Las carencias de personal y de recursos en la sanidad pública andaluza respecto a la salud mental infanto–juvenil está provocando que se esté produciendo un progresivo aumento de autorizaciones de derivaciones desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a clínicas privadas costeadas con dinero público. Lo reconocen fuentes de la propia Junta y la directora de la Clínica Adinfa, el primer centro hospitalario especializado en el tratamiento de adolescentes en conflicto de Andalucía. “Nos derivan algunos pacientes porque el SAS no dispone de centros de hospitalización de larga duración para adolescentes y jóvenes”, afirma María del Carmen Morcillo.
Esa ausencia de lugares de estancias largas para ese tipo de jóvenes no es novedosa pero los menores de edad han irrumpido con fuerza en el mercado del desequilibrio mental y no hay camas ni recursos para hacer frente en el sistema público que, a tenor de las fuentes consultadas, está provocando un mayor número de derivaciones a la sanidad privada. Fuentes oficiales del SAS informan concretamente de que se han registrados 137 casos derivados desde la sanidad pública andaluza a centros externos entre 2018 y 2022 para ingresos de media y larga distancia en menores y jóvenes, con una subida progresiva de casos año a año: 9 en 2018, 20 en 2019, 30 en 2020, 34 en 2021 y 44 en 2022.
Además de hacer frente a las continuas movilizaciones contra la orden que abre la puerta a concertar la atención primaria con la sanidad privada, y de ver qué pasa con los contratos a dedo de emergencia destapados por elDiario.es Andalucía, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se comprometió en febrero ante el Parlamento andaluz a que este año todas las provincias andaluzas contarán con Unidades de Hospitalización de Salud Mental Infanto–Juvenil en el sistema público. Hasta ahora solamente existían dos, en Jaén y en Almería, lo que provocaba que algunos casos tuvieran que trasladarse a otra comunidad autónoma, como el caso del que se hizo eco este periódico de una joven de 13 años de Córdoba que tuvo que buscar el cuidado en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, con las consiguientes molestias para ella y su familia por no disponer Andalucía de recursos públicos para casos como el suyo.
Según ha podido saber este periódico, la dirección de la Unidad de Gestión Clínica del Hospital de Valme en Sevilla tiene en estos días entre manos dos autorizaciones de derivación de jóvenes a Adinfa. No existe acuerdo formal entre la Junta y esta entidad, como apunta la directora de la clínica, pero se trata de un “concierto de facto” dado que se viene dando “un caudaloso tráfico de personas y dinero del SAS” a dicho centro “para compensar las carencias del sistema público”, aseguran fuentes conocedoras de la situación, que habla de “servicios comprados”. El año pasado, la Junta ya concertó con una entidad privada las primeras plazas de salud mental de Andalucía por medio millón de euros, como informó este medio, y el asunto podría ir a más en los próximos meses, auguran las fuentes. Actualmente, el SAS tiene plazas concertadas de San Juan de Dios para media o larga estancia en adultos, indican fuentes oficiales del SAS.
El nuevo modelo psiquiátrico que eliminó los recursos residenciales y apostó por una atención comunitaria a las personas con trastorno mental grave hizo que el sistema público no apostara por tener centros de media o larga estancia ni para adultos ni para jóvenes, pero en los casos de menores de edad “se ha ido incrementando la demanda y cada vez más graves, con más trastornos de conducta para contener las alteraciones, bien depresivas, de agresividad o de consumo”, explica Laura Armesto, vicepresidenta de la Sociedad Española de Psicología Clínica–ANPIR que trabaja como psicóloga clínica en el propio SAS.
La directora de Adinfa explica a este periódico que con la Junta de Andalucía “no tenemos un convenio firmado tal cual pero nos derivan algunos pacientes porque el SAS no dispone de centros de hospitalización de larga duración para adolescentes y jóvenes”. “Lleva pasando un par de años. Son usuarios de los servicios públicos con los que el sistema público lleva mucho tiempo trabajando y que requieren de un internamiento. Actualmente, no se dispone en la red pública de un centro residencial acorde a las necesidades de esos chicos. Hay unidades de hospitalización para brotes agudos pero no en infanto–juvenil”, confirma Morcillo.
