La Sindicatura de Comptes concluye que el Ministerio debe 1.172 millones a la Generalitat por la atención sanitaria a turistas y trabajadores desplazados

La Sindicatura de Comptes cifra en 1.172 millones la deuda a favor de la Comunitat Valenciana por la atención sanitaria a personas derivadas o desplazadas en el período 2013-2024: “No se cumplen los principios de equidad, cohesión y solidaridad en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) con especial perjuicio a la Comunitat Valenciana”.

Esta es la conclusión general de la auditoría operativa realizada por la Sindicatura de Comptes sobre la compensación de los gastos ocasionados por la atención sanitaria a personas derivadas o desplazadas en la Comunitat Valenciana para evaluar la eficacia y eficiencia del sistema vigente de compensación.

Esta compensación se instrumenta mediante el Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS, pacientes programados de otras CCAA y extranjeros de 32 países europeos y seis con convenio bilateral) y el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA, pacientes no programados de otras CCAA).

Al respecto, explica en su informe que esta conclusión general está fundamentada en las siguientes conclusiones parciales que apuntan a que “no resultan eficaces ni eficientes los procedimientos de compensación establecidos en la normativa de estos fondos ni en los reglamentos europeos”.

Así, señala que el sistema “depende de la voluntad de pago” de las comunidades autónomas y países deudores, y “no existe un mecanismo coercitivo como la obligatoriedad del pago de intereses de demora” y que el Ministerio de Hacienda “no ha efectuado anualmente las preceptivas deducciones del sistema de financiación autonómica y del régimen foral a las comunidades deudoras, al no establecer las LPGE el procedimiento necesario hasta la LPGE para 2023”. De hecho, señala que en julio de 2025 ha compensado con “notable retraso” las del periodo 2013-2023 “si bien quedan 19,4 millones de euros pendientes de pago a la CV de las liquidaciones de 2013-2024”.

Además, apunta a que “la falta de desarrollo reglamentario del FOGA desde 2012 supone que no se hayan compensado todos los gastos sanitarios --798,9 millones de euros no compensados a la Comunitat Valenciana-- y que ”no se ha compensado a la Comunitat Valenciana por todos los gastos sanitarios de personas desplazadas de otras comunidades autónomas“. Advierte también de que ”no se incluye la atención especializada no programada ni las urgencias“.

La Sindicatura apunta que la Comunitat Valenciana es “la de mayor saldo a cobrar en atención primaria de todas las CCAA”: “No se han compensado a la CV 23,1 millones de julio de 2012 a diciembre de 2013 y además, en los gastos compensados se aplican unas tarifas desactualizadas desde 2014”.

Constata además que el Ministerio de Sanidad “deduce, respectivamente, el 20% y el 40% de las asistencias entre las CCAA en el FCS y el FOGA, excepto gasto farmacéutico, sin justificación técnica acreditada, tal como ya informó el Tribunal de Cuentas (5,7 millones y 67,8 millones, respectivamente, no compensados a la Comunitat)”.

También detecta que en los centros, unidades y servicios de referencia del SNS (CSUR) “no se cubren todos los tratamientos y pruebas, sino que solo son facturables los previstos en la normativa para los centros debidamente acreditados” y que la compensación de gastos sanitarios de pacientes extranjeros “no es eficaz ni eficiente siendo la Comunitat Valenciana es la más perjudicada”.

Del mismo modo, subraya que la Comunitat acoge a más de un tercio de los residentes extranjeros y es la comunidad con mayor facturación a los no residentes. No obstante, la efectividad de la compensación entre países europeos “depende de la eficacia de las gestiones de cobro del INSS y la voluntad de pago de los países deudores: el devengo de intereses de demora es opcional y en supuestos restrictivos, y no son obligatorios los acuerdos de agilización de pagos”. Además, ve “muy largos” los plazos de pago previstos en la normativa europea.

Remarca también que existen saldos pendientes de cobro “significativos” a favor de España del periodo 2013-2024 de países europeos, 700 millones (resaltan Reino Unido, Francia, Alemania y significativamente Portugal), y de los países con convenios bilaterales, 28,7 millones (Andorra, Chile, Marruecos, Brasil, Ecuador y Perú), varios de ellos con “incumplimiento de los plazos legales de pago y sin requerirse intereses de demora”. De estos saldos, apunta que corresponderían a la Comunitat 257,1 millones que no se le han compensado.

Además, indica que la cuota global de España “no incluye todos los gastos en dependencia y la repercutida al Reino Unido es inferior al resto de países porque no incluye ningún gasto en dependencia” y que el INSS aplica un criterio de reparto de los cobros por gasto real que “no es coherente porque mezcla el criterio de caja con el de devengo”.

En esta línea, puntualiza además que la Generalitat Valenciana factura por gasto real a extranjeros no residentes según sus tasas sanitarias, que, en determinados procesos, están “desactualizadas y son inferiores a otras CCAA que utilizan la figura jurídica de precios públicos”.

La Sindicatura recoge en su informe que la Conselleria de Sanidad, con la autorización del Consell, así como el president de la Generalitat, “reclaman anualmente la falta de compensación”, si bien recomienda “una acción que pueda resultar más eficaz” y recuerda que la última contestación del Estado es del año 2022. También considera que “se debe mejorar” el control de la Conselleria de Sanidad de los costes sanitarios para el acceso a los servicios sanitarios de personas no acreditadas.

El informe también concluye que la Comunitat Valenciana ha asumido “inadecuadamente” 80,6 millones que no se han llegado a facturar entre 2012 y 2024 y que no se compensan por el FCS y el FOGA y que se ha facturado a pacientes privados 67,1 millones entre 2012 y 2024, si bien está pendiente de cobro un 56,1%.

Ante estas conclusiones, la Sindicatura formula 15 recomendaciones dirigidas al Consell y a la Conselleria de Sanidad, al Gobierno de España, a los ministerios de Sanidad, Hacienda y Seguridad Social, y al INSS con el objetivo “del cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, economía, universalidad, equidad y cohesión del SNS aplicables en el procedimiento de compensación de los costes sanitarios de las personas derivadas o desplazadas”.