24 horas antes de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que se celebra este viernes en Santander, el Parlamento de Andalucía ha aprobado una iniciativa que compromete al Gobierno de Juan Manuel Moreno a “oficializar la cuantificación de una nueva deuda histórica” por el déficit de inversiones del Estado en esta comunidad y reclamársela al Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de la comisión bilateral Junta-Estado, recogida en el Estatuto de Autonomía.
Ha sido en el cierre de la segunda jornada del debate del estado de la Comunidad Andaluza, en el turno de las propuestas de resolución de los grupos, y con el presidente Moreno ya ausente (camino de Santander). La iniciativa la firma el grupo mixto Adelante Andalucía y ha conseguido el respaldo de la mayoría absoluta del PP, necesario para que prosperase.
La deuda histórica es un acierto terminológico que acuñó el PSOE andaluz en los años 90, cuando Aznar era inquilino de la Moncloa, para reclamar al Estado fondos que cubrieran el déficit que supuso transferir en los años 80 las competencias de sanidad, educación y otros servicios públicos sin la financiación necesaria para costearlas.
Pero la iniciativa que ha aprobado este jueves el Parlamento destaca por la similud -casi calcada- con otra que promovieron los partidos independentistas en Cataluña, hace dos años, y por el respaldo del PP de Moreno, que públicamente ha batallado y batalla la “financiación singular” pactada entre el PSOE de Sánchez y los catalanistas. De hecho, el presidente andaluz acude a Santander con esa premisa por delante y el PP andaluz ha aprobado, en paralelo, otra propuesta que rechaza la financiación “singular” para Cataluña.
La iniciativa de Adelante que suscriben los populares, no obstante, insta al Ejecutivo de Moreno a calcular otra deuda histórica “producto de los enormes déficits en inversión pública industrial, en infraestructuras de comunicación y otras inversiones públicas en Andalucía por parte de los sucesivos gobiernos dentrales de todos los colores políticos”, y le compromete a solicitar esa cifra “de forma oficial en la comisión bilateral Junta-Estado para acordar un calendario de liquidación”.
También en este punto, los de Moreno se habían mostrado vacilantes hasta ahora, contrarios a los pactos bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, aunque las comisiones mixtas en materia de financiación sean un instrumento de diálogo blindado tanto en el Estatut catalán como en el andaluz, al margen de los órganos de negociación multilateral, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sienta a la misma mesa a la ministra de Hacienda con sus homólogos en las comunidades.
La deuda y la quita en Cataluña
En 2022, el Parlament de Cataluña creó una comisión, presidida por Junts Per Catalunya (JxC), para estudiar y cuantificar la “deuda histórica del Estado” con la comunidad. La Cámara de Comercio de Barcelona puso una cifra sobre la mesa: 300.000 millones de euros, unos 40.000 euros por catalán. El partido de Carles Puigdemont fue el artífice de esta comisión, que recibió el apoyo de ERC y de la Cup, la abstención de En Comú y el rechazo de PSC, Vox, PP y Ciudadanos.
En 2023, PSOE y ERC firmaron un acuerdo económico para garantizar el voto de los republicanos a la investidura de Sánchez que incluía, entre las contrapartidas arrancadas a los socialistas, la condonación de 15.000 millones de la deuda pública que Catluña tiene contraída con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La quita, además, suponía un ahorro extra en las arcas catalanas de 1.300 millones de euros en el pago de intereses al Estado.
Moreno, alineado con el resto de barones del PP, se opuso frontalmente al acuerdo y rechazó una quita similar para Andalucía, aunque inicialmente su propia consejera de Hacienda y hoy portavoz de la Junta, Carolina España, lo vio con buenos ojos y reclamó lo mismo para Andalucía. A partir de ahí, se abrió un debate en la política andaluza sobre si el Ejecutivo de Moreno estaba haciendo uso o desuso del Estatuto de Autonomía y de la negociacion bilateral preferente que le ofrece -como a Cataluña- para negociar mejoras en la financiación y en infraestructuras con el Estado.
El Parlamento ha aprobado este jueves las 35 propuestas de resolución que ha presentado el PP y 15 que han aceptado de la oposición: una del PSOE, ocho de Vox, dos de Por Andalucía y cuatro del grupo mixto Adelante Andalucía, entre ellas la cuantificación de la deuda histórica. También la reclamación al Gobierno de Sánchez de un fondo transitorio de compensación para taponar la “infrafinanciación” de Andalucía hasta que se apruebe un nuevo modelo de reparto de fondos en los territorios, algo que se debatirá este viernes en la Conferencia de Presidentes, y que el propio Moreno lleva meses exigiendo (estimado en 1.500 millones).
Las propuestas de resolución no tienen demasiado peso legislativo, son, más bien, iniciativas políticas que lanza el Parlamento y comprometen al Gobierno andaluz. De hecho, en el último debate de política general, los de Moreno apoyaron otra propuesta de las izquierdas para que la Junta reclamase formalmente al Estado la trasnferencia de las competencias sobre los trenes de Cercanías -en la misma estela de lo pactado entre PSOE y ERC para Cataluña-, pero a día de hoy aún no se ha hecho esa solicitud formal.
Los populares alegan que quieren las competencias con la financiacion necesaria que lo acompañe, pero no existe una reclamación formal, como la que se comprometió en la Cámara. Los socialistas han afeado hoy al PP que “da igual el número de proposiciones de ley que acepten a la oposición, si luego no las cumplen”.
Con todo, el resultado de las votaciones de las proposiciones de ley vuelve a demostrar la cercanía del PP con Vox que con el resto de formaciones de izquierdas. Los de Moreno han apoyado más iniciativas a la ultraderecha que al resto, entre ellas, “un firme compromiso en defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural” y “ofrecer a la población alternativas reales al aborto”.
El Parlamento, a instancias de Vox y con apoyo del PP, también insta a la Junta a “incluir la perspectiva de familia” en sus políticas, “asegurar el papel de la familia como institución esencial” y promover campañas “sobre la importancia y el valor social de la familia y la paternidad”.