“A nosotros nos derivan directamente. Son usuarios de la red pública, normalmente procedente de una Unidad de Salud Mental Infanto–Juvenil. Los profesionales valoran que el tratamiento que tienen que recibir es la hospitalización y, como no hay dispositivos hospitalarios adecuados para ellos dentro de la red pública, hacen el proceso de derivación a Adinfa. Son derivaciones de casos concretos que tienen ya mucho recorrido en la red pública y que no tienen el tratamiento adecuado”, detalla Morcillo. Fuentes conocedoras de este tipo de procesos añaden que esto “ocurría muy poco antes y había más obstáculos pero las necesidades, con los casos más graves, está haciendo que haya cada vez más autorizaciones pro parte del SAS y que ahora sea más fácil”.
Según añade Armesto, “cada vez más, las familias no pueden contener a esos jóvenes, y hay una demanda de más recursos de salud mental, y lo que se está dando, desde lo meramente psiquiátrico, es un mayor consumo de fármacos en la infancia y adolescencia, así como recursos de hospitalización breve para casos críticos”. “Son de ayuda, claro, pero si eso es lo único que podemos ofrecer no le estamos dando a esas familias los recursos para contener la situación del menor. Lo ideal sería equipos de intervención domiciliaria, como se está haciendo en Catalunya, para reconducir ciertas situaciones”, indica la psicóloga clínica.
La directora de Adinfa comenta a ese respecto que “se están haciendo cosas en el sistema público”, como la recién estrenada unidad para adolescentes de 14 a 16 años en el nuevo hospital Doctor Muñoz Cariñanos inaugurada el pasado lunes y que dispone de ocho. “Pero el problema es que esto es una realidad muy invisible, que en algunos casos son patologías crónicas, que pueden tener una estabilización y mejora pero no una curación. Son personas que por su conflictividad no pueden convivir en su entorno. La red pública no cuenta con un recurso tan específico y que cubra esta demanda, que es muy particular. Además, cada caso es totalmente distinto”, explica Morcillo.
“No hay ningún centro en Andalucía que haga lo mismo que nosotros”, continúa la directora de Adinfa, quien detalla que en el barrio de San Bernardo tienen las consultas externas y en la localidad de Coria del Río. Actualmente, hay 25 jóvenes ingresados, que son las plazas autorizadas, con “problemas de convivencia, salud mental, adicciones a nuevas tecnologías, violencia intrafamiliar, trastornos de conducta, autismos graves, etc.. El patrón común es que no pueden convivir en su entorno por presentar un alto grado de conflictividad por las patologías que tienen”. “La demanda ha aumentado y además, a raíz de la Covid, ha cambiado el perfil, con más autolesiones y más intentos de suicidio, ansiedad, depresión”, indica Morcillo.
La cuestión también entronca con la falta de profesionales y las medidas que se vienen tomando para facilitar la externalizacion y privatización de servicios. En España hay seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes y en Andalucía tres, como ya ha informado este medio. Armesto comenta que la preocupación por la salud mental que se viene pregonando “no se corresponde con los profesionales que contratamos ni con los que formamos”. “Andalucía, para dar respuesta a su propia demanda de profesionales, simplemente para cubrir las jubilaciones y crecer mínimamente, tendríamos que formar a 80-90 psicólogos internos residentes (PIR) al año, y ni se hace ni se tiene la intención”.
“La consecuencia es que somos la comunidad autónoma con mayor escasez de recursos y los que hay se terminan concertando con una empresa y con profesionales peor formados porque no se exige el mismo criterio de calidad del Sistema Nacional de Salud”, comenta la vicepresidente de ANPIR, quien añade que “la privatización de los recursos públicos aumenta el coste pues, con el nuevo decreto que abre la puerta a la privatización de la atención primaria –recientemente rectificado– se paga casi lo mismo a uno en la privada por ver una consulta que a un especialista del SAS por trabajar una hora”.
Según datos de la propia Junta, más de 89.200 adolescentes han acudido a servicios de salud mental entre 2018 y 2021, lo que supone 12.636 más que el periodo anterior y que se ha traducido en un crecimiento del 31% de las consultas atendidas en los últimos cuatro años. En 2022, la plantilla de profesionales de salud mental para la atención de menores creció con 26 efectivos más, la misma cifra que se prevé para este año, según dijo el presidente Moreno en una reciente comparecencia parlamentaria.
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