El interventor de la Generalitat deberá informar cada mes de que los gastos son legales

Esta es una de las condiciones que el Gobierno impone a Cataluña para recibir los 3.034 millones de euros adicionales del reparto del remanente del FLA de 2014 aprobado, con las que quiere asegurar que con ese dinero no se pagan actividades irregulares ni ilegales. El desembolso de esa cantidad será por tramos y “en función del cumplimiento” de las condiciones impuestas a Cataluña.

Ejecutivo exige además la conexión telemática de la Generalitat con el punto general de entrada de facturas, creado este año y en el que se registran las facturas emitidas por todos los proveedores de todas las administraciones públicas adheridas. De esta manera, podrá seguir el recorrido de esa factura hasta asegurarse realmente de que ha sido pagada con ese dinero facilitado a la Generalitat.

Cristóbal Montoro ha asegurado que el Gobierno “no tiene intervenidas las cuentas” de la Generalitat ni de ninguna otra administración y que lo que quiere es asegurar el detino a fines legales de todos los euros públicos.

Estas exigencias a Cataluña se deben a la calificación a la baja de la deuda catalana, a la ocultación de 1.300 millones de déficit de 2014 que se han conocido ahora y a las declaraciones de algunos representantes públicos catalanes, tanto sobre un posible incumplimiento de la legalidad como del pago de deudas a proveedores.