Titularidad compartida: una igualdad que aún no ha llegado al campo

Durante décadas, el trabajo de miles de mujeres en el medio rural ha permanecido oculto tras una realidad tan cotidiana como injusta: trabajar de sol a sol en una explotación agraria sin aparecer como titular de ella. Han participado en la gestión, el cuidado de los cultivos, la atención al ganado, la administración e incluso en la toma de decisiones, pero su labor rara vez se ha traducido en reconocimiento legal, independencia económica o derechos propios. La creación de la figura de la titularidad compartida pretendía corregir esta situación. Sin embargo, más de diez años después de su implantación, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿ha conseguido realmente transformar la realidad de las mujeres rurales?

La Ley 35/2011 de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias fue recibida como un importante avance en materia de igualdad. Su objetivo era sencillo y, al mismo tiempo, profundamente necesario: reconocer que, cuando ambos miembros de la pareja trabajan en una explotación familiar, ambos deben compartir la titularidad, los beneficios, las ayudas públicas, las responsabilidades y los derechos derivados de esa actividad. Era una forma de hacer visible un trabajo que durante generaciones había sido ignorado por las estadísticas y, en muchas ocasiones, también por las propias instituciones.

Sobre el papel, la ley parecía una solución acertada. Sin embargo, la experiencia demuestra que aprobar una norma no garantiza su éxito. El número de explotaciones acogidas a este régimen continúa siendo muy reducido si se compara con el total de explotaciones familiares existentes en España. Esta escasa implantación no puede interpretarse como un fracaso de la idea, sino como el reflejo de problemas mucho más profundos que afectan al medio rural.

Las cifras muestran que la implantación de la titularidad compartida sigue siendo reducida. Según el Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida (Reticom), gestionado por el Ministerio de Agricultura, hay 1.654 explotaciones inscritas en toda España. Un análisis reciente señala que solo el 3,6 % de las mujeres que trabajan junto a sus parejas en explotaciones agrarias figuran como cotitulares. Aunque la cifra ha aumentado de forma progresiva en los últimos años, continúa siendo modesta si se compara con el volumen total de explotaciones agrarias existentes en el país.

Si el objetivo es fomentar la igualdad en el medio rural, las administraciones deberían reforzar las ayudas específicas para quienes opten por la titularidad compartida

En mi opinión, el principal obstáculo no es jurídico, sino cultural. Durante generaciones se ha considerado normal que el hombre aparezca como titular de la explotación mientras la mujer desempeña un papel secundario, aunque en la práctica ambos trabajen las mismas horas e incluso ella asuma gran parte de la gestión administrativa. Muchas mujeres continúan definiéndose como “ayuda familiar” cuando, en realidad, son auténticas agricultoras o ganaderas. Esa invisibilidad no solo afecta a su reconocimiento social, sino también a cuestiones tan importantes como el acceso a prestaciones, pensiones, ayudas o indemnizaciones.

A esta realidad se suma la complejidad administrativa. Aunque las administraciones han simplificado algunos procedimientos, todavía existen agricultores que desconocen la existencia de esta figura jurídica o consideran que los beneficios no compensan el esfuerzo burocrático. En muchas ocasiones falta asesoramiento especializado, campañas informativas eficaces y un acompañamiento cercano que facilite el proceso de inscripción. No basta con crear un derecho; también es necesario garantizar que las personas puedan ejercerlo de forma sencilla.

Otro aspecto que merece reflexión es el insuficiente incentivo económico. Si el objetivo es fomentar la igualdad en el medio rural, las administraciones deberían reforzar las ayudas específicas para quienes opten por la titularidad compartida. No se trata únicamente de conceder subvenciones, sino de premiar un modelo de gestión que favorece la corresponsabilidad, la transparencia y la igualdad efectiva dentro de las explotaciones familiares. Cuando las políticas públicas no ofrecen ventajas claras, resulta difícil que los cambios legales se traduzcan en cambios sociales.

La titularidad compartida adquiere aún más importancia en el contexto actual. El campo español atraviesa una etapa de profundas transformaciones: envejecimiento de la población agraria, falta de relevo generacional, despoblación de numerosas comarcas y crecientes exigencias medioambientales y tecnológicas. En este escenario, desaprovechar el talento y la capacidad de las mujeres rurales constituye un error estratégico. No puede hablarse de modernización del sector agrario mientras una parte esencial de quienes sostienen las explotaciones continúa sin el reconocimiento que merece.

Reconocer plenamente el trabajo de las mujeres significa aprovechar mejor el capital humano disponible y favorecer un desarrollo rural más sostenible

Además, la igualdad en el medio rural no debe entenderse únicamente como una cuestión de justicia social. También representa una oportunidad para fortalecer la economía agraria. Numerosos estudios muestran que las explotaciones donde existe una participación equilibrada en la gestión suelen ser más resilientes, innovadoras y capaces de adaptarse a los cambios del mercado. Reconocer plenamente el trabajo de las mujeres significa aprovechar mejor el capital humano disponible y favorecer un desarrollo rural más sostenible.

Tampoco puede olvidarse el impacto que esta figura tiene sobre las nuevas generaciones. Las jóvenes que desean incorporarse al sector necesitan referentes y modelos que demuestren que la agricultura y la ganadería no son actividades reservadas a los hombres. La visibilidad de mujeres titulares de explotaciones contribuye a romper estereotipos y a fomentar una participación más igualitaria en el futuro del campo.

Sin embargo, sería injusto responsabilizar únicamente a las administraciones. El cambio también depende de la sociedad, de las organizaciones agrarias, de las cooperativas y de las propias familias rurales. La igualdad no se alcanza solo mediante leyes; requiere modificar costumbres, superar prejuicios y reconocer que el trabajo tiene el mismo valor independientemente de quién lo realice. Mientras continúe considerándose normal que una mujer trabaje sin figurar oficialmente como titular de la explotación, la igualdad seguirá siendo incompleta.

En definitiva, la titularidad compartida constituye una de las herramientas más valiosas para avanzar hacia un medio rural más justo, moderno e igualitario. Sin embargo, su escasa implantación demuestra que aún queda un largo camino por recorrer. Las leyes pueden abrir puertas, pero son las personas y las instituciones quienes deben atravesarlas. Si realmente queremos un campo con futuro, competitivo y socialmente sostenible, resulta imprescindible dejar de invisibilizar a quienes llevan décadas sosteniéndolo en silencio. La igualdad no puede quedarse en un texto legal; debe convertirse en una realidad cotidiana en cada explotación agraria de nuestro país.