El próximo 17 de mayo, ¿votaremos por nuestro bolsillo o por nuestros derechos?
En vísperas de unas nuevas elecciones andaluzas, hay una cuestión que quizá debería ocupar un lugar mucho más central en el debate público: cómo construir un sistema fiscal justo para el siglo XXI. Porque hablar de impuestos no es únicamente hablar de recaudación, es también hablar del modelo de sociedad que queremos sostener, sabiendo que sin justicia fiscal no puede haber verdadera justicia social.
Sin embargo, aún seguimos escuchando mensajes simplistas, como el que sostienen las posiciones más conservadoras: “El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”, buscando exclusivamente justificar una bajada de impuestos, de lo que sea y cómo sea. La frase funciona porque apela a algo emocional e inmediato. Nadie quiere pagar más impuestos. Pero la afirmación es profundamente engañosa.
El dinero no desaparece cuando se pagan impuestos, se transforma en hospitales, escuelas, carreteras, universidades, dependencia, investigación científica, pensiones, bomberos o transporte público. La verdadera pregunta no es si el dinero está mejor en un bolsillo privado o público, sino qué cosas esenciales solo existen cuando las financiamos colectivamente.
Y precisamente ahora, cuando afrontamos desafíos enormes –el cambio climático, la crisis de vivienda, la desigualdad creciente o la irrupción de la inteligencia artificial–, resulta urgente abrir un debate serio sobre nuestros sistemas fiscales. Porque seguimos sosteniendo gran parte del Estado social sobre las rentas del trabajo, mientras muchas grandes fortunas, herencias, rentas del capital y ganancias especulativas, disfrutan de una tributación más reducida y, por falta de control, de mecanismos de elusión fiscal a través de sociedades patrimoniales y grandes dosis de ingeniería fiscal.
Ninguna empresa genera riqueza sola: toda actividad económica depende de infraestructuras públicas, educación, sanidad, estabilidad institucional, seguridad jurídica e investigación financiada colectivamente
En enero de 2024, más de 200 millonarios y multimillonarios de distintos países, ninguno de España, instaban a los líderes políticos, reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, a que los “ultrarricos” pagaran más impuestos. Advertían que la desigualdad había alcanzado un “punto de inflexión” que amenazaba la estabilidad económica, social y ecológica. Resulta significativo que incluso parte de las élites económicas comprendieron algo que muchos discursos políticos siguen negando: no puede haber sociedades estables con desigualdades ilimitadas.
También conviene desmontar otra idea profundamente arraigada: la de que la riqueza la crea exclusivamente el empresario individual y que el Estado es poco más que un obstáculo. Economistas como Mariana Mazzucato han explicado hasta qué punto esta visión es falsa. Ninguna empresa genera riqueza sola. Toda actividad económica depende de infraestructuras públicas, educación, sanidad, estabilidad institucional, seguridad jurídica e investigación financiada colectivamente.
Muchas de las tecnologías que hoy utilizan las grandes empresas surgieron de décadas de inversión pública. Ningún negocio podría prosperar sin carreteras, universidades, tribunales, trabajadores formados o sistemas de salud sostenidos con impuestos. Incluso la investigación básica que hace posibles muchos avances tecnológicos, rara vez es rentable a corto plazo y por eso suele asumirla el Estado. De ahí que resulte tan paradójico demonizar los impuestos, mientras se disfruta constantemente de los bienes públicos que estos financian.
El problema actual ya no es solo la desigualdad de renta, sino sobre todo la desigualdad de riqueza
Todo esto obliga además a replantear la fiscalidad en una sociedad profundamente transformada por la tecnología. La inteligencia artificial amenaza con destruir o precarizar millones de empleos. Si seguimos financiando el bienestar colectivo casi exclusivamente mediante cotizaciones sobre salarios, nos dirigimos hacia una contradicción evidente: menos empleo estable y menos ingresos públicos, mientras aumenta la riqueza generada por automatización, plataformas digitales y grandes corporaciones tecnológicas.
