Barcelona dejará de pagar las deudas energéticas de las personas vulnerables

El Ayuntamiento de Barcelona dejará de pagar las facturas y deudas energéticas de las personas vulnerables a las compañías suministradoras en las próximas semanas si éstas no firman convenios para hacerse corresponsables del coste de la pobreza energética.

Así lo ha anunciado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, al presentar los proyectos municipales para luchar contra la pobreza energética en los que invertirá 4,5 millones en los próximos dos años.

Ante la reticencia de las suministradoras a firmar convenios con el consistorio y hacerse corresponsables de pagar los gastos de la factura de la pobreza energética, como establece la legislación catalana, Ortiz ha advertido de que “o forman parte de la solución o la deuda de las familias estará en el tejado de las compañías” porque los servicios sociales dejarán de sufragarla.

La teniente de alcalde ha subrayado que aunque el Ayuntamiento de Barcelona deje de conceder ayudas no aumentarán los cortes de luz o gas porque en Cataluña las empresas suministradoras tienen la obligación, por ley, de no cortar el suministro a personas vulnerables y si lo hacen son sancionadas.

Laia Ortiz ha explicado que mañana mantendrán una segunda reunión con las compañías para abordar tanto los protocolos de actuación que se aplican desde julio en la ciudad como el de las aportaciones económicas.

La teniente de alcalde ha estimado que las compañías deberían cargar, como mínimo, con el 50 % del coste de la pobreza energética en Barcelona, unos 3 millones de euros anuales.

Laia Ortiz ha anunciado que, antes de fin de año, el Ayuntamiento de Barcelona abrirá Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) para los diez distritos de la ciudad ante el balance positivo de la prueba piloto que se llevó a cabo en Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu y Sants-Montjuïc durante cinco meses del otoño e inviernos pasados.

Los PAE informarán a las familias con dificultades sobre cómo hacer frente al gasto energético de su casa, la manera de minimizar el consumo, cómo gestionar las ayudas a las que tengan derecho y cómo pueden obtener subvenciones para mejorar la eficacia energética con el aislamiento del hogar.

Además de estas acciones directas sobre los hogares, el personal de los PAE ofrecerá a los usuarios información para dotarlos de herramientas para defender sus derechos frente a las compañías suministradoras y para que activen todos los recursos de protección que les otorga la ley.

Ortiz ha destacado que con estos puntos se agilizarán los tramites porque se desvincularán de los servicios sociales y ha considerado necesario ofrecer este servicio ante “la irresponsabilidad de compañías al desinformar” en vez de informar como hacen las de otros países.

El plan, con un presupuesto de 4.450.380 euros, se desarrollará los próximos dos años a través de entidades del tercer sector y se contratará a un centenar de personas para ser asesores energéticos, a través del programa de empleo para parados de larga duración, treinta de ellas con experiencia en la prueba piloto y el resto se formarán en los próximos seis meses.

Del balance de la prueba piloto, la teniente de alcalde Ortiz ha destacado que de los 3.100 hogares vulnerables de los cuatro barrios en que se actuó, el 60 % padecía pobreza energética moderada o severa es decir, no podían mantener una temperatura adecuada en sus casas, tenían goteras o humedades, o tenían atrasos en el pago de facturas.

Además, el 13 % de estos hogares habían sufrido el corte de algún suministro básico y arrastraban una media de 348 euros de deudas.

La prueba piloto permitió constatar que sólo el 43 % de estos hogares pagaban el precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) -precio para potencias no superiores a 10kW-; que sólo el 33 % conocía el Bono Social y sólo el 17,3 % disponía del mismo, aunque del total de los hogares estudiados eran el 65 % los que cumplían las características para ser beneficiarios del Bono Social.

Laia Ortiz ha considerado que estos porcentajes son extrapolables al conjunto de los hogares atendidos por los servicios sociales en la ciudad.