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Roma admite fraude en exenciones por contratación y anuncia castigos severos

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Roma admite fraude en exenciones por contratación y anuncia castigos severos

Roma admite fraude en exenciones por contratación y anuncia castigos severos

El ministro de Trabajo italiano, Giuliano Poletti, dijo hoy que serán "duramente castigadas" las empresas que se hayan beneficiado injustamente de las ventajas fiscales a la contratación de la Reforma Laboral del Gobierno de Matteo Renzi.

"En Italia sucede con mucha frecuencia que haya alguien que se haga el listo con una ley, el Ministerio del Trabajo ya explicó que hay cosas que no se pueden hacer. Luego se llevan a cabo controles y quien se ha equivocado es duramente castigado", declaró.

El ente de la Seguridad Social (INPS, en sus siglas en italiano) ha estimado que alrededor de 100.000 trabajadores contratados en 2015 sobre un total de un millón y medio han generado desgravaciones a empresarios sin tener derecho a ellas.

El texto, aprobado mediante diversos decretos entre 2014 y el año pasado, estipula una serie de exenciones fiscales a las empresas que, entre otras cosas, contraten por tiempo indefinido con el objetivo de promover el empleo estable en el país.

Poletti lamentó los datos revelados por el INPS pero aseguró que "en términos absolutos cambia poco" porque son "millones de personas" las que se han beneficiado debidamente de las exenciones.

El ministro aseguró que la reforma, conocida como "Jobs Act", ha logrado "un grandísimo resultado" al haber generado "400.000 puestos de trabajo estables".

"Nosotros queremos a las empresas, pero solo a aquellas que respetan las reglas", zanjó.

Además, según los datos del INPS, durante el último trienio (2013-2015) los impuestos no pagados por las empresas en materia de contratación equivalen a 600 millones de euros y afecta a un total de 60.000 empresas.

El INPS prevé recuperar 400 millones de euros de subsidios cobrados indebidamente, "sobre todo prestaciones de desempleo", a 50.000 personas en base a contratos de trabajo ficticios.

La entidad alertó de que entre 2014 y 2015 fueron identificadas un total de 700 empresas "fantasma", con 30.000 empleados inexistentes.

El ente estima que en lo que va de año ya se ha detectado la existencia de alrededor de 500 empresas falsas que alegan tener hasta 20.000 con el objetivo de beneficiarse de las prestaciones por desempleo, generando así un daño al erario público de 160 millones de euros.

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