El juez deja en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el archivo del caso Tíbet

El juez Ismael Moreno ha concluido el sumario contra exdirigentes chinos por delitos de genocidio y lesa humanidad en el Tíbet y dejado en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional si archivarlo o plantear un recurso de inconstitucionalidad a la reforma de la justicia universal.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez instructor ha hecho caso al informe de la Fiscalía que le pedía que concluyera el sumario para elevar las actuaciones a la Sala de lo Penal, que decidirá en un pleno si archivarlo o si plantear a las partes la posibilidad de presentar una cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de la justicia universal.

Moreno había planteado al fiscal si cabía o no la aplicación en esta causa de la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la justicia universal y modificó recientemente el Congreso, ya que de ser así supondría el archivo del caso.

La Fiscalía, al igual que hizo en relación al caso Couso -la muerte en Iraq del cámara José Couso en 2003-, optó por pedir que se cerrara el sumario, cosa que ha hecho el juez, y se elevaran las actuaciones a la Sala.

El fiscal reclamó a Moreno que elevase la causa para que la Sala se posicione sobre la disposición transitoria única de la reforma, en la que se ordena el archivo de forma retroactiva de los casos de justicia universal abiertos.

El pasado 10 de febrero, Moreno ordenó la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet.

Tras esta decisión, China expresó en varias ocasiones su “fuerte malestar” y su “firme oposición” a la decisión de la Justicia española y expresó su deseo de que el Gobierno resolviera “de forma apropiada” este asunto.

La querella por el supuesto genocidio en el Tíbet en los años ochenta y los noventa, recayó en 2006 al juez Moreno, quien el 11 de octubre de 2013 la amplió al expresidente chino Hu Jintao.

Otro juez de la Audiencia, Fernando Andreu, y la Fiscalía del alto tribunal mostraron sus dudas sobre la constitucionalidad de la reforma de la justicia universal, mientras que los seis jueces centrales de instrucción tomaron la decisión de dirigirse a las partes para que ellas se posicionen sobre los efectos de la reforma.

Los jueces de la Audiencia Nacional se han rebelado así en contra del archivo automático de las causas a las que afecta la entrada en vigor de la reforma, sobre la que la Fiscalía ya manifestó su discrepancia en una queja que remitió al fiscal general del Estado, al entender que esa reforma limita la investigación de delitos, lo que a su entender podía ser “en cierta medida” inconstitucional.