El PP retira la reforma de la ley de publicidad institucional valenciana, que eliminaba criterios objetivos para dar dinero a los medios

El PP valenciano da marcha atrás y retira su reforma de la ley de Publicidad Institucional, destinada a relajar las restricciones y permitir actos de autobombo. La medida, planteada como enmienda a la ley de Acompañamiento, eliminaba los criterios objetivos para dar dinero público a los medios de comunicación justo antes de las elecciones municipales y autonómicas.

El Grupo Popular ha registrado un escrito este lunes para solicitar la retirada de la enmienda, justo en la comisión que debía debatirla. Los populares no contaban con el apoyo necesario para sacar adelante un cambio que permitiría actos propagandísticos con dinero público. En ella cabían acciones que ya han pasado a la historia, incluso se consideran de mal gusto: actos de colocación de primeras piedras o entregas de llaves. En plena reconstrucción de la dana, hubiera supuesto un gran potencial propagandístico.

La primera propuesta del PP pretendía eliminar algunas restricciones, incorporadas por la alianza de izquierdas en 2018. Por ejemplo, el texto actualmente en vigor prohíbe, por ejemplo, los actos públicos de entrega de llaves, la organización de cualquier acto de inauguración de obra acabada o servicio por parte de cargos financiados con dinero público, la instalación de placas conmemorativas y primeras piedras o la publicidad subliminal. Sobre la distribución de la publicidad institucional, especifica que se ajustará a criterios objetivos de audiencia e implantación territorial y prohíbe la contratación con medios de comunicación que contengan anuncios de comercio sexual o de fomento de la prostitución. En el caso de las obras, se podrán instalar vallas informativas pero una vez finalizada (o si se paraliza) serán inmediatamente retiradas. En periodo electoral no podrá llevarse a cabo publicidad institucional, desde que se hace pública la convocatoria hasta el día de las elecciones.

En cuanto al reparto de la publicidad institucional entre los medios de comunicación, mientras que la norma actual establece que los medios de difusión se elijan teniendo en cuenta como principal criterio su audiencia, y, en segundo lugar, su implantación territorial y social, la enmienda de los populares sí recoge que haya una “consideración especial por los medios de comunicación locales y comarcales”, pero evita cualquier referencia a las audiencias de los medios.

Así, establece que el reparto de la publicidad institucional se realizará “en los medios y soportes que se estimen los más adecuados en cada momento para poder llegar al público objetivo destinatario del mensaje e información de la campaña o comunicación

El portavoz de Hacienda del grupo socialista en las Corts, José Díaz, ha denunciado que el PP “quería utilizar la Generalitat para anunciar e inaugurar a bombo y platillo en plena campaña electoral, pero Vox les ha tirado de la correíta. Y no porque le haya entrado el sentido común, sino porque se quedaba fuera de la foto”.

“Aquí no discutían sobre ética ni sobre respeto institucional. Discutían sobre cómo repartirse los focos, el escenario y la propaganda. El PP ya no gobierna: regatea. Y Vox no controla: cobra su parte”, ha señalado Díaz durante el debate en la comisión.

Para el socialista, “este es el Gobierno valenciano: el PP intenta hacer trampas y Vox decide si las autoriza, según el protagonismo que le toque. Unos ponen la Generalitat al servicio de su campaña y los otros pasan la factura por sostenerles en el poder”. “Esto no es legislar. Es trapichear con las leyes, repartirse el escaparate electoral y convertir cada enmienda en una moneda de cambio. El PP ya no gobierna: regatea. Y Vox no fiscaliza: cobra.”, ha añadido.

“Hoy el PP no ha traído enmiendas a la comisión: ha montado un mercadillo legislativo, y Vox ha puesto el precio de cada puesto”, ha concluido José Díaz.