La juez no ve delito en el despliegue policial ante la sede de la CUP el 20-S

Una juez de Barcelona ha archivado una denuncia de la CUP al no ver delito en el despliegue que la Policía Nacional efectuó durante más de siete horas ante la sede de la formación anticapitalista el pasado 20 de septiembre, coincidiendo con el registro de la conselleria de Economía por el 1-O.

Según ha informado la CUP en un comunicado, la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona ha acordado archivar la denuncia de la formación anticapitalista por este “asedio policial” a su sede, al concluir que la Policía Nacional se limitó a intervenir el material propagandístico -fuera del edificio-, en cumplimiento de una instrucción de la Fiscalía contra el referéndum.

La Policía Nacional se personó el pasado 20 de septiembre a las puertas de la sede de la CUP, si bien los agentes no llegaron a entrar en la sede, ya que no tenían orden judicial para efectuar ningún registro, por lo que permanecieron durante unas siete horas en la calle.

La juez ha enmarcado la actuación policial, que se llevó siguiendo instrucciones de la Fiscalía, “dentro del seguimiento que la Brigada Provincial de Información de Barcelona (de la Policía Nacional) venía realizando en búsqueda de actividades colectivas e individuales relacionadas con el apoyo a la preparación y celebración del referéndum”, según la nota de la CUP.

En esta línea, la juez no ve delito en la interceptación de carteles publicitarios del 1-O, que la Policía Nacional intervino fuera de la sede de la formación anticapitalista, mientras efectuaba labores de vigilancia desde las ocho de la mañana del 20-S.

La presencia de la Policía Nacional frente a la sede de la CUP coincidió con el registro que la Guardia Civil llevó a cabo ese día, por orden del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, en la sede de la conselleria de Economía, en el marco de la causa que había abierto en contra de los preparativos del 1-O.

En su denuncia, la CUP pidió al juzgado de instrucción número 9 de Barcelona que acordara varias diligencias de investigación, entre ellas citar a testigos de los hechos para dejar constancia del tiempo que la Policía estuvo personada ante la sede y que no constaba en el informe redactado por la policía, si bien la juez no ha aceptado esas diligencias y ha acordado archivar la denuncia.

En el comunicado, la CUP denuncia que se intervinieron carteles de su formación pese a que no eran de una institución pública, por lo que entiende que no estaban afectados por la prohibición del Tribunal Constitucional sobre el referéndum del 1-O.

Además, lamenta que el archivo de la denuncia supone una “clara vulneración” de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los partidos políticos, ya que ese día la sede de la CUP “fue asediada por decenas de coches de la Policía Nacional durante más de siete horas, cortando la circulación de la calle e intentando acceder dentro de la sede de un partido político sin orden judicial y requisando material de campaña”.