida por Europa Press, que el modelo de Gallaradón ha fracasado por culpa de la “mal llamada 'reforma'”. Añade que con el “actual status quo” del CGPJ, sumándolo a la reprobación del ministro de Justicia y “al último fiscal general del Estado” _fallecido el pasado sábado por una súbita infección renal_ “no es posible avanzar en el consenso para una estrategia consensuada en materia de Justicia”.
“El reparto de poder, la creación de contrapesos y los instrumentos de control democrático son imprescindibles para el buen funcionamiento de cualquier institución pública”, precisa la proposición. Destaca que los criterios de mérito y de capacidad, la igualdad en el acceso a cargos públicos y “la efectiva funcionalidad de la normativa de la igualdad de género han brillado por su ausencia en demasiados casos”.
En este sentido, Unidos Podemos recuerda que la entidad Sigma-Dos constató que tan sólo el 6% de los jueces y magistrados españoles en activo piensa que estos criterios son los aplicados en los nombramientos del CGPJ, y que el 75% cree que actualmente el CGPJ “no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia judicial”.
Entre otras cosas, también señala que el nombramiento del magistrado Ricardo Conde Díez como nuevo promotor de la Acción Disciplinaria es “más alarmante”, pues ejerció como director general de Relaciones con la Administración de Justicia durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro.
