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AM-El Congreso aprueba la Ley de Seguridad Nacional con los votos de PP, PSOE y UPyD y el 'no' de nacionalistas e IU

EUROPA PRESS

MADRID —

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de Seguridad Nacional con el apoyo del PP, el PSOE y UPyD y el voto en contra de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), los nacionalistas catalanes y vascos y los independentistas de ERC y Amaiur, que han denunciado que esta iniciativa pretende “laminar” las competencias de las comunidades autónomas.

Ahora, y tras la incorporación las últimas enmiendas del PSOE y algunas pactadas con PNV y Convergencia e Unió, la ley se envía al Senado para que continúe allí su tramitación y pueda estar definitivamente aprobada antes de que finalice la legislatura el próximo otoño.

'Populares' y socialistas, que han caminado de la mano en la tramitación de esta ley, han negado que este proyecto tenga el objetivo de quitar competencias a la Administración autonómica y han defendido que la seguridad nacional debe ser “competencia exclusiva” del Estado.

Además, el portavoz del Grupo Socialista, José Enrique Serrano, ha rechazado que este proyecto esté relacionado con la situación en Cataluña, como ha defendido ERC, y ha recordado que comenzó su andadura legislativa en el año 2009.

También lo ha hecho después la portavoz del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, que ha recalcado que esta ley no tiene “nada que ver” con la situación en Cataluña. “No hay la menor alusión en ninguno de los artículos a esta cuestión”, ha insistido, en declaraciones a los periodistas.

ERC CREE QUE EL PP ESTÁ “AFILANDO EL ARMAMENTO JURÍDICO”

El diputado del partido republicano catalán Joan Tardà ha denunciado que este proyecto pretende “aumentar el aparato legislativo del Ejecutivo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Cataluña y que culminará el 27 de septiembre”.

A su juicio, el PP está “lubricando la maquinaria represiva” con esta iniciativa. “Muy mal les veo si sólo son capaces de ir afilando el armamento, el armamento jurídico”, ha recalcado.

Por su parte, el diputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet ha afirmado que este proyecto de ley es “un aviso a navegantes” por parte del PP “con tintes autoritarios” como respuesta a la “crisis económica y política” que vive España.

El Grupo de Convergencia y de Unió y el PNV no han vinculado esta ley al proceso soberanista, pero sí han denunciado que pretende “expropiar” competencias a las comunidades autonómicas. “Es una nueva excusa para laminar y sustraer competencias”, ha denunciado el diputado de Unió Antonio Picó.

Pese a que los nacionalistas vascos y catalanes han sido muy críticos con la ley en la defensa de sus enmiendas, y han votado en contra del dictamen final, sí han apoyado cuatro enmiendas transaccionales pactadas con el PP y con el PSOE.

Según han informado fuentes 'populares', estos cambios pretenden “hacer más explícita la participación y colaboración de las comunidades autónomas en la gestión de estas situaciones de interés” para la seguridad nacional que por primera vez legisla esta ley.

Aunque el partido del Gobierno considera que es “imposible” no tener en cuenta a las comunidades autónomas en estas situaciones, ha convenido que tampoco se puede “dar por supuesto” y han aceptado mencionarlo expresamente en la ley. Todo esto, sin dejar de lado que esta competencia “no es compartida”, sino que corresponde en exclusiva al jefe del Ejecutivo, aunque sea “imprescindible” la colaboración de las comunidades autónomas.

En declaraciones a los periodistas al finalizar la comisión, Rodríguez-Salmones ha insistido en que, al legislar sobre situaciones de interés nacional, el Gobierno no está pensando en la crisis soberanista en Cataluña.

Según ha dicho, aunque en este proyecto de ley no se hace un catálogo de qué circunstancias se exigen para declarar una situación de interés nacional, sí hay referencia expresa en la Estrategia de Seguridad Nacional, donde se especifican los riesgos de los que se habla y no hay “mención ninguna” a coyunturas como la catalana.

Además de las enmiendas pactadas con PNV y Convergencia e Unió, el PP ha apoyado cambios propuestos por el Grupo Socialista, con quien ha pactado también transacciones a otras enmiendas. Según han explicado fuentes socialistas, se ha introducido menciones expresas a que el objeto esencial de la Seguridad Nacional es “proteger la libertad y los derechos de los ciudadanos” y se ha mejorado lo que la ley llama “gestión de crisis”.

En concreto, se ha incluido una mayor concreción de la gestión de los recursos necesarios para hacer frente a las crisis, de manera que, según han indicado fuentes populares, ya no será necesario hacer una ley que se ocupe específicamente de este asunto, como se pretendía en un principio.

Asimismo, fuentes socialistas han explicado que se perfilan mejor los requisitos de la declaración de situación de interés para la seguridad nacional y se extraen del cuerpo de la ley las “confusas referencias” a estados de alarma, excepción y sitio“ y se lleva su tratamiento a una disposición adicional que dice que se regulará por una norma específica.

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