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El juicio de extradición a Troitiño continuará en marzo con nuevas pruebas

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El juicio de extradición a Troitiño continuará el 20 y el 23 de marzo

El juicio de extradición a Troitiño continuará el 20 y el 23 de marzo

El juicio de extradición a España del etarra convicto Antonio Troitiño, requerido por presunta posesión de documentación falsa y pertenencia a ETA, continuará el próximo marzo con la presentación de nuevas pruebas por parte de la defensa.

El juez Howard Riddle, de la Corte de magistrados de Westminster en Londres, dispuso hoy las fechas del 20 y el 23 de marzo para que el abogado defensor, Mark Summers, exponga sus argumentos contra su entrega a la Justicia española, que serán rebatidos por la fiscalía, tras lo cual el magistrado emitirá su dictamen.

Summers adelantó hoy que prevé presentar "nuevas evidencias" de que existe en España una persecución política de su cliente, para quien éste es el tercer juicio de extradición que afronta en el Reino Unido.

Troitiño, que está en libertad bajo fianza y que compareció hoy con barba y jersey de lana azul, fue detenido por tercera vez en Londres el 11 de diciembre al amparo de una nueva orden de detención emitida por la Audiencia Nacional española, que corregía otra anterior por los mismos cargos.

Los defectos en esa euroorden previa llevaron a que el pasado 17 de octubre la jueza Emma Arbuthnot, del mismo tribunal londinense, denegara la entrega a España, lo que puso fin al segundo juicio de extradición.

Summers dijo hoy que, en este tercer proceso, volverá a citar para declarar al abogado español especializado en terrorismo Jacobo Tejeiro y al periodista irlandés Paddy Woodworth, experto en el País Vasco, que ya testificaron en el segundo juicio con la intención de demostrar que el Gobierno español alienta la "ingeniería jurídica" contra los etarras.

Durante la audiencia de hoy, la defensa y el fiscal, Ben Lloyd -en representación de la Justicia española-, se centraron en debatir un complejo punto legal sobre el que también tendrá que pronunciarse el juez.

La ley británica de extradición fue enmendada el pasado julio de forma que ahora no se puede extraditar a personas que no hayan sido acusadas formalmente o que no estén llamadas a juicio, salvo que el "único impedimento" para que no se hayan dado estos requisitos (cargos o juicio) sea su ausencia física.

Lloyd argumentó hoy que Troitiño ha sido acusado y que "la única razón" por la que no hay fecha de juicio es "porque el proceso español requiere su presencia física".

Summers replicó por su parte que los documentos presentados por la Audiencia Nacional sugieren que "la investigación del caso está en curso", por lo que su cliente no puede haber sido formalmente imputado o citado a juicio.

También aseguró que, en todo caso, su ausencia física "involuntaria", debido a que está en el Reino Unido, "no puede ser el único motivo" (como exige la ley británica) por el que no habría sido imputado o citado ante un tribunal, pues hoy en día eso puede remediarse "por videoconferencia" o "mediante transferencia temporal".

El cambio en la legislación británica de extradición va destinado a asegurar que los países que reclaman a ciudadanos lo hacen cuando tienen pruebas en su contra y el proceso está avanzado, y no solo para interrogarles en fases previas.

El próximo marzo el juez escuchará el resto de la argumentación antes de, si todo va bien en este complicado caso, fijar una fecha para su dictamen.

La Audiencia Nacional española pidió en primera instancia la extradición de Troitiño, detenido por primera vez en Londres el 29 de junio de 2012, para aplicarle retroactivamente la doctrina Parot, que hubiera fijado su excarcelación en 2017, objetivo que no logró al ser esta doctrina invalidada en 2013 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La segunda detención fue el 13 de febrero de 2014 por los mismos cargos que ahora se plantean, posesión de documentos de identidad falsos (cuando fue detenido en 2012) y presunta adhesión al colectivo de refugiados de ETA.

Troitiño, de 57 años, salió en libertad el 13 de abril de 2011 en España tras cumplir una pena de 24 años por sangrientos atentados cometidos en los años 80 y, cuando la Audiencia Nacional quiso volver a detenerle para aplicarle la doctrina Parot, ya había huido con documentos falsos al Reino Unido.

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