La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que, antes del 28 de marzo, la Junta de Andalucía interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto del objetivo de déficit para el periodo 2013-2016 entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Entiende que no se respeta lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y se hace recaer el peso del ajuste de forma desproporcionada en las comunidades autónomas, que son las responsables de la prestación de los servicios públicos.
En la Comisión de Hacienda y Admistración Pública del Parlamento de Andalucía ha recordado que los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones y cada uno de sus subsectores fueron acordados en las reuniones del Consejo de Ministros del 28 de junio (periodo 2014-2016) y 12 de julio de 2013 (2013). En su opinión, estos acuerdos incumplen lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que esta norma dispone “que ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural, pero fija un periodo transitorio para su reducción paulatina hasta 2020”.
En la misma línea, ha dicho que el Gobierno de España “no sólo se salta el periodo transitorio al acortar el plazo previsto, sino que a la vez impone unos objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades autónomas que implican unas reducciones mayores de las que corresponderían si se aplicara correctamente lo dispuesto en la ley”. Paralelamente ha criticado que se haya “apropiado del mayor margen que la Comisión Europea concedió a España para reconducir el déficit, en detrimento de las comunidades autónomas”.
Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública han aclarado que este recurso se producirá después de que, el pasado 28 de enero, el Gobierno de España comunicara formalmente a la Junta de Andalucía (después de haberlo aprobado en el Consejo de Ministros del día 10 de ese mismo mes) que no admitía el requerimiento presentado para que se modificara este reparto del objetivo de déficit.
La presentación de dicho requerimiento por parte de la Junta fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de agosto de 2013, por lo que, en cierto modo, se preveía que el Gobierno pudiera no admitirlo y que la Junta, tal y como anunció entonces, tuviera que utilizar todos los cauces legales a su alcance para intentar otro reparto del objetivo de déficit.