Migrantes, sospechosos habituales
Durante décadas, los migrantes que fueron llegando a buscarse la vida a este lado del mundo estuvieron chungos de papeles. Llegaron de los siete mares y cuatro puntos cardinales para sacar de paseo a nuestros ancianos, llevar a los niños al colegio y fomentar el milagro de la fresa de Huelva o el mar de plástico de Almería, por ejemplo. Sustituyeron a nuestra recia marinería en los contratos a la parte de los pesqueros. Eran y son los del pilón y los del andamio, los bomboneros y los baristas, entre muchos otros etcéteras.
Un informe editado por Funcas –la Fundación de las Cajas de Ahorro españolas, nada sospechosa de pertenecer a la red Acoge- evaluaba en febrero de este año que la inmigración está siendo un factor clave en el actual ciclo expansivo de la economía española, hasta el punto de que la incorporación de fuerza laboral extranjera explicaría el 47% (4,2 puntos) del crecimiento acumulado del PIB desde 2022. Esa era una de las ideas esenciales del estudio La inmigración en España: retos, impacto y políticas, coordinado por Raquel Carrasco y Raymond Torres. Similares parámetros aparecen recogidos en estudios del Defensor del Pueblo o de la OCDE, que debe ser también una organización llena de zurdos.
Las personas extranjeras que han accedido al Ingreso Mínimo Vital representan el 17,52% de los beneficiarios a nivel nacional, mientras que aproximadamente el 82,5% son ciudadanos españoles
Ahora, tras una campaña de regularización tan tardía como necesaria van a poder tener derecho a existir: es decir, un papelito en el que se les diga oficialmente que residen en España cuando llevan años haciéndolo. Aviso a navegantes: no se le concede la nacionalidad ni el derecho al voto. Y las célebres paguitas que denuncia el Ku Klux Klan tampoco son tantas: desde que se instauró en nuestro país el escuálido Ingreso Mínimo Vital, las personas extranjeras que han accedido al mismo representan el 17,52% de los beneficiarios a nivel nacional, mientras que aproximadamente el 82,5% son ciudadanos españoles.
La campaña de regularización que hoy concluye arroja más de un millón de solicitudes, pero no todas serán aprobadas. Entre otros motivos, porque numerosos ayuntamientos se han dado un tiro en el pie impidiendo acceder a su empadronamiento, por motivos a veces razonables pero, en su mayor parte, muy peregrinos. ¿Prefieren que vivan en su municipio gente fuera de la ley que con los papeles en regla y hasta cierto punto controlada? Parece ser que sí.
La caverna, tan en boga en el imaginario público, culpa a los migrantes de recibir servicios públicos sin pagar impuestos. Ahora podrán hacerlo aquellos a los que se les conceda el reconocimiento de que residen entre nosotros sin que constituyan una suerte de zombies sociales o de extraterrestres, como se les presenta en Estados Unidos. Estaremos a media hora de que también lo haga esa Europa que ha sacado adelante sucesivas directivas para ponerle vallas al campo, como si eso fuera posible.
Suele hablarse, desde hace cuarenta años, de que hay que fomentar la inmigración ordenada. ¿Qué se ha hecho en esta materia? ¿Alguien pagaría por venir a España haciéndose pasar por turista pero pagando una fortuna a grupos criminales que le camuflen de esta forma para someterle a intereses usureros? ¿Por qué pagan un arriesgado viaje en cayuco o en patera si podrían abonar sencillamente las tasas de un visado? Porque nuestros consulados y embajadas suelen ser un embudo, a pesar de que Exteriores sostenga que otorga 1,5 millones de visados al año, aunque en su mayoría por breves periodos de tiempo.
El Gobierno insiste en que esta campaña de regularización excluye a todos los solicitantes que tengan antecedentes penales. Suficientes leyes nos hemos otorgado para proceder, en determinados casos, a su expulsión. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los extranjeros representan en torno al 27,8% de las personas condenadas por delitos en España, a pesar de constituir aproximadamente el 14,1% de la población empadronada. En términos absolutos, cerca de tres cuartas partes de los delitos son cometidos por españoles. Y hay que tener en cuenta que, entre los extranjeros, también figuran nuestros comunitarios: ¿han oído hablar de la camorra italiana en sus diferentes variantes, de los narcos británicos, holandeses o franceses? Por no hablar de ciertos próceres rusos que se tuestan al sol hispano, en una aparentemente apacible vida pagada con las divisas de sus fechorías en sus lugares de origen o en su tierra de acogida. No le restemos calidad delictiva a nuestros compatriotas: España siempre ha sido una potencia en esa misma materia. Claro que todo ello no excluye admitir la virulencia de determinadas organizaciones del Este europeo, de América Latina o la mocromaffia de origen marroquí. O las pandillas que alborotan un barrio o se reparten el lado oscuro de una gran ciudad.
Rafael Hernando, del Partido Popular, insistió en que habría que haber exigido también antecedentes policiales: ya saben, si no hay condena, cualquiera puede estar fichado por ser mantero –a veces, también mueren--, o porque un agente piense que se le ha puesto borde cuando le ha pedido la documentación que no tiene
Sin embargo, Rafael Hernando, del Partido Popular, insistió en que para esta campaña, alentada por una masiva adhesión encabezada por la Iglesia Católica, habría que haber exigido también antecedentes policiales: ya saben, si no hay condena, cualquiera puede estar fichado por ser mantero –a veces, también mueren--, o porque un agente piense que se le ha puesto borde cuando le ha pedido la documentación que no tiene.
En cualquier caso, ya nos da una pista de lo que hará el PP cuando gobierne, con o sin Vox. Los migrantes, por el simple hecho de serlo, se convertirán en sospechosos habituales. Ya lo son en gran medida. Son sospechosos de realizar trabajos que no quieren afrontar nuestros patriotas. Sospechosos de agachar la cabeza en muchos casos para poder ahorrar unos euros que enviar a sus familiares. Sospechosos de remendar nuestra pirámide demográfica, visiblemente a la baja. Sospechosos de querer buscarse la vida propia o la de los suyos, aunque entre ellos, como entre nosotros, también haya quienes quieran buscar la muerte ajena. Ahora, un millón de ellos seguirán siendo sospechosos, pero al menos tendrán una tarjeta que enseñar cuando los amables policías se la pidan a discreción: por sus pintas, por el color de la piel, por el acento o porque les de su santa gana, que para eso ellos sí que son españoles y mucho españoles.