Querida jueza, detrás de esa puerta hay una familia

Puertas, puertas, puertas. ¿Sabes? Las puertas son muy diversas: altas, bajas, de madera, de hierro, verdes, marrones o grises, redondas o rectas, con mirilla o con ventana. Y aún así, las puertas no son sólo puertas.

Sin embargo, eso que estás viendo no es una puerta. Parece una puerta, cerrada. Parece la puerta de una vivienda. Puede aún que haya alguien dentro. Pero no es una puerta: es una orden y hay que acatarla.

Es lo que me imagino que debe pasar por la cabeza de los funcionarios que deciden cumplir con su trabajo, mientras derriban las puertas de cada lanzamiento. Aunque existe funcionariado público, como el cuerpo de bomberos, que objete como norma participar en tamaña sangría.

Las puertas no son simplemente puertas. Son entradas y salidas, y en demasiadas ocasiones, lo que entra es la notificación de desahucio. Porque un desahucio nunca es un mero trámite judicial o un conflicto entre particulares, y más sin alternativa habitacional. Esto constituye una forma deliberada de violencia, especialmente cuando los recursos públicos a los que acudir, para siquiera evaluar la petición, son irrisorios. Cuando la comitiva judicial y las fuerzas de seguridad se presentan en la puerta de una vivienda para expulsar a una familia a la calle, el mensaje es nítido: el capital inmobiliario vale más que la vida.

Pero, ¿nadie va a pensar en la infancia? Tanto en el caso de Vitoria ejecutado el pasado viernes 23 de octubre como el lanzamiento que estaba previsto para el martes 3 de noviembre en Málaga (denunciado por el Sindicato de Inquilinas de Málaga y Un Techo por Derecho) nos encontramos ante familias con seis menores a cargo cada una. Y me asaltan tantas preguntas como alarmas.

En el caso de Málaga, descubrimos que las personas amenazadas con el desahucio están bajo protección internacional, lo que refleja el colapso que tiene el sistema de protección internacional debido al racismo inmobiliario. Ya te conté que las personas solicitantes de asilo y refugio pasan meses (entre doce y dieciocho de media) sin poder alquilar una vivienda, dejando en una situación de aún mayor vulnerabilidad a las familias monomarentales migrantes.

Estamos hablando de menores que se han quedado en la calle sin alternativa habitacional, encontrándose en una situación de extrema vulnerabilidad. Hay quien podría pecar de ingenuidad y pensar que los Servicios Sociales deberían someter a dichas menores al sistema de Protección de Menores, pero ¿no deberían primero haber garantizado una alternativa habitacional digna para esos menores junto a sus padres y madres?

Assiatu Diallo y Hannah Soraya, del Sindicato de Inquilinas, plantean que las personas migrantes y racializadas continúan siendo las principales víctimas de la extracción de rentas ilegítimas. Nuestras comunidades son sometidas a la criminalización de la pobreza: las redadas, los CIE, la persecución policial y las trabas burocráticas para acceder a derechos básicos como la sanidad, el empadronamiento o el trabajo. Las conocidas consecuencias de este sistema son devastadoras: hacinamiento, infravivienda, barrios segregados, exclusión residencial, estafas, y acoso.

Al mirar las redes sociales se percibe demasiado una macabra alegría en el hecho de que estas familias fueran expulsadas de sus hogares para que una buena familia española que comiera jamón se quedara con la vivienda. Pero la farsa nacionalista cae rápido, pues hemos visto que se festejan igualmente cuando personas blancas, españolas (y que presumiblemente comieran jamón y morcilla), son desahuciadas con menores a cargo, teniendo cáncer, siendo octogenarias o profesorado universitario.

Pero, por otro lado, ¿qué pasa con estas menores? Estamos hablando de menores que se han quedado en la calle sin alternativa habitacional, encontrándose en una situación de extrema vulnerabilidad. Hay quien podría pecar de ingenuidad y pensar que los Servicios Sociales deberían someter a dichas menores al sistema de Protección de Menores, pero ¿no deberían primero haber garantizado una alternativa habitacional digna para esos menores junto a sus padres y madres?

¿Es la prioridad para las administraciones e instituciones públicas permitir que estas menores lleguen a dichas situaciones hasta que el desamparo sea evidente, para que sean acogidas por familias más pudientes y cándidas? Aunque esta hipótesis falla cuando te percatas de que todo el sistema público y privado del Tercer Sector está colapsado. Puede parecer que la administración está invirtiendo más en reparar la violencia que en evitarla. Es el momento de que los Servicios Sociales dejen de sostener tan impecable maquinaria de desposesión.

Así que dime, ¿cómo le enseñas a esas niñas que la puerta que da a la calle no va a volver a ser tumbada por la policía para echarlas de su casa?