El pacto europeo que endurece la política migratoria entra en vigor sin que los Estados tengan listo el sistema para aplicarlo
Tras años de negociaciones, presión política y el avance de la extrema derecha, el pacto europeo que endurece la política migratoria comunitaria entra en vigor este viernes, pero los Estados miembros aún no han hecho todos los deberes. Finalizado el plazo concedido por Bruselas a los Gobiernos europeos para trasladar a su legislación el acuerdo y crear la infraestructura necesaria, varios Ejecutivos comunitarios, entre ellos España, aún no han sacado adelante los cambios normativos necesarios para su aplicación ni han anunciado cómo llevarán a la práctica las nuevas medidas.
El nuevo pacto introduce un endurecimiento de la política migratoria europea con más controles desde la llegada a frontera y una aceleración de los procedimientos de asilo y retorno. El acuerdo europeo da margen para fomentar más la detención, denegar las solicitudes de asilo rápidamente, retornar o expulsar a las personas migrantes más rápido. El sistema busca agilizar las decisiones sobre quién puede quedarse en la UE y quién debe ser retornado. Mientras el Ministerio del Interior asegura que empezará a aplicar el pacto este viernes, no ha desarrollado todavía el sistema ni la normativa exigida con ese fin y no da detalles de cómo se va a traducir la entrada en vigor del acuerdo en la actual política migratoria española. Por esta razón, varias ONG han exigido al Gobierno “mayor transparencia” en el proceso de implementación.
“A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil organizada y de las poblaciones afectadas, los espacios de interlocución pública no se han materializado en una información precisa sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo para adaptar el Pacto al contexto nacional”, ha criticado el Grupo de trabajo de las entidades sociales sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que incluyen ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Amnistía Internacional, Red Acoge o Cáritas.
Según el último el balance de la Comisión Europea sobre la implementación del acuerdo migratorio, España ha logrado “avances significativos” en varias áreas, aunque también cuenta con varias tareas pendientes, como los retrasos en la resolución de las solicitudes de asilo o aumentar su infraestructura en los procedimientos fronterizos, además de la aprobación de la normativa pendiente, entre la que se incluye las reformas de la Ley de asilo y la que regula el sistema de acogida.
Uno de los cambios centrales que Interior asegura que empezará a aplicar este viernes es el nuevo sistema de triaje tras las llegadas irregulares en frontera. Según Interior, este procedimiento incluye controles de identidad, biométricos, sanitarios y de vulnerabilidad antes de decidir si la persona entra en el territorio o es derivada a otro procedimiento. El acuerdo europeo establece que, durante este proceso, las personas permanecen bajo “control administrativo”, sin autorización de entrada, mientras se determina si su caso se tramita como asilo o como retorno. Es decir, las personas se quedan en una especie de limbo, por la que podrían ser devueltas de manera más sencilla, pues el pacto europeo establece que aún no habrían entrado en España -aunque según la actual normativa española sí lo habrían hecho-, y las autoridades estudiarían cada caso, en función si sin solicitantes de asilo o no. Mientras se estudia cada caso, deben encontrarse localizables para proceder a su rápida expulsión si fuese necesario.
Hasta el momento, cuando una persona llega a España irregularmente es detenida durante un máximo de 72 horas para ser identificada y, posteriormente, queda en libertad. Generalmente, pueden ser acogidos en la red estatal de atención humanitaria durante un tiempo específico, pero pueden abandonar su plaza e irse por su cuenta con libertad. “No se ha planteado el internamiento”, aseguran fuentes del Ministerio. El Gobierno español defiende que por el momento descarta utilizar la privación de libertad durante ese tiempo posterior a la llegada irregular -tampoco su normativa se lo permite actualmente-, pero dice que se asegurará que estas personas se encuentren “localizables” tras el periodo máximo legal de detención de 72 horas. Este medio ha preguntado a Interior sobre el sistema que utilizarán para ello, pero no ha obtenido respuesta.
