Lagarde pide a los gobiernos convertir en “acciones” el acuerdo climático de París

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, pidió hoy a los gobiernos de los países que han suscrito en París el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático que conviertan en “acciones” sus promesas, con políticas que permitan “progresos efectivos”.

El acuerdo alcanzado en la cumbre del clima (COP21) de París “es un paso fundamental para hacer frente al desafío del cambio climático global”, valoró Lagarde en un comunicado.

“Los gobiernos deben ahora convertir esas palabras en acciones, en particular implementando políticas que generen progresos efectivos en las promesas de mitigación que han hecho”, urgió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según Lagarde, la “clave” a partir de ahora es poner “precio” a las emisiones de carbono y “hacerlo ya”.

Establecer una tasa a las emisiones de combustibles fósiles permitirá, a juicio de Lagarde, que se pongan en marcha los “incentivos necesarios para inversiones bajas en carbono”, así como “ingresos para salvaguardar a los pobres y reducir la deuda”.

“Esperamos un diálogo sobre los precios del carbono y ayudar a los gobiernos a llevar a la práctica esta política de vital importancia”, concluyó la jefa del FMI.

La COP21 de París aprobó el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático, en el que cerca de 200 países, tanto desarrollados como en desarrollo, se comprometen de manera histórica a transitar de manera conjunta hacia una economía baja en carbono.

El acuerdo tiene como objetivo “mantener la temperatura media mundial muy por debajo de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales”, aunque los países se comprometen a llevar a cabo “todos los esfuerzos necesarios” para que no rebase los 1,5 grados y evitar así “los impactos más catastróficos del cambio climático”.

Para lograr ese objetivo, el texto recoge compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático de cada una de las 196 partes del acuerdo y obliga a los países tanto a rendir cuentas de su cumplimiento como a renovar sus contribuciones al alza cada cinco años.