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Moreno pedirá el traspaso a Andalucía de los trenes de Cercanías a instancias de toda la izquierda excepto el PSOE

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, interviene en el debate del estado de la comunidad en el Parlamento.

Daniel Cela

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El PP andaluz se apeó este jueves de su mayoría absoluta y aceptó 35 propuestas de resolución de las 140 presentadas por los grupos de la oposición al cierre del debate del estado de la comunidad andaluza en el Parlamento. Una de las iniciativas que hace suya el Gobierno de Juan Manuel Moreno, a propuesta de las fuerzas de izquierdas Por Andalucía (Sumar) y Adelante Andalucía, es reclamar el traspaso a Andalucía de las competencias sobre los trenes de Cercanías y la “financiación asociada correspondiente”, emulando así el reciente pacto de PSOE y ERC para el traslado de Rodalies a Cataluña. Los socialistas andaluces se han abstenido y no han apoyado esta medida, mientras que Vox ha votado en contra.

Las propuestas de resolución son iniciativas no legislativas, pero de cierto peso político, que el Parlamento andaluz dirige a otros poderes ejecutivos: la mayoría al Gobierno central, en forma de crítica; y otras muchas a la propia Junta de Andalucía, con un envoltorio de elogio desmedido a sus propias políticas.

El traspaso de los trenes de Cercanías a Andalucía es una de las competencias al alcance del Ejecutivo andaluz, contemplada en el artículo 63.3 del Estatuto de Autonomía (2007), pero hasta ahora los anteriores gobiernos socialistas habían rehusado asumir la gestión de los trenes de corta y media distancia dentro de su territorio. Tras sellarse ese canje para Cataluña, a petición de ERC, el PP andaluz ha respaldado la propuesta de resolución número 1 de la coalición Por Andalucía -que también ha reclamado, sin éxito, el traspaso de instituciones penitenciarias- y la número 26 del partido de Teresa Rodríguez, que ocupa el grupo mixto en la Cámara con sólo dos diputados.

El Parlamento, por tanto, insta al propio Gobierno de Moreno a pedir el traspaso de esas competencias al Ejecutivo de Pedro Sánchez “para poner un plan de interconexión a través del ferrocarril de todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes de Andalucía” -según la redacción de Adelante. La propuesta de Por Andalucía va en el mismo sentido, aunque es más exhaustiva: plantea “convocar la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Junta de Andalucía a fin de reclamar el traspaso integral del Estado a la Junta, a lo lardo de la presente legislatura, del servicio de transporte ferroviario cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz”.

El día anterior, en la primera sesión del debate del estado de la comunidad, Moreno había hecho referencia al pacto del PSOE con ERC sobre el traspaso de Rodalies a Cataluña. “¿Se imaginan qué haríamos en Andalucía con los 6.000 millones de euros de financiación de los trenes de Cercanías?”, se preguntó durante su intervención.

Pero el presidente de la Junta habló de financiación asociada, no de reclamar las competencias. El jefe de la oposición, el socialista Juan Espadas, ya había espetado a Moreno en un debate anterior que si tanto le preocupaba el pacto de PSOE con ERC sobre el traspaso de Rodalies a Cataluña, hiciera uso del Estatuto andaluz y reclamase las mismas competencias al Estado. “Nosotros no queremos los trenes de Cercanías ni las vías, queremos poder poner horarios y frecuencias dignas”, replicó éste.

El PP andaluz ha querido ejemplificar el alegato del presidente de la Junta, la jornada previa, a favor del diálogo y el consenso con el resto de fuerzas políticas haciendo suyas un puñado de propuestas de sus rivales, algunas menos comprometidas, otras de tanto calado político como el traspaso de Cercanías a Andalucía.

Desconcierto en el PSOE andaluz

El respaldo de esta medida ha sorprendido a todos, incluso a los proponentes. Tras el debate, en los pasillos del Parlamento, miembros del Ejecutivo andaluz no han acertado a explicar el por qué de esta repentina decisión, y por qué el presidente Moreno no se ha reservado el anuncio de una decisión de tanto calado.

Tampoco en las filas socialistas han sabido explicar el sentido de su voto en este asunto. La portavoz del PSOE en el Parlamento y número dos de la federación andaluza, Ángeles Férriz, ha rehusado explicar la abstención de su grupo a una iniciativa que la dirección nacional de su partido acaba de pactar con ERC. “Ésta es la posición del PSOE andaluz”, ha zanjado tras el debate.

Sin embargo, dos horas y media después de finalizar el debate, el partido de Juan Espadas ha enviado a los medios un comunicado en el que no ha explicado su abstención, pero sí ha acusado al PP de “poco serio y riguroso” que “hoy haya votado a favor de la propuesta de la oposición de solicitar las competencias ferroviarias o de seguridad social”. En realidad, los de Moreno han votado a favor del traspaso de Cercanías, pero en contra del Traspaso de la gestión de la Seguridad Social y de la gestión penitenciaria (propuestas ambas de Por Andalucía).

Los de Juan Espadas recriminan al PP que hace dos plenos rechazaran su iniciativa de crear un grupo de trabajo en el Parlamento para ahondar en el desarrollo estatutario y la posibilidad de ampliar las competencias andaluzas.

A pesar de no apoyar la propuesta de solicitud del traspaso de Cercanías a Andalucía, la dirección regional del PSOE-A termina su comunicado “instando al Gobierno de Moreno a reclamar formalmente esta transferencia”, porque lo votado hoy es sólo el paso previo, es decir, el Parlamento insta al Ejecutivo a pedir esas competencias. “La reclamación y asunción de competencias estatutarias no puede ser una subasta porque lo piden otros territorios o partidos”, advierten los socialistas.

El Parlamento ha aprobado 70 propuestas de resolución tras el debate, las 35 del PP y el resto de la oposición. Adelante Andalucía, el grupo andalucista más minoritario de la Cámara, es el que más iniciativas ha visto prosperar gracias al apoyo de los conservadores.

Al PSOE le han apoyado seis propuestas; a Vox nueve; a Por Andalucía diez y a Adelante otras diez. Entre las iniciativas impulsadas por los propios populares, está instar al Gobierno central a “cumplir con el Pacto contra la Violencia de género y aporte para 2024 el 50% de su coste, como ha hecho en Euskadi, y que incluya como criterio para el reparto de fondos el número de víctimas”. También reclaman que se transfiera el Ingreso Mínimo Vital de manera integra, o fondos extraordinarios para atender los flujos migratorios como frontera sur, al igual que ya se hace con otras regiones“.

En cambio, la Cámara ha rechazado, con los votos de PP y Vox, instar a la Junta a no contratar publicidad con medios que mientan, difamen o difundan “bulos” (propuesta del PSOE, recogida de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España) y tampoco ha apoyado la expropiación de los pisos vacíos en manos de los bancos para ponerlos a disposición de familias vulnerables (propuesta de Adelante).

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