El PP se prepara para las elecciones: eliminan criterios objetivos para repartir dinero a los medios y permite actos de propaganda

El Partido Popular se prepara para la batalla electoral de 2027 en la Comunitat Valenciana y para conseguir retener el Gobierno autonómico utilizará todas las herramientas a su alcance, incluido los actos de propaganda en los que se utiliza a la institución para sacar réditos políticos o el reparto del dinero a los medios de forma discrecional con el mismo fin.

Para lograrlo, ha presentado una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que supone una profunda reforma de la Ley de Publicitad Institucional. La que está vigente actualmente se aprobó en mayo de 2018 en la etapa del Gobierno del Botánico después de casi tres años de debate y tramitación. Finalmente, fue apoyada por todos los grupos, salvo el PP.

El texto actualmente en vigor prohíbe, por ejemplo, los actos públicos de entrega de llaves, la organización de cualquier acto de inauguración de obra acabada o servicio por parte de cargos financiados con dinero público, la instalación de placas conmemorativas y primeras piedras o la publicidad subliminal. Sobre la distribución de la publicidad institucional, especifica que se ajustará a criterios objetivos de audiencia e implantación territorial y prohíbe la contratación con medios de comunicación que contengan anuncios de comercio sexual o de fomento de la prostitución. En el caso de las obras, se podrán instalar vallas informativas pero una vez finalizada (o si se paraliza) serán inmediatamente retiradas. En periodo electoral no podrá llevarse a cabo publicidad institucional, desde que se hace pública la convocatoria hasta el día de las elecciones.

Con las enmiendas presentadas por los populares, algunas de estas cuestiones se modifican o directamente se eliminan. Por ejemplo, se elimina directamente el artículo que establece la prohibición de “actos públicos de entrega de llaves de bienes inmuebles o similares, por parte de personas con cargos electos o con altos cargos del gobierno. Estas entregas serán realizadas, en todo caso, por el personal funcionario competente y sin hacer de esa entrega una escenificación pública”.

También quedarían eliminadas las prohibiciones relacionadas con “la organización de cualquier acto de inauguración, o similares, de obra acabada o servicio por parte de personas con cargos electos o altos cargos, financiados con fondos públicos parcial o totalmente, directa o indirectamente., así como ”de cualquier obra o acto de instalación de placa conmemorativa o similar“ y de actos ”de puestas de primeras piedras, de inauguración o similares“.

Sobre la instalación de vallas informativas junto a obras o infraestructuras, la enmienda de los populares elimina por completo el artículo 10 que limita la temporalidad de estos elementos. Según esta normativa que quedaría derogada, “las obras licitadas con cargo a los presupuestos públicos contarán durante la realización de la obra con una única valla informativa donde se relatará sucintamente qué se está construyendo, el coste de la obra, la empresa adjudicataria, la fecha de inicio y fecha de finalización”. Una vez finalizada la obra o se esté prestando el servicio, “la valla será retirada de manera inmediata”.

Publicidad institucional sin criterios de audiencia

En cuanto al reparto de la publicidad institucional entre los medios de comunicación, mientras que la norma actual establece que los medios de difusión se elijan teniendo en cuenta como principal criterio su audiencia, y, en segundo lugar, su implantación territorial y social, la enmienda de los populares sí recoge que haya una “consideración especial por los medios de comunicación locales y comarcales”, pero evita cualquier referencia a las audiencias de los medios.

Así, establece que el reparto de la publicidad institucional se realizará “en los medios y soportes que se estimen los más adecuados en cada momento para poder llegar al público objetivo destinatario del mensaje e información de la campaña o comunicación”.

En cuanto al uso de la lengua, mientras el texto aprobado por el Botánico establece que “los textos de la publicidad institucional utilizarán preferentemente el valenciano (...), excepto en los ámbitos de predominio lingüístico castellano, en los que se hará preferentemente en castellano”, la enmienda introducida por el PP establece que “se usarán las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana”.

También añade una enmienda por la que se podrá contratar a terceros para establecer un seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos de las campañas contratadas por la administración.