Posiblemente, muchas de las personas que hayan entrado en cualquiera de los colegios e institutos de nuestras localidades habrán podido advertir a la entrada del centro un pequeño azulejo donde se lee “Escuela, espacio de paz”. Y es que la mayoría de nuestros centros pertenecen a esta red que potencia la Junta de Andalucía -al menos hasta ahora- y entre cuyos objetivos puede leerse “la promoción de los valores propios de una sociedad democrática: el respeto mutuo, la igualdad, el diálogo, la solidaridad...”.
En esa línea, el área de educación de APDHA lleva desarrollando desde hace muchos años una serie de talleres entendidos como actividad complementaria al currículum docente, y que tratan de promocionar entre el alumnado el conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Pensamos que es muy importante que el alumnado, cuando finaliza su escolarización, además de su formación académica, tenga conocimiento de la realidad social en la que vive, se forme en valores de ciudadanía democrática y se implique en la mejora de esa realidad. Para contribuir a tal fin son numerosas las entidades sociales que, previo acuerdo del Consejo Escolar, venimos desarrollando actividades que tratan de llevar a las aulas mensajes de tolerancia, de igualdad, de convivencia, de respeto.
Sin embargo, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y el portavoz del grupo parlamentario Vox firmaron este pasado 10 de febrero un acuerdo para impulsar los cambios normativos necesarios para la implantación del llamado “pin parental”, requisito que fue planteado por Vox para apoyar el Gobierno de la Junta y que ha desembocado en la decisión efectiva de la formación ultraderechista de retirar este apoyo hasta que el veto parental no esté establecido en los colegios.
Ante lo cual, desde la APDHA queremos dejar claro nuestro posicionamiento. Consideramos que los derechos y libertades civiles conseguidos en España desde la transición democrática se ven seriamente amenazados por estos sectores fundamentalistas, cuando han sido muchos los esfuerzos realizados para conseguir las libertades individuales y colectivas que nos enorgullecen como pueblo.
Debemos exigir de los gobiernos firmeza en defensa de la Constitución y de las distintas leyes educativas promulgadas por los gobiernos democráticos. Nadie en su sano juicio puede impedir a sus hijos e hijas que se formen en el diálogo, en el respeto a la diversidad, en la tolerancia. Sería ilegal, simplemente.
No entendemos el miedo a que los niños y las niñas oigan distintas opiniones para formarse la suya propia. No se nos puede olvidar que deben razonar, comparar, preguntar y cuestionar lo que oyen. Esa es la esencia de la educación, de la democracia. El pin parental, o quizás mejor, el veto parental pretende negarles esa posibilidad.
El derecho de los padres y madres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales no pueden estar por encima del derecho de niños y niñas a recibir educación, derecho recogido en el artículo 27 de la Constitución y en los artículos 1, 78, 84.3 y 124.2 de la Ley de Educación, y en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.
Rechazamos el individualismo extremo, ese precisamente que esgrimen los padres y madres que consideran que sus hijos e hijas son parte de sí mismos y de su propia identidad como personas, negándoles el derecho a desarrollarse como seres independientes.
Por otro lado, no entendemos la desconfianza en el trabajo del profesorado. Son profesionales formados para educar a nuestros hijos e hijas. Y si ellos han entendido que nuestras actividades son un buen complemento para su trabajo, respetémoslo. Todo lo que oímos de estos sectores ultraconservadores es que quieren convertir al profesorado en meros transmisores de contenidos académicos, olvidando que son, ante todo, educadores y educadoras.
Rechazamos también la nostalgia de la escuela del nacionalcatolicismo que hay detrás del pin parental. Los niños y las niñas tienen que ser educados en valores ciudadanos, tienen derecho constitucional a saber que más allá de los muros de la escuela hay una realidad plural. Que esa realidad no es perfecta, y que son ellos y ellas la fuerza de cambio que nuestra sociedad necesita para ser mejor.
Los niños y las niñas tienen derecho a saber que existen distintos tipos de familia, derecho a saber que la homosexualidad no es una enfermedad, derecho a saber que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. ¿De qué tienen miedo?
A su vez, denunciamos firmemente la campaña de bulos, de noticias que se demuestran falsas cada día, y que lo que pretenden es transmitir un discurso de odio. Odio hacia quienes son diferentes, hacia las personas extranjeras, hacia otras razas y religiones. Discurso del odio que rompe la convivencia y que termina muchas veces en delito. Bulos que estamos intentando contestar desde la APDHA con más energía que nunca.
Sin embargo, hoy por hoy, la escuela andaluza es un espacio de paz, un espacio donde se enseña la convivencia, la igualdad, la tolerancia. No permitamos que el fundamentalismo ultraconservador lo rompa.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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