Pedro Sánchez pide al Gobierno retirar el decreto “3+2” y que dialogue con los rectores

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido hoy al Gobierno que retire el decreto de grados, el llamado “3+2”, que permite grados de tres años y másteres de dos, y le ha reclamado acuerdo y diálogo con la comunidad universitaria, en concreto, con los rectores.

Sánchez ha hecho estas peticiones durante la reunión que ha mantenido con el Comité Permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), encabezado por su presidente, Manuel López.

“El Gobierno tiene que abrir inmediatamente el diálogo con la comunidad universitaria para conseguir que nuestro sistema asegure la igualdad de oportunidades, garantice la calidad y la estabilidad en el sistema universitario español”, ha subrayado Sánchez.

Además, ha considerado que con el nuevo real decreto que flexibiliza la duración de los grados el Ejecutivo pretende “ocultar” que las titulaciones “tengan duraciones distintas dependiendo de la universidad”, según ha informado el PSOE en una nota.

Durante la reunión con los rectores “se ha puesto de manifiesto que el Gobierno del PP ha dejado claro que su proyecto para la universidad pasa por un proceso de adelgazamiento” del sistema universitario, ha destacado el PSOE.

Los asistentes a la reunión también han opinado, según el comunicado, que la idea del Gobierno de que “sobran” universitarios “ha impregnado todas las decisiones hasta ahora en materia de regulación, presupuestos y el sentido de la reforma universitaria de la estructura de grados”.

“En los objetivos de la reforma universitaria no está una mejora en la calidad de la enseñanza superior y abrir a un mayor número de estudiantes una gama más alta de oportunidades, sino una excusa para justificar un recorte adicional de los recursos dedicados a la formación y la Educación”, ha recalcado este partido.

Los socialistas han solicitado al Consejo de Universidades un estudio sobre los resultados de la vigente ordenación de las carreras y que promueva, en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Estudiantes Universitario, una comisión que elabore un informe sobre los efectos de la reforma defendida por Educación.

En especial, su incidencia “en la financiación pública y privada de las universidades, en la igualdad de oportunidades y en el acceso al empleo de los titulados”.