Una campaña propone desconectar las aldeas palestinas del área municipal de Jerusalén

Una nueva campaña lanzada esta semana por un grupo de liberales israelíes, entre ellos ex cargos políticos y de seguridad, aboga por desconectar decenas de aldeas palestinas del término municipal de Jerusalén, lo que la derecha nacionalista considera su “partición” y los palestinos “una medida racista”.

Bajo la nomenclatura de “Salvar la Jerusalén judía”, la iniciativa propone separar 28 aldeas y poblados de Jerusalén Este -controlada por Israel desde 1967 y hogar de 200.000 palestinos- del área metropolitana de la urbe, para que sea la Autoridad Nacional Palestina (ANP) la que asuma responsabilidad sobre ellas y pasen a integrar el territorio ocupado de Cisjordania.

La propuesta, que en términos generales es vista con buenos ojos por el Partido Laborista israelí, trata de hacerse un hueco entre los sectores más pragmáticos del centro político y establecer un nuevo consenso al margen de la tradicional postura oficial de Israel de que Jerusalén es y debe seguir siendo su “capital eterna e indivisible” en su actual formato.

Por ahora se desconoce qué calado tendrá entre el público, si bien ya ha recibido críticas a izquierda y derecha del espectro político israelí, y del liderazgo palestino.

“Hay gente, generalmente de la izquierda, que quiere dividir la ciudad, poner un muro y no ver a los residentes árabes”, afirma su alcalde israelí Nir Barkat.

Aliado con la derecha, el regidor defiende que “el 52 por ciento de los árabes quieren ser parte de la ciudad”, y que la soberanía israelí sobre toda la urbe les garantiza una calidad de vida superior al que tendrían en territorio cisjordano.

Por su parte, Xavier Abu Eid, portavoz del Departamento de Negociaciones de la OLP, dijo a Efe que la campaña “busca encerrar en guetos a palestinos de Jerusalén, sin conexión con sus centros educativos, de salud, trabajos, dividiendo a sus familias y refleja el racismo y la bajeza moral de los que se consideran liberales”.

Los promotores de la nueva fórmula aseguran que es apolítica, no pretende cambiar fronteras, ni debe ser vista como racista.

“Nuestra iniciativa sólo habla de términos municipales. La solución definitiva (al conflicto palestino-israelí) pasa por el Gobierno”, aseguró a Efe Pini Avivi, ex alto diplomático israelí.

Más de una treintena de figuras públicas rubricaron la campaña, que se ha hecho visible con la distribución de carteles por todo el país con el nombre de las aldeas palestinas, seguida de la leyenda: “no forma parte de nuestra Jerusalén”.

El arquitecto del plan, Haim Ramón, ex ministro de Justicia, también aboga por levantar una barrera de separación de esas aldeas con fines de seguridad.

La campaña surge a raíz de la ola de violencia en la región desde octubre de 2015, en la que el 60 por ciento de los atacantes o supuestos agresores palestinos eran residentes de esos barrios de la urbe, según el servicio de inteligencia interior Shin Bet.

Por su condición de residentes tenían tarjetas de identidad israelíes que les permitían moverse libremente por el país.

“En 1967 la población árabe era inferior al 20 por ciento. Hoy son el 40 por ciento y gran parte del terrorismo procede de esas aldeas”, aduce Avivi sobre unas zonas que, asegura, nunca formaron parte de Jerusalén, ni siquiera bajo Mandato Británico (1923-1948).

Israel capturó a Jordania la parte oriental de Jerusalén, incluida la ciudad vieja, en la guerra de 1967 y posteriormente expandió sus límites para incluir pequeños poblados árabes aledaños que se anexionó en 1980, decisión no reconocida internacionalmente.

Desde entonces Israel considera ese perímetro parte de su “capital indivisible”, pese a la demanda palestina de que toda Jerusalén Este -y no sólo las 28 aldeas- debe ser la capital de un futuro estado independiente.

Avivi, que en los años del proceso de Oslo encabezó un proyecto de pacificación entre las sociedades israelí y palestina, señala que los israelíes “ni siquiera entran” en esa parte de la ciudad y la Alcaldía “ni limpia sus calles”.

“Es un plan de seguridad y municipal que no entra en asuntos políticos. No es racista y basta ver quiénes la impulsamos”, asegura el ex diplomático frente a las acusaciones en ese sentido.

Los autores de esta nueva fórmula parten del postulado de que su implementación debe ser unilateral, en ausencia de un horizonte político o negociaciones entre las partes.

Otro de los argumentos esgrimidos es que los habitantes palestinos de la aldeas cuestan al erario público israelí entre 2.000 y 3.000 millones de shékels anuales (463-694 millones de euros) en servicios sociales y municipales.