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El juez rechaza los recursos contra la personación del PSPV como acusación particular en el caso Nóos

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha desestimado los recursos de reforma interpuestos por el exsocio de Iñaki Urdangarin Diego Torres, de su mujer, Ana María Tejeiro, y del exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, contra la personación de los concejales del grupo municipal socialista de Valencia como acusación particular colectiva en el marco de esta causa.

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En su último auto, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado afirma que, a su entender, se explicó "suficientemente el proceso razonador" que le llevó a aceptar que los ediles socialistas sean parte en este procedimiento judicial. "Cosa bien distinta es que legítimamente se comparta o no", asevera el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

El magistrado admitió la personación del PSPV-PSOE del Consistorio levantino "en su doble condición de representantes de al menos una parte de los ciudadanos afectados" por un presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, y de "obligados a la defensa del correcto funcionamiento de la Corporación municipal". De este modo les daba legitimación para su "defensa judicial" ante su "responsabilidad de velar por la observancia de determinados valores que estiman conculcados".

La personación también ha sido recurrida, si bien directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares, por el Duque de Palma, a cuyo escrito se adhirió la Infanta Cristina, al alegar que los regidores socialistas no están legitimados para ello por no representar "ni a un Ayuntamiento ni a un partido político", sino que están ejerciendo esta acción a título individual.

Sin embargo, los concejales se han opuesto de Urdangarin recriminando que el Duque tilde de "innecesario" y "reiterativo" el papel de los regidores en este proceso judicial por ser la Fiscalía la que ya ejerce la acción penal en el marco de esta causa.

En su escrito, discrepan de los argumentos esgrimidos por el imputado y le recuerda que, tal y como ya ha expuesto el Tribunal Supremo en distintas ocasiones, "a diferencia de otros sistemas (Francia o Italia) en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) no rige el principio del monopolio del Ministerio Fiscal en cuanto al ejercicio de la acción penal".

Tal y como recuerda la representación procesal de los socialistas, éstos decidieron personarse a raíz de los contratos suscritos entre la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y el Instituto Nóos para la organización de los eventos Valencia Summit, por los que la entidad entonces presidida por Urdangarin percibió unos tres millones de euros. "Hay cuestiones [sobre estos convenios] que aún no se han debatido y que esta parte se propone impulsar procesalmente", incide.

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