Las grietas del nuevo sistema
La Comisión Europea ha afirmado en sus informes que los Estados miembros deben establecer sistemas que eviten las “fugas” de los migrantes durante los controles iniciales. “Los programas pilotos de evaluación han puesto de manifiesto las dificultades para prevenir la fuga, lo que puede generar una situación en la que no es posible derivar al migrante al siguiente paso”, sostiene la institución comunitaria. “Debe ser una prioridad para los Estados miembros establecer medidas efectivas para prevenir las fugas”, indica. Según el documento, los países deben aprovechar el momento inicial en que la persona es interceptada por las fuerzas de seguridad para realizar los controles (identidad, seguridad y registro en Eurodac) y aplicar, de forma proporcional y respetando los derechos fundamentales, “las restricciones de movimiento o alternativas de detención” que permiten las nuevas leyes del Pacto.
Las personas que hayan pedido asilo también se encontrarán en libertad mientras se estudia su petición, según Interior. “A partir de ahora, las solicitudes podrán resolverse en frontera mediante procedimientos acelerados en determinados supuestos, como los casos de personas procedentes de países con tasas de reconocimiento iguales o inferiores al 20% en la UE. Si se deniega la protección, la decisión de retorno se activa dentro del mismo procedimiento, con el objetivo de agilizar las expulsiones”.
Para ello, al menos por el momento, el Gobierno pretende utilizar su red estatal de acogida habitual. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones describe un escenario de continuidad con el actual dispositivo. Según este departamento, España mantendrá “su actual red de acogida para migrantes con un número similar de centros, ubicaciones, entidades colaboradoras y prestaciones” tras la entrada en vigor del pacto. Para ello, la cartera dirigida por Elma Saiz ha puesto a disposición centros ya existentes para la aplicación del procedimiento fronterizo de protección internacional, con alrededor de 10.000 plazas.
El 12 de junio marca una fecha clave en este camino común, pero no es el punto final“, ha afirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fuentes de su departamento explican que el Ejecutivo empezará a aplicar ”parte“ del acuerdo este viernes, pero sigue trabajando en ”ajustes y mejoras“ del sistema.
En España, el Ministerio del Interior defiende que la aplicación del pacto se hará “con un enfoque garantista y respetuoso” con los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, aunque aún no detalle la manera en que lo hará. El ministro Grande-Marlaska ha reiterado su rechazo a la creación de centros de internamiento de migrantes en terceros países previstos en el próximo reglamento de retorno, al considerar que plantean “serias dudas” sobre su “legalidad y proporcionalidad”. También asegura que se mantendrán las prestaciones y el modelo de gestión a través de entidades autorizadas “como se ha venido haciendo hasta este momento”.
Además de los nuevos sistemas de identificación y la búsqueda de un sistema de retorno más rápido, el pacto europeo también pretende reforzar la conexión entre sistemas de información nacionales y europeos, con la ampliación del sistema Eurodac para registrar también a personas que entren de forma irregular en la UE. También se activa un mecanismo de solidaridad obligatoria entre Estados miembros, que prevé reubicaciones o contribuciones económicas cuando se considera que un país tiene baja presión migratoria.
Las organizaciones sociales agrupadas en el seguimiento del pacto advierten de que su entrada en vigor supone el inicio de “una nueva política migratoria común que amenaza los derechos de la población migrante y refugiada”. Denuncian la “falta de transparencia” sobre su aplicación en los distintos Estados. Según alertan, medidas como la ampliación de la detención o la externalización del control migratorio “debilitan gravemente derechos y garantías consolidados”. Para garantizar el respeto a los derechos humanos, reclaman al Gobierno español transparencia sobre los protocolos de aplicación, así como la participación de la sociedad civil en el seguimiento del sistema y el refuerzo del papel del Defensor del Pueblo “como mecanismo independiente de supervisión” con capacidad de investigación ante posibles vulneraciones.