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La UE aprueba nuevas normas para los fondos de pensiones de empleo

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Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy modificar las normas sobre los fondos de pensiones de empleo, que buscan clarificar las actividades transfronterizas de estas entidades y mejorar la gestión de sus riegos.

Estos fondos proporcionan prestaciones por jubilación en paralelo a los sistemas de seguridad social y otros esquemas privados, y pueden operar en varios estados de la UE, siempre que cumplan con la legislación del país en que están radicados, así como la de aquel en el que operan.

Las normas aprobadas hoy obligarán a los fondos que quieran transferir sus carteras a otros países a que obtengan antes el aval de una mayoría de sus partícipes y beneficiaros.

Solo cuando cuenten con este respaldo podrán solicitar a las autoridades de su país base que estudie la transferencia y, si estas dan su consentimiento, la decisión podrá pasar al regulador del estado de destino, que tendrá la última palabra para aprobar la operación.

El acuerdo busca también mejorar la transparencia y el acceso a la información, por lo que los fondos tendrán que proporcionar a sus miembros una declaración de beneficios en la que se incluya información apropiada y relevante sobre su esquema de pensiones.

"Unos fondos de pensiones de empleo más seguros y eficientes impulsarán la contribución de los ahorros complementarios a las pensiones de jubilación", expresó el Consejo en un comunicado.

"La directiva también reforzará su rol como inversores institucionales y ayudará a canalizar los ahorros a largo plazo hacia inversiones que impulsen el crecimiento", añadieron.

En toda la UE hay en torno a 125.000 fondos de este tipo que gestionan activos por valor de 2,5 billones de euros de 75 millones de europeos, en torno al 20 % de toda la población activa, que funcionan en base a acuerdos de financiación muy distintos.

Con el visto bueno de los estados, que aprobaron el punto durante el consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumo, la norma podrá entrar definitivamente en vigor una vez que los países la incorporen a sus respectivas legislaciones, para lo que tienen dos años.

La Eurocámara, por su parte, ya dio luz verde a la norma en noviembre.

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