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Bruselas exige a España que cumpla la sentencia europea sobre el deterioro de Doñana

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

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La Comisión Europea exige a España que cumpla la sentencia de hace un año del Tribunal de Justicia con sede en Luxembrugo sobre el deterioro del Parque Nacional de Doñana.

Así, el Ejecutivo comunitario ha enviado una carta formal en la que insta a España a que aplique “con rapidez y eficacia la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2021 relativa a los humedales de Doñana”.

En su sentencia, el Tribunal confirmó que España no había garantizado una gestión sostenible de las aguas subterráneas que alimentan los humedales de Doñana tal y como exige la Directiva Marco del Agua.

Además, el tribunal estableció que España no tomó las medidas adecuadas en virtud de la Directiva Hábitats para detener el posterior deterioro de los hábitats naturales protegidos en varios espacios Natura 2000 designados por las autoridades españolas alrededor y dentro del Parque Nacional de Doñana.

“La decisión del Tribunal es coherente con el firme compromiso de la Comisión Europea de salvaguardar los valores naturales excepcionales de Doñana para las futuras generaciones de europeos”, dice Bruselas: “El Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad para 2030 indican que es crucial que la UE detenga la pérdida de biodiversidad protegiendo y restaurando la biodiversidad”.

El Ejecutivo comunitario explica que “tras los intercambios de cartas con las autoridades españolas y a la luz de la información científica disponible sobre los asuntos en cuestión, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las medidas adoptadas por España hasta el momento son insuficientes para poner fin a la infracción declarada por el Tribunal”.

“En consecuencia”, dice Bruselas, “la Comisión envía una carta de emplazamiento”

España dispone ahora de dos meses para presentar sus observaciones sobre las cuestiones planteadas por la Comisión. Tras examinar estas observaciones, la Comisión puede volver a someter el caso al Tribunal de Justicia y pedir que se impongan sanciones pecuniarias a España.