Unai Sordo y Ana García, CCOO: “Con aviso rojo ante una dana, hay que preservar la vida antes que el negocio”

Este jueves se cumplen dos años de la dana del 29 de octubre de 2024, la tragedia que costó la vida a 233 personas en la Comunitat Valenciana y que puso en evidencia las deficiencias en la gestión de las emergencias y la protección de los trabajadores. En vísperas del aniversario, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general del sindicato en el País Valencià, Ana García Alcolea, reclaman reforzar los protocolos ante fenómenos climáticos extremos. “No se puede actuar con ese grado de impunidad”, advierte Sordo sobre la decisión de la Generalitat de levantar las sanciones a empresas que pusieron en riesgo a sus trabajadores durante la barrancada y que ahora investiga un juzgado. Ambos sindicalistas insisten en que la prevención debe ser prioritaria para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse.

¿Qué deben hacer las empresas para proteger a sus trabajadores ante episodios de emergencia climática como la dana del 29 de octubre de 2024 o la Adam, la semana pasada?

Ana García Alcolea. Lo primero que tienen que hacer las empresas es negociar con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras los protocolos de actuación ante una emergencia climática. Es cierto que todavía queda mucho por negociar, pero somos una de las comunidades autónomas de todo el Estado que más protocolos ha acordado, precisamente por la dana que se produjo hace dos años. Cuando hay un aviso rojo, hay que preservar la vida antes que el negocio. Es lo que decimos siempre que nos preguntan. Con protocolo o sin él, hay que salvaguardar la vida, que es lo único que tenemos. Durante la dana de la semana pasada estuvimos atendiendo y asesorando a trabajadores que nos preguntaban qué debían hacer cuando la empresa no les decía nada o no les indicaba que se quedaran en casa. Nuestra recomendación es siempre la misma: precaución y prevención. Los trabajadores están amparados por la ley y por el permiso climático, que fue una propuesta de CCOO al Ministerio de Trabajo para proteger precisamente estas situaciones. Hay que transmitir tranquilidad. Si después ocurre algo y la empresa inicia algún procedimiento, Comisiones Obreras estará ahí para asesorar y atender a los trabajadores.

¿Qué papel deben desempeñar los sindicatos para proteger a los trabajadores ante el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos?

Unai Sordo. La clave está en la prevención. Sabemos que el cambio y la emergencia climática van a hacer cada vez más habituales estos episodios extremos. Por tanto, no hay ninguna excusa para no adoptar protocolos previos que establezcan con claridad cómo actuar cuando se produzcan. Antes podía alegarse que no se sabía con certeza cuándo iban a suceder estos fenómenos, pero ahora tenemos veranos larguísimos y temperaturas demoledoras durante buena parte del año. En muchas zonas de España es muy difícil trabajar al aire libre o en centros de trabajo que no están adecuadamente acondicionados. Y sabemos que las danas se van a repetir. Hay que establecer protocolos muy claros para que, cuando Protección Civil active los distintos niveles de alerta, todo el mundo sepa cómo actuar. No puede depender de la discrecionalidad del empresario de turno: tiene que estar perfectamente establecido de antemano.

La Inspección de Trabajo sancionó a cuatro empresas por poner en riesgo a sus trabajadores durante la dana de 2024 y la Generalitat levantó esas sanciones. ¿Es normal que una Administración retire multas por poner en peligro la vida de los trabajadores?

Ana García Alcolea. No entendemos que sea normal. No se puede actuar con ese grado de impunidad. Si una Administración ha considerado que existía una infracción por poner en riesgo la vida de trabajadores y trabajadoras, no puede después transmitir el mensaje de que no pasa nada. Estamos hablando de una tragedia en la que murieron más de 230 personas, entre ellas compañeros y compañeras del sindicato. Levantar esas sanciones supone, en la práctica, dar barra libre: parece que se puede poner en riesgo a los trabajadores porque después alguien va a proteger a las empresas responsables. En lugar de proteger a la ciudadanía, lo que se está haciendo es proteger a empresas que pusieron en riesgo la vida de sus trabajadores. CCOO ya manifestó públicamente su desacuerdo con esa decisión y ahora dejaremos que la justicia siga su curso.

Unai Sordo. También hay que entender el trabajo de una manera integral. Cuando insistimos tanto en los protocolos es porque no basta con prever qué ocurre si se produce una dana mientras una persona está trabajando. Hay que contemplar también cómo vuelve a casa. Si estamos hablando de una inundación, el riesgo puede estar precisamente en el trayecto de vuelta. Una empresa puede decir que su centro de trabajo no está afectado, pero eso no significa que sus trabajadores puedan regresar a sus domicilios sin peligro. Si tienen que atravesar un barranco o una zona inundable, el riesgo es exactamente el mismo. Ese concepto integral del trabajo debe incorporarse a todos los protocolos. Además, las circunstancias pueden cambiar: una persona puede vivir en una zona inundable un año y trasladarse a otra al siguiente, o al contrario. Por eso los protocolos tienen que actualizarse para evitar consecuencias tan dramáticas como que una riada sorprenda a alguien cuando vuelve del trabajo.