La cuestión de fondo es relativamente sencilla: si la productividad crece gracias a la inteligencia artificial, ¿quién se beneficiará realmente de esa riqueza?
Por eso, cada vez más se hace necesario, trasladar parte de la carga fiscal desde el trabajo hacia la riqueza acumulada, las grandes herencias, las rentas del capital, las actividades especulativas, penalizar la especulación inmobiliaria y la vivienda vacía, la turistificación, incentivar empresas de economía social y favorecer actividades compatibles con el sostenimiento de la vida y del medio ambiente.
El problema actual ya no es solo la desigualdad de renta, sino sobre todo la desigualdad de riqueza. El informe Takers Not Makers de Oxfam Intermón señalaba que el 60% de la riqueza de los multimillonarios proviene de herencias, monopolios o conexiones políticas. El economista Thomas Piketty lleva años advirtiendo del regreso de un “capitalismo patrimonial”, en el que la riqueza heredada pesa mucho más que el mérito o el trabajo, quebrando así el principio de igualdad de oportunidades que justifica la intervención pública y desmontando también todos los discursos relativos a la meritocracia.
Apenas se habla de gravar la especulación, de fiscalidad verde redistributiva, de impuestos sobre grandes plataformas tecnológicas o de incentivar fiscalmente actividades que generen impacto social positivo
Merece también especial atención la propuesta de la Economía del Bien Común, que plantea utilizar la fiscalidad para incentivar conductas éticas: premiar empresas que reduzcan emisiones, mejoren condiciones laborales o generen valor social.
Sin embargo, si uno observa las propuestas fiscales de los principales partidos andaluces, el debate sigue moviéndose casi exclusivamente entre rebajas fiscales generales, bonificaciones patrimoniales o promesas de eficiencia administrativa, es decir, gestionar mejor lo existente, evitando afrontar cuestiones más profundas.
Mientras las derechas insisten sobre todo en bajar impuestos como fórmula automática de crecimiento económico, las izquierdas suelen limitarse a defender mayores niveles de gasto social sin desarrollar todavía una reforma fiscal verdaderamente adaptada a desafíos como la automatización, la desigualdad patrimonial o la crisis ecológica. Apenas se habla de gravar la especulación, de fiscalidad verde redistributiva, de impuestos sobre grandes plataformas tecnológicas o de incentivar fiscalmente actividades que generen impacto social positivo.
El contraste con algunas innovaciones europeas resulta evidente. No hablamos de utopías. En Europa ya existen experiencias que apuntan hacia una fiscalidad más moderna y alineada con los retos actuales. Los países nórdicos como Suecia, Dinamarca y Noruega combinan impuestos progresivos sobre el patrimonio con fuertes sistemas de bienestar y una fiscalidad ambiental avanzada, especialmente a través de impuestos al carbono y políticas de transición ecológica financiadas públicamente.
Podría beneficiarme de una bajada de impuestos, pero prefiero un sistema que garantice sanidad, educación y protección social para todos
Lo que sí resulta difícilmente justificable es que en pleno territorio europeo sigan existiendo auténticos paraísos fiscales de facto como Irlanda, Luxemburgo o Suiza, mientras dentro de España algunas comunidades autónomas compiten rebajando impuestos a grandes patrimonios y generando desigualdades arbitrarias.
No hace mucho, en una entrevista, la periodista Julia Otero se expresaba en los siguientes términos: “Aunque a mí personalmente me iría mejor pagar menos impuestos, voto en contra de mis intereses porque creo en los servicios públicos y en una sociedad más justa. Podría beneficiarme de una bajada de impuestos, pero prefiero un sistema que garantice sanidad, educación y protección social para todos”.
Sus declaraciones son admirables porque entiende que votar no consiste únicamente en calcular ventajas individuales, sino en pensar qué sociedad permite vivir con dignidad al conjunto de la ciudadanía.
Lo que resulta más difícil de comprender es por qué tantas personas, especialmente trabajadoras, terminan votando también en contra de sus propios intereses, apoyando a partidos que acaban aplicando políticas que no les benefician ni económica ni socialmente.