¿Cómo están funcionando los permisos climáticos? ¿Los trabajadores conocen suficientemente este derecho?

Ana García Alcolea. El funcionamiento es desigual. Es verdad que ahora hay más información que cuando sucedió la dana de 2024, pero la semana pasada seguíamos recibiendo consultas de trabajadores que no sabían qué hacer porque sus empresas les decían que tenían que acudir a trabajar. Todavía existe el miedo a que, si no van a trabajar, puedan despedirlos. Por eso, cuando se activan las alertas, intentamos trasladar rápidamente la información a nuestra estructura sindical para que llegue a los centros de trabajo y dé seguridad a los trabajadores.

Hay más conocimiento, pero todavía tenemos que hacer mucha pedagogía. Lo primero es la vida. Hemos tenido casos de todo tipo y comprobamos que, en las zonas que ya sufrieron la dana hace dos años, existe una mayor conciencia. También ayuda que, cuando se activan las alertas, se suspendan las clases en colegios e institutos y se paralicen otras actividades. Sin embargo, sigue habiendo mucha incertidumbre y empresarios que no tienen claro que la vida y la seguridad deben prevalecer sobre la actividad económica.

¿Qué deberían hacer las administraciones para aclarar cómo actuar ante una alerta naranja o roja, cuando algunas empresas cierran y otras mantienen la actividad?

Unai Sordo. Hay que priorizar que, ante el más mínimo riesgo, se paralice la actividad. En cualquier fenómeno meteorológico existe cierto grado de incertidumbre sobre la gravedad que puede alcanzar, pero es mucho mejor que una alerta termine sin que se materialice el peor escenario a que, por actuar con demasiada laxitud, acabemos teniendo una tragedia. He vivido en Madrid algunas alertas que finalmente no se tradujeron en grandes riesgos porque la tormenta pasó a varios kilómetros. No ocurrió nada y la actividad que se dejó de hacer durante unas horas se puede recuperar. Es mejor prevenir que curar.

Ana García Alcolea. Otra herramienta es el confinamiento. En los últimos episodios de la Safor y la Marina se recurrió a esta medida, que permite detener la actividad por obligación. Si hay que parar un municipio, se para. No puede ocurrir que, como sucedió en alguna de las danas posteriores a la de 2024, se permita a determinadas empresas seguir trabajando y que sus empleados se desplacen, poniendo en riesgo su seguridad. Las administraciones también tienen que utilizar el confinamiento cuando sea necesario.

La huelga general del 11 de noviembre por la vivienda

¿Qué les decís a quienes critican que la huelga general del 11 de noviembre no esté justificada porque no responde a una medida concreta de ningún Gobierno?

Unai Sordo. Es una huelga distinta de las que hemos conocido en otros momentos históricos. No es una respuesta a una agresión legislativa del Gobierno, como había ocurrido tradicionalmente con las huelgas generales, sino que pretende responder a una indignación social que se ha manifestado tras el desahucio y el fallecimiento de María Carmen Abascal. Ese caso refleja un problema estructural de la sociedad española: millones de personas, sobre todo jóvenes, aunque no exclusivamente, tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda.

A veces, las respuestas sociales y las movilizaciones de este siglo XXI surgen de acontecimientos que actúan como detonantes emocionales. Nosotros hemos considerado que el problema de la vivienda merecía una respuesta contundente. Además, confluyen otros factores: una inflación elevada, el bloqueo de la negociación de los convenios colectivos y unas empresas que están acumulando beneficios mientras aumentan los precios de consumo. Todos estos elementos aconsejaban una movilización social contundente, con una vertiente laboral. Para que esa dimensión laboral acompañara a la protesta social, hemos optado por convocar un paro de 24 horas.

¿Qué tendría que conseguir la huelga para que pueda considerarse un éxito? ¿Puede obligar a las administraciones a implicarse de verdad en la solución del problema de la vivienda?

Unai Sordo. A corto plazo, el éxito dependerá de que seamos capaces de recuperar la negociación para subir los convenios colectivos entre un 4% y un 7%, mejorar el salario mínimo interprofesional y conseguir que se aprueben en la Diputación Permanente los decretos de vivienda que decayeron en el Congreso. Pero creo que el gran objetivo del 11 de noviembre debe ser cambiar el sentido común de las políticas de vivienda en España, que han sido erróneas durante los últimos 40 años.

Tenemos que recuperar la idea de que la vivienda es una infraestructura social y pública, que debe formar parte del Estado del bienestar del siglo XXI. Eso requiere movilizar una gran cantidad de recursos públicos para construir un parque de viviendas a precios protegidos. Conseguir que esta idea se convierta en una posición mayoritaria y transversal es el gran objetivo del 11N. Tenemos que cambiar la percepción colectiva sobre la vivienda.

Sin embargo, si las encuestas apuntan a una posible mayoría de PP y Vox, parece difícil que se impulsen políticas de construcción de vivienda pública o medidas para mejorar los salarios. ¿Qué margen hay para cambiar esa orientación?

Unai Sordo. Precisamente por eso digo que tenemos que ganar esa batalla del sentido común. Si dependiera de las fuerzas políticas a las que haces referencia, probablemente habrían reducido notablemente el sistema público de pensiones. Estoy convencido de que la derecha y la ultraderecha desean privatizar de forma intensa los sistemas de protección social. Sin embargo, una cosa son las intenciones de esas fuerzas políticas y otra que puedan llevarlas a cabo si se genera una corriente social muy mayoritaria en sentido contrario. Cuando se intentó reformar el sistema de pensiones en 2013, hubo una reacción social potentísima que permitió revertir aquella reforma.

La vivienda es el ejemplo más claro de lo que ocurre cuando se considera un bien únicamente como un activo de inversión, de ahorro o financiero. España ha renunciado durante los últimos 50 años a construir un parque público de vivienda a precios protegidos, y esa renuncia apenas ha tenido coste político. ¿Por qué? Porque el sentido común no estaba ahí. A la gente no le parecía mal que se construyeran viviendas de protección oficial que, cinco, diez o quince años después, perdían esa calificación y dejaban de formar parte del patrimonio público. Eso es lo que tenemos que cambiar para siempre. Si no lo hacemos, en los próximos años habrá cada vez más personas que no podrán acceder a una vivienda.

Ana, ¿qué responsabilidad tiene la Generalitat Valenciana en esta situación? ¿Qué debería ponerse sobre la mesa en la movilización del 11 de noviembre?

Ana García Alcolea. Es importante recordar que dos de las primeras medidas que tomó el Gobierno valenciano del PP y Vox fueron eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, que debía coordinar las emergencias, y reducir el periodo de protección de las viviendas protegidas. La calificación de vivienda protegida puede perderse ahora, según el supuesto, a los diez o quince años. Es decir, se utiliza dinero público para construir viviendas que después pueden pasar al mercado privado. Creo que el 11 de noviembre también hay que poner el foco en las administraciones que tienen las competencias en materia de vivienda y en lo que están haciendo con ellas. Además, se está permitiendo construir en zonas protegidas que pueden ser inundables. Existe el riesgo de que la clase trabajadora acabe viviendo en zonas expuestas a inundaciones. La Generalitat también ha permitido estas actuaciones mediante una normativa reciente. Por tanto, hay que exigir responsabilidades a la Administración valenciana por sus políticas de vivienda.

Empleo, salarios y situación económica

España es una de las economías que más crece de la Unión Europea y registra cifras récord de empleo. Sin embargo, CCOO insiste en que hay que mejorar los salarios y que tener trabajo no garantiza poder vivir dignamente. ¿Compartís el diagnóstico de quienes describen España como un país hundido y reclaman un cambio profundo?

Unai Sordo. Si hoy gobernara la derecha y la extrema derecha, en España se estaría hablando de milagro económico. De pocas cosas tengo menos dudas en esta vida que de esta afirmación. España registra cifras récord de empleo y, por primera vez, combina crecimiento económico, aumento de los salarios nominales y mejora de la productividad. Esto no había sucedido antes. Además, se está reduciendo el déficit público y la deuda pública, mientras se mantienen las pensiones revalorizadas conforme a la inflación. Si la derecha pudiera presentar este cuadro macroeconómico, estaría hablando de un milagro económico. Por tanto, hay un mensaje inducido que pretende modificar la mayoría política.

Ahora bien, esto no significa que no existan razones objetivas para el descontento. Todo ese cuadro macroeconómico es compatible con que entre nueve y diez millones de personas en nuestro país lleven años con los salarios estancados en términos de poder adquisitivo. Hemos sufrido tres episodios inflacionistas en menos de cinco años. Por mucho que aumenten los salarios y mejore el empleo, si se producen tres picos de inflación desde agosto de 2021, esa inflación acaba comiéndose buena parte de las mejoras salariales.

En los salarios medios y bajos existe un problema de expectativas y hay motivos objetivos para que mucha gente esté descontenta. Las dos realidades son perfectamente compatibles: la economía puede crecer y crear empleo mientras una parte importante de la población sigue teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Aun así, estoy convencido de que España va a experimentar un incremento notable de los salarios en los próximos años. Si conseguimos llegar al pleno empleo, las empresas tendrán que pagar mejores salarios para encontrar trabajadores. En mi opinión, España está en condiciones de alcanzar el pleno empleo en los próximos cinco años, en parte por la propia evolución demográfica